Las organizaciones e individuos que componen la Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia (Mesa de Trabajo) expresan su repudio al procesamiento criminal y encarcelamiento de Luis Pérez Galbán, una persona de 37 años con severas discapacidades mentales. Tal como ha trascendido en los medios, Pérez Galbán tiene la capacidad intelectual de un niño, no puede comunicarse claramente y mucho menos entender el proceso judicial al que se enfrenta. La criminalización de las acciones de Pérez Galbán, sin tomar en consideración su discapacidad mental, es una violación de sus derechos fundamentales y representa un fracaso para la administración de los sistemas de justicia del País.

Pérez Galbán fue denunciado a las autoridades por alegadamente agredir a su madre, estando ambos en su residencia en el Barrio Punta Palma en Barceloneta. Para lograr el arresto, las autoridades le hicieron creer a Pérez Galbán que se trataba de un juego. En el Tribunal de Arecibo, un juez encontró causa para el arresto y le impuso una fianza de $10,000 que no pudo prestar. Según trascendió, al no haber espacio en el Hospital de Psiquiatría Forense, este fue ingresado al área médica de la Cárcel de Bayamón.

La Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) asumió la representación legal de Pérez Galbán. Para la SAL, este caso debe atenderse bajo la Ley de Salud Mental por lo que presentaron una apelación pidiendo la desestimación de los cargos y su excarcelación inmediata. «Estamos consternadas por la situación que plantea una violación al debido procedimiento de ley y a los derechos humanos de una persona que no entiende ni puede participar del procesamiento criminal. Urgimos a la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo, Hon. Maite Oronoz a iniciar una investigación sobre este caso para tomar las medidas pertinentes», afirmó Georgina Candal de la Comisión de Derechos Civiles.

Una de las máximas principales de nuestra Constitución es la inviolabilidad de la dignidad humana. Esta incluye el reconocimiento y el ofrecimiento de la atención especial que requieren las personas con diversidad funcional o discapacidades mentales o físicas. Le corresponde al Estado y a sus instituciones velar porque los derechos de estas personas sean protegidos en todos los procesos, sean estos judiciales, educativos, médicos u otros. Los tribunales del País y las leyes penales no existen para castigar a personas discapacitadas mentalmente. «Pérez Galbán es un paciente de salud mental que vive en condiciones de extrema pobreza, que ha recibido una atención deficiente por parte del sistema de salud y que debe ser protegido de ser nuevamente victimizado, ahora por los tribunales del País. Nos unimos al reclamo de la SAL: exigimos su excarcelación y que se respeten sus derechos humanos.» afirmó la licenciada Ariadna M. Godreau-Aubert, Coordinadora de la Mesa de Trabajo.

La Mesa de Trabajo es una plataforma de acción que reúne proveedores de servicios legales gratuitos, entidades comprometidas con la justicia social, abogadas y estudiantes de Derecho. Su propósito es promover el acceso a la justicia y el respeto de los derechos fundamentales.