Por Daniel Rivera Vargas

La designación y la confirmación de una persona a la judicatura federal requiere numerosos pasos que involucran a la Casa Blanca, al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y a la posible intervención de grupos externos que presionan a favor o en contra de los candidatos y candidatas, según explicó a Microjuris.com el conocedor de los procesos en Washington D.C., Federico de Jesús.

Actualmente, hay una vacante en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico —la de la jueza Carmen Consuelo Cerezo por su renuncia en febrero pasado— pero se anticipa que hayan dos. Esto porque el presidente Joe Biden nominará al actual juez presidente, Gustavo A. Gelpí, al Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston, plaza que fuera del fallecido juez Juan R. Torruella.

De Jesús, quien fue director de comunicaciones para la comunidad hispana en la primera contienda presidencial de Barack Obama, explicó que en el proceso para nominar a Gelpí hubo «una campaña tras bastidores» en la que participaron diversas figuras y hasta organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico y Estados Unidos. Cuando se le pidió que identificara grupos, mencionó el National Hispanic Bar Association.

«Ejercen presión mediante cartas a congresistas que intervienen a favor de un candidato o candidata a estos puestos […] Estas cosas no pasan por obra y arte del Espíritu Santo», sostuvo De Jesús.

«No hay una sola manera de llegar a esas posiciones», sostuvo el consultor.

Judicatura en el Distrito

El consultor también contó que al momento se está dando un proceso de entrevistas para la vacante de la jueza Cerezo en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico.

De Jesús indicó que obviamente hay una evaluación de rigor de la oficina de personal de Casa Blanca (White House Presidential Personnel Office), que es la que se encarga de los nombramientos de confianza del presidente. En este proceso, por ser nombramientos judiciales, también participa la Oficina del Asesor Legal del presidente (Office of Legal Counsel).

«Se hace una evaluación política y de política pública. Se investigan decisiones anteriores, cualquier comentario público, expresiones en revistas jurídicas, los grupos de interés que pueden favorecer u oponerse a base de los planteamientos que ha hecho la persona», sostuvo de Jesús.

«Cuando a (la jueza del Tribunal Supremo federal) Sonia Sotomayor la nombraron fue aquel discurso que dijo lo de ‘wise latina‘, que los republicanos la usaron para atacarla. Aunque ella lo superó, tuvo que enfrentarlo», indicó de Jesús.

«Buscan desde las decisiones hasta lo que podría ofender, potenciales escándalos», añadió.

Cuando el grupo es bastante reducido (top 3 o top 5), entra el FBI y realiza una investigación de trasfondo o background check. Entonces, comienza una evaluación que puede ser extensa.

«Cuando a mí me evaluaron para un puesto de confianza en la administración Obama, me entrevistó un agente del FBI, y pidieron contactos de referencia, de personas allegadas, enviaron un cuestionario que es sumamente riguroso… la pregunta que más me resaltó fue todas las ciudades en el extranjero que he visitado en los pasados 7 años, y recuerdo que tuve que poner ciudades de Estados Unidos», indicó De Jesús.

Una vez la persona obtiene el nombramiento presidencial, recordó De Jesús, inicia el proceso de confirmación por el Comité de lo Jurídico del Senado. El comité realiza su propia investigación de las personas nominadas, quienes inician un proceso que incluye visitas de cortesía a las y los senadores.

De Jesús señaló que en algunos casos las personas nominadas no son sometidas a procesos de vistas públicas, sino que se bajan directamente a votación en el hemiciclo senatorial.

No se sabe si Gelpí recibirá un proceso de vistas públicas, pero recordó que entre los grupos liberales que no necesariamente respaldan a Gelpí estaba la preocupación de que fuera originalmente nombrado por el republicano George W. Bush.

Más allá de lo jurídico, De Jesús señala que «por más puro que se vea desde afuera», incluye en algunos casos que las personas nominadas o sus personas allegadas realicen sus propias mini campañas, explicó De Jesús.

Sobre qué personas pueden ser nominados a las vacantes federales en Puerto Rico en el futuro cercano, De Jesús sostuvo que hay miembros de la abogacía que no son figuras públicas, pero que están siendo consideradas.

Agregó que se ha hablado de un pacto entre populares y novoprogresistas para apoyar la candidatura de Gelpí a Boston a cambio de que se nombraran una o dos personas identificadas con el Partido Popular Democrático (PPD) al tribunal federal pero «hasta que no vea esos nombramientos no diría que están escritos en piedra».

Sería la primera ocasión desde el fallecido juez Salvador Casellas que una persona claramente identificada con el PPD obtiene un cargo en la judicatura federal, dijo De Jesús.

Según el portal oficial de la judicatura federal, USCourts.gov, una jueza o juez de distrito gana $218,600.

La visión desde la academia

Para Christina Duffy Ponsa-Kraus, profesora de derecho constitucional e historia del derecho en Columbia University, y quien habló sin expresarse directamente sobre las vacantes judiciales en Puerto Rico sino sobre el tema de los nombramientos en términos generales, el proceso para nombrar juezas y jueces federales —que incluye que es un cargo de por vida— «no es perfecto» pero entiende que es mucho mejor a la alternativa que hay en muchos estados, que es la de elegir a las y los jueces mediante el mecanismo del voto.

«Ese mecanismo, que sea de por vida, ayuda a asegurar la independencia del juez. Ya cuando sea juez, no se tiene que preocupar por una manera inmediata de complacer al pueblo. Creo que funciona, creo que no es un sistema perfecto, pero funciona», sostuvo la profesora.

Explicó que «por supuesto afecta un poco» que las juezas y jueces en ese proceso de nombramiento y confirmación queden un poco sujetos a las otras ramas de gobierno —la ejecutiva, por el nombramiento presidencial, y la legislativa, por la confirmación senatorial.

«El proceso de seleccionar a un juez tendrá alguna relación con la política y creo que —en una democracia— los jueces deben tener legitimidad democrática. No quiere decir que deban ser electos, no creo en ese sistema, pero sí es importante que haya un mecanismo democrático que le dé legitimidad al juez, que haya una conversación democrática y que las ramas políticas tengan su rol que es necesario. Mejor así que si fuera un proceso secreto», añadió la profesora.

Ponsa-Kraus agregó que incluso es bueno que la judicatura sea tema de debate público.

Recordó que el juez asociado del Supremo federal, Stephen Breyer —para quien ella laboró como oficial jurídico— cree en salir a la gente, explicar las cosas, aunque desde un punto de vista académico.

«Que el juez participe en una conversación democrática, creo que eso es algo bueno», indicó.

Aunque reconoce que algunos grupos tienen «demasiada influencia», la profesora entiende que, dentro de este proceso democrático, también es bueno que haya participación de grupos de opinión que expresen cualquiera que sea su visión, ya sea liberal o conservadora, y resaltó que entiende que es sumamente importante que esa evaluación de juezas o jueces incluya a la American Bar Association (ABA) y a las clasificaciones que se le dan a las personas nominadas.

«Es parte de una conversación saludable e importante en una democracia», indicó.

Sobre la posibilidad de que personas políticas sean nombradas a la judicatura, Ponsa-Kraus dijo que esto ha tenido un saldo mixto para los tribunales.

«Puede ser bueno o puede ser malo», respondió.

La profesora ofreció el primer ejemplo: la exjueza asociada del Supremo federal, Sandra Day O’Connor. La exjueza fue legisladora estatal en su natal Arizona antes comenzar su trayectoria judicial, que la llevó a ser la primera mujer en el más alto foro federal. Ponsa-Kraus dijo que en muchas decisiones, la jueza enriqueció sus decisiones con sus experiencias fuera de la judicatura.

Asimismo, Ponsa-Kraus sostuvo que otro ejemplo importante es John Marshall, el tercer juez presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, quien antes de ser juez estuvo activo en la política en grupos como los federalistas, en el sector político diseñó el actual sistema de gobierno federal, además de que fue secretario de Estado.

«Esa experiencia y sabiduría como político la usaría muy bien, no de manera inapropiada, sino de forma efectiva en el rol del Tribunal Supremo. Ese Tribunal comenzó en el sótano del Capitolio, así de poca importancia tenía, y fue él quien le dio la importancia, y no solo porque tenía una mente legal extraordinaria, sino porque tenía entendimiento de las raíces democráticas y políticas», sostuvo.

La profesora añadió que los nombramientos judiciales que se hagan serán muy importantes para fortalecer la imagen de la judicatura, tras el gobierno de Donald Trump.

«En los últimos cuatro años, bajo el presidente Trump, se le ha hecho muchísimo daño al rule of law, a la fe del pueblo en el derecho y la justicia, y lo importante es pensar, entender, conversar y debatir sobre el rol de un sistema judicial imparcial y efectivo en el contexto de la democracia», mencionó Ponsa-Kraus.

¿Ya te suscribiste a Microjuris?