El National Attorney Service, un consorcio de empresas de cobro de deudas en Glendale, pagará un millón de dólares como parte de un acuerdo para resolver los casos de cargos impuestos por la Comisión Federal de Comercio (FTC). El caso fue radicado por el Departamento de Justicia federal.

En la querella presentada por el Departamento de Justicia, se alega que la compañía incurrió en "prácticas engañosas y desleales en casi todas las facetas de sus relaciones con los consumidores «. Entre los sucesos que motivaron esta conducta se encuentra:

– La compañía dijo que iba a iniciar una demanda a menos que el deudor hiciera un pago inmediato;

– Los cobradores de deudas amenazaron con enviar «un alguacil o sheriff» a los hogares de los consumidores para entregarles documentos legales;

– La empresa amenazó con embargar el sueldo que podrían incluir «cientos o miles de dólares en honorarios de abogados y costas judiciales».

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El National Attorney Service también contactó amigos, familiares y compañeros de trabajo de los deudores a través de mensajes de texto, llamadas telefónicas y cartas, alegando que los deudores habían cometido fraude, según la denuncia.

Bajo la ley federal, los cobradores de deudas sólo podrán ponerse en contacto con terceros para averiguar la ubicación de los consumidores que están buscando.

Otro de los casos mencionados es el de circunstancias en que las empresas enviaron cartas a los hogares y lugares de trabajo de los deudores. En los sobres de dichas cartas se mostraba una lámina de un gran brazo sacudiendo dinero frente a un consumidor colgado boca abajo, según la denuncia.

«La ley protege específicamente a los consumidores de ser avergonzados en público», dijo Rebecca Unruh, una abogada de la FTC, que llevó el caso contra el Servicio Nacional de Fiscalía. «Tener su negocio financiero privado difundido a los demás puede dañar su reputación, sus relaciones, y posiblemente poner en peligro su trabajo.»

Christopher Koegel, de la división de las prácticas financieras de la FTC, dijo que la agencia ha llegado a través de más y más casos de los cobradores de deudas se hacen pasar por abogados o bufetes de abogados con el fin de presionar a los consumidores a pagar deudas.

Además de la multa administrativa de $1 millón de dólares, el acuerdo resolutorio establece que los demandados deben cesar el envío de mensajes de texto que no tenga la información requerida por ley. Además deben tener el permiso de los deudores o consumidores para poder utilizar mensajes de texto. Por otra parte, también se les prohíbe expresar que que son firmas legales y amenazar con demandar, confiscar propiedad o embargarla, a menos que tengan la intención de hacerlo.