Por Daniel Rivera Vargas

Las enmiendas al Reglamento de Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio anunciadas esta semana por el Tribunal Supremo de Puerto Rico pudieran ser un paso en la dirección correcta para que los ciudadanos tengan acceso a la justicia sin que el peso económico de este proceso recaiga en los abogados o abogadas, según la licenciada Ariadna Godreau Aubert, de la organización Ayuda Legal PR.

Supremo enmienda el Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio

«El proceso de enmiendas entiendo que es un intento de poder llegar a un punto de hacer el reglamento en uno quizá más equitativo y que incentive más a abogados y abogadas», sostuvo Godreau en entrevista con Microjuris.

Entre los cambios implementados, se aumentó la tarifa de honorarios por el tiempo dedicado a la investigación y las gestiones realizadas para la preparación del caso fuera del tribunal en exceso de las 30 horas de servicio pro bono de $30 a $60 por hora.

De esta manera, se uniforma a $60 por hora las tarifas por gestiones realizadas de oficio para propósitos de la preparación del caso, las comparecencias presenciales o virtuales al tribunal y la producción de recursos en etapas apelativas.

Se hicieron, además, modificaciones al proceso de selección de representación legal de oficio. Conforme al Reglamento enmendado, los y las profesionales del Derecho que lo soliciten, podrán figurar voluntariamente en los primeros turnos del banco de abogados y abogadas de oficio, sin sujeción al orden de antigüedad.

Los y las integrantes de este Panel de Abogados y Abogadas con Turnos Voluntarios se beneficiarían de recibir una compensación a razón de $80 por hora desde el inicio de la representación legal de oficio, sin la necesidad de acumular el mínimo de horas pro bono. Una vez agotados los abogados y abogadas que integren este Panel, se activará el orden de asignación por antigüedad en las distintas zonas judiciales.

El reglamento aprobado originalmente fue rechazado por amplios sectores de la abogacía, al punto de que el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico demandó en el Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico a la Oficina de Administración de Tribunales por el mecanismo implantado.

Las enmiendas trascendieron ayer tarde y el Colegio anoche comunicó que las estaba estudiando.

«Estaremos evaluando los cambios y próximamente emitiremos comentarios sobre estos, y su potencial efecto sobre las negociaciones que actualmente se llevan en el caso federal Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, et al v. Hon. Sigfrido Steidel Figueroa«, fue la respuesta escrita del Colegio.

Gestiones para obtener una reacción de abogados litigantes o vinculados al caso por parte del Colegio resultaron infructuosas.

El caso federal lleva varios años y se encuentra actualmente en proceso de mediación, dijo Godreau Aubert.

La letrada dijo que tanto ella, como abogada de derechos humanos, como Ayuda Legal PR, que asiste a personas indigentes en diversos casos, como relacionados con el derecho de vivienda, dijo que ellos apoyaron desde su inicio que se crease un reglamento de abogados y abogadas de oficio, porque antes del reglamento lo que había era un proceso informal entre jueces, que no era estructurado, y que no fomentaba el necesario acceso a la justicia, que no solo hace falta en casos penales pero también en civiles.

Sin embargo, dijo Godreau Aubert, colegas abogados advirtieron desde el inicio del reglamento que e mismo era oneroso para los letrados, especialmente los que tienen oficina propia.

«Impone una carga en abogados y abogadas que no tienen los medios para aguantar esos casos (de oficio), pero también hubo expresiones de abogados que son muy solidarios, pero entienden que la obligación es del gobierno», dijo Godreau Aubert, en alusión a que ese gasto económico de representar indigentes no debe ser de los abogados, sino del estado.

En las enmiendas propuestas hay lenguaje positivo, como que se pone un tope a las asignaciones anuales, y el aumento en la compensación propuesto, mencionó Godreau Aubert.

Agregó que las enmiendas al reglamento anunciadas por el Supremo no deben ser el único paso, sino que también se debe educar adecuadamente tanto sobre el reglamento, pero también sobre lo que implica el canon 1 de la abogacía, que impone la responsabilidad del abogado de Laborar porque toda persona tenga representación legal adecuada, incluyendo servicios legales a personas indigentes.

Dijo que la necesidad de la asistencia legal en casos de indigentes se agrava ante la crisis fiscal del país, lo que ven en áreas que estudia Ayuda Legal como los casos de desahucios. En estos casos, explicó Godreau Aubert, hay meses donde los demandantes que piden desahuciar a alguien por falta de pago en el 93% de las ocasiones tienen abogados, pero los demandados, los que le deben al demandante, solo en el 6% de los casos tienen representante legal.

«Y ese número baja drásticamente en ocasiones», sostuvo.

«Son (las enmiendas al Reglamento) un paso en la dirección correcta siempre y cuando incentiven a más abogados y abogadas a hacer más trabajo pro bono y estructuren el sistema, pero no deben llevar el mensaje de devaluar nuestra responsabilidad como gremio de promover el acceso a la justicia», concluyó Godreau Aubert.