Por Daniel Rivera Vargas

Al menos 10,000 cámaras de seguridad ya han sido confirmadas como utilizadas por el gobierno para monitorear a la ciudadanía puertorriqueña en aras de la seguridad, se informó el pasado viernes, 24 de octubre durante la Segunda Convención de Tecnología Legal, celebrada en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

Los datos sobre la cantidad de cámaras son parciales, ya que muchas agencias de gobierno o municipios se negaron a proveer información ante requerimientos realizados por el profesor Diego Alcalá, mediante la Ley de Transparencia e Información Pública de 2019, que se supone permite a los ciudadanos obtener datos oficiales del gobierno.

"El problema es que la vigilancia de la ciudadanía, aunque por un lado se reclama que es indispensable para la seguridad, también se ha utilizado para violaciones de derechos", expresó Alcalá, quien recordó casos en Puerto Rico como las carpetas contra independentistas, la criminalización de artistas y su música, la interceptación telefónica de miles de estudiantes durante un conflicto huelgario, así como la persecución de personas por pertenecer a la comunidad LGBTQ+ o por catalogar como posibles terroristas a quienes auditan la deuda pública del país.

"En Puerto Rico tenemos una gran experiencia del gobierno vigilando a los ciudadanos, no solo a criminales", lamentó Alcalá, quien compartió la información como parte de su charla titulada La tecnología en el sistema criminal de justicia, en el marco de la convención.

Los datos compartidos por Alcalá son parciales, ya que el 45 % de los 75 municipios contactados para que proveyeran información sobre sus equipos de seguridad no respondieron a las peticiones, incluyendo municipios grandes como Caguas y San Juan. Hubo uno, como Yauco, que contestó, pero se negó a brindar toda la información, y Añasco solicitó el pago de una suma al profesor por entregar información pública. Igualmente, de 145 agencias gubernamentales, solo el 16 % menciona en sus reglamentos el tema de las cámaras de seguridad.

En concreto, la información obtenida da cuenta de al menos 7,645 cámaras; 1,785 cámaras de circuito cerrado; 381 cámaras con equipo de fotolectura de tablillas; unas 365 cámaras que, según se alega, cuentan con inteligencia artificial; y tres municipios que poseen drones, para un total de 10,179 dispositivos confirmados.

Y la ambición del Estado va mucho más allá. "Vemos un incremento en el empuje de tecnología", sostuvo el conferenciante. "Recientemente ha trascendido que el gobierno ha indicado que aspira a tener hasta 50,000 cámaras en lugares públicos en aras de la seguridad", añadió.

Durante su ponencia, el licenciado Alcalá Laboy, profesor en Albany Law School y académico en justicia penal y tecnología, tuvo como objetivo discutir cómo el sistema criminal de justicia enfrenta una transformación marcada por la incorporación de tecnologías como el reconocimiento facial, el análisis de big data y el uso de algoritmos predictivos.

La exposición de Alcalá, quien se describe como investigador en la intersección entre ética, justicia penal y disrupción tecnológica, evaluó los impactos de estas herramientas en Puerto Rico y Estados Unidos, explorando sus implicaciones en los derechos fundamentales, la equidad procesal y la ética judicial.

Alcalá llamó la atención sobre el hecho de que la vigilancia del gobierno a los ciudadanos, más allá del ámbito estrictamente criminal, no es nueva, pues para el año 1910 incluso se aprobaron leyes que permitían a la Policía pernoctar en las azucareras para vigilar a las uniones obreras.

En la actualidad, ha trascendido que el Negociado Federal de Investigaciones se ha reunido con la Policía y ha enfocado su atención en grupos como Jornada Se Acabaron las Promesas. Asimismo, se indicó que la administración Trump creó, dentro del gobierno federal, un threat security center (centro de seguridad contra amenazas), que se entiende incluiría a sectores "antiamericanos".

"Todos los imperios lo hacen, todos los Estados lo hacen: definen quiénes son, para ellos, una amenaza", lamentó Alcalá.

La digitalización de la vigilancia en Puerto Rico responde a factores como la merma en el número de agentes de la Policía —agravada tras el paso del huracán María— y a la disponibilidad de fondos federales para estos mecanismos, que, a diferencia de tecnologías del pasado, permiten una interconectividad que facilita enlazar cámaras de entes privados con los sistemas de vigilancia del Estado. Esto se logra mediante memorandos de entendimiento, en los que tanto empresas de seguridad privadas que operan en urbanizaciones como las propias urbanizaciones formalizan acuerdos para ceder el contenido de sus grabaciones a las autoridades. Un análisis realizado por Alcalá sobre parte de esos memorandos revela que muchas de estas entidades permiten la entrega de videos incluso sin que medie una orden judicial.