Durante una vista pública de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales que preside la senadora Ana Irma Rivera Lassén, la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT) mostró reservas ante la Resolución del Senado 342, para extender el derecho al descuento de cuotas a los empleados de la Rama Judicial.

"Nos parece que lo propuesto en la medida legislativa bajo estudio estaría en contravención a la autonomía que se le reconoce al Poder Judicial en la administración de su sistema de personal. Como ha quedado acreditado por la discusión que precede, tal autonomía surge por derivado de los imperativos de las doctrinas constitucionales aplicables. Así siempre se ha entendido y de tal modo se ha hecho valer por esta Rama hermana", sostuvo la licenciada Gisella Rosa González en representación de la OAT.

De igual manera, Rosa dijo que "recabamos, pues, que prevalezca este delicado diseño, permitiendo que sea el Poder Judicial, como así se ha reconocido tradicionalmente, el que atienda y decida sus aspectos administrativos y de personal, conforme a su autonomía, sus instituciones y sus mecanismos propios".

Por su parte, la Presidenta de la Comisión expresó a la deponente que "estamos frente a un proyecto para enmendar una ley [Ley para Autorizar el Descuento de Cuotas de Asociaciones, Federaciones o Uniones de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico], así que podrá haber una nueva generación para interpretar esa ley. Mi pregunta es cómo, si se aprobara, interferiría con la administración misma por parte de la OAT...como por ejemplo en Estados Unidos hay jurisdicciones que permiten, lo que este proyecto de ley expresa, y se entendió que no interfiere en lo que es la autonomía o la deferencia entre los poderes".

Asimismo, Rivera Lassén preguntó a la deponente cuántos empleados tiene la plantilla del Poder Judicial. Rosa indicó que son alrededor de 4,500, incluyendo los jueces y juezas. Igualmente, la Senadora cuestionó qué razón, si alguna, tiene la OAT para entender que autorizar el descuento pudiera interferir en la prerrogativa de la administración. La deponente hizo referencia a que luego de examinado el historial de la Ley 134 que data de 1960, el texto original establecía aplicación a empleados del gobierno... "nuestras reservas es que entendemos que debe permanecer de esa manera, mantener la deferencia de la autonomía del tribunal en términos de empleados y otras consideraciones", añadió Rosa.

Por su parte, la senadora independentista y coautora de la medida, María de Lourdes Santiago Negrón, preguntó de qué forma le afecta a la Rama Judicial el descuento de estas cuotas y sobre cómo esto le hace daño a la autonomía judicial sobre el personal. Rosa reiteró que "tanto la Ley 64 como la Ley 134 forman parte de una cadena de acciones legislativas para reconocer el sistema judicial...se debe mantener ese equilibrio". Añadió que están para reiterar la independencia judicial en términos de recursos humanos y económicos.

En su turno, el senador del Movimiento Victoria Ciudadana y coautor de la medida, Rafael Bernabe, expresó que "no captamos como es que la creación de una organización bonafide afecta el personal o la autonomía, esto es una organización en el Poder Judicial para organizarse y tener unos descuentos, y quizás tener unas reuniones y conversaciones dentro del mismo Poder Judicial...no veo de donde viene la intervención de afuera".

También, el senador novoprogresista y autor del proyecto, William Villafañe, cuestionó a la deponente cuál es el impacto en las funciones operacionales que indica la medida de aprobarse el proyecto. Rosa mencionó que el impacto es a la independencia judicial, tanto en la facultad para tomar decisiones como en la administración. Igualmente, el senador preguntó si la aprobación de la medida tendría alguna injerencia en la toma de decisiones en los tribunales, la deponente indicó que no.

 De otra parte, Amílcar Gerena, portavoz del Comité Timón de los Empleados y Empleadas del Poder Judicial, expresó que apoya firmemente el Proyecto del Senado 342.

"Entendemos que reconocernos el derecho al descuento de cuotas, no afecta ni lacera en forma alguna, la separación de poderes entre las Ramas del Gobierno, como tampoco se afecta la independencia de la Rama Judicial", sostuvo Gerena. Añadió que el proyecto sólo pretende extender un derecho de rango estatutario a los empleados del Poder Judicial. En iguales términos, en apoyo a la pieza legislativa se expresó José Castro, alguacil auxiliar del Centro Judicial de San Juan, quien  añadió que "los empleados de nuestra rama se han sentido invisibles durante años".

La senadora novoprogresista, Migdalia Padilla Alvelo, preguntó si a través de este proyecto se abre la oportunidad para que sean escuchados mediante el proceso legislativo. Castro respondió que sí e indicó que "definitivamente, y luego de mucha insistencia de que seamos escuchados. Nos sentimos agradecidos y saliendo de la invisibilidad para poder ser parte de la realidad social que viven los empleados públicos en Puerto Rico".

Por su parte, Naomi Álamo en representación del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos dijo que "en caso de aprobarse el proyecto de ley, el DTRH brindará los servicios necesarios para las agrupaciones y estará disponible para ofrecer orientación en cumplimiento de nuestros deberes y facultades".