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Por Daniel Rivera Vargas

El Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston confirmó el veredicto condenatorio de un hombre que alguna vez trabajó como confidente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y que en medio de una intervención vehicular de unos policías municipales alegó que era un agente.

En una decisión escrita por el expresidente de la corte federal de Puerto Rico y confirmado hace unos meses como juez del Primer Circuito, Gustavo A. Gelpí, se detalla que los hechos que motivan la acusación ocurrieron el 29 de noviembre de 2018 cuando agentes de la policía municipal de Guaynabo intervinieron con un Lincoln negro por cruce indebido de carril y rebasar una luz roja.

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La opinión del Primer Circuito expone que, cuando la sargento municipal Yacira Martínez preparaba las multas, un hombre identificado como José Vázquez Rosario se bajó del vehículo y de forma «agitada» y en «voz alta» comenzó a decir que era un agente federal, luego dijo que trabajaba para el FBI, que investigaba la corrupción en la Policía Municipal de Guaynabo, y que tenía esposas para arrestar a los agentes.

En medio de los reclamos del sujeto, llegó a la escena de la intervención el comisionado de la Policía Municipal de Guaynabo, Víctor Franco, quien le pidió al sujeto su identificación como agente del FBI. Vázquez Rosario respondió que «no le tenía que mostrar nada a él», por lo que el jefe policiaco contactó a un agente oficial del FBI, quien también llegó al lugar.

El agente federal explicó que Vázquez Rosario no trabajaba con el FBI ni era agente de la agencia. Lo que era correcto es que en el pasado Vázquez Rosario fue un confidente con paga del FBI, pero no en el momento de la intervención.

Vázquez Rosario fue arrestado por agentes del FBI, acusado por un gran jurado federal por el delito de hacerse pasar falsamente bajo el 18 USC 912 y, tras un juicio de tres días, fue condenado a 6 meses de cárcel, según resume el Primer Circuito.

En el trámite apelativo, el Primer Circuito hace varias observaciones. La primera es que las reglas apelativas federales conceden 14 días luego de que se notifica un veredicto condenatorio para apelar una condena, por lo que tenía hasta el 5 de diciembre de 2019, pero el acusado presentó la apelación el 29 de diciembre.

La razón para la tardía fecha de apelación parece explicarse porque el acusado pidió una reconsideración poco antes del 5 de diciembre. El Primer Circuito informa que una reconsideración de por sí no detiene el término para solicitar una apelación, y que en todo caso la representación legal del acusado podía pedir una extensión de término para apelar.

De cualquier manera, el foro apelativo decidió evaluar el caso, afirmando que el plazo de 14 días no es fatal, pero aun así confirmaron el veredicto condenatorio emitido por un jurado ante el juez Pedro Delgado.

Según el Primer Circuito, en el tema de la insuficiencia de la evidencia, la defensa del acusado no pidió una moción absolutoria bajo la regla 29 en el juicio, por lo que podrían evaluar la suficiencia de la evidencia solo para analizar si hubo una «clara injusticia», aunque dijo que tampoco se argumentó en la apelación del acusado que hubiera una «clara injusticia». Finalmente, no prosperó este argumento.

También se levantó una reclamación dos días antes del juicio, pues el acusado trató de citar por correo electrónico a dos fiscales federales y un agente para que testificaran en su juicio. La fiscalía se opuso porque la carta no cumplía los requisitos correspondientes y porque era testimonio irrelevante y que podría ser confuso. El juez no dio paso a la citación y el Primer Circuito confirmó esa decisión.

El foro judicial indicó que el juez actuó dentro de su discreción y que lo que esos funcionarios federales podrían decir era que el acusado fue un informante pago del FBI entre 2011 a 2017, pero no lo era al momento de la intervención policiaca en 2018.