La delegación de ciudadanos y organizaciones que se presentó en una audiencia temática el pasado 4 de abril, ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos para denunciar el problema que representa la deuda pública y la política fiscal para los derechos humanos en Puerto Rico, publicó sus hallazgos y conclusiones por medio de un informe.

El informe se titula «Deuda pública, política fiscal y pobreza en Puerto Rico» y aborda los temas de la política fiscal y los derechos humanos; el acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas; y el derecho al trabajo digno en Puerto Rico, entre otros.

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El informe es amplio en temática, incluyéndose además el tema del acceso a la salud, la salud mental en Puerto Rico, el acceso al agua, la diversidad funcional y el acceso a la justicia, todo enmarcado en como la crisis económica que sufre la isla limita la calidad de vida de sus habitantes.

"Para atender esta situación el gobierno ha adoptado diferentes medidas de austeridad fiscal que han tenido un serio impacto en las condiciones de vida de la población puertorriqueña, provocando un incremento de la pobreza y la marginación de las comunidades más vulnerables y generando mayor exclusión, desigualdad y discrimen. Estas medidas además, se han adoptado al margen de los principios y normas internacionales que requieren la adopción de "marcos legislativos, arreglos institucionales y mecanismos de consulta para garantizar la participación efectiva de todos los sectores de la sociedad, incluidos los órganos legislativos populares y las instituciones de derechos humanos, y sobre todo los sectores más vulnerables y desfavorecidos, en la elaboración, aplicación y evaluación de estrategias, políticas y programas, así como en el seguimiento y la supervisión nacional sistemática de su aplicación", inicia el informe.

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El documento es la ampliación del informe presentado en la audiencia pasada en el que participaron Annette Martínez, del Instituto Caribeño de Derechos Humanos y la Clínica Internacional de Derechos Humano de la Universidad Interamericana; José Caraballo, economista y catedrático auxiliar de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Cayey; María Teresa Rodríguez, presidenta del Sindicato del Banco Gubernamental de Fomento y las abogadas Ariadna Godreau, Ataveyra Medina, Natalia Ramírez, Ana Irma Rivera Lassen y Osvaldo Burgos.

En dicha ocasión, el economista José Caraballo sentenció que Puerto Rico está en una profunda depresión económica en la cual se han perdido 268,000 empleos, solo el 28% de la población tiene trabajo, lo que unido a otros factores ha colocado a Puerto Rico en quinto país donde hay más desigualdad en el mundo. Caraballo responsabilizó no solo a los funcionarios públicos por el mal manejo de las finanzas y la corrupción en el país, sino que explicó que gran parte de la responsabilidad la tiene el gobierno estadounidense, que "desmanteló el principal motor económico de Puerto Rico basado en la exención contributiva a la manufactura sin proveer un plan alterno adecuado".

"La contracción económica indujo al gobierno a tomar prestado para contrarrestar la crisis", añadió.

Por su parte, la abogada Natalia Ramírez añadió que aunque el derecho de acceso a la información es reconocido, no es respaldado por legislación que le imparta "un efecto útil". Además, el gobierno menosprecia la capacidad del pueblo para entender y analizar los datos, el proceso de elaboración de presupuesto es permeado por la secretividad y se han creado presupuestos desvinculados a los gastos reales que incurrirá el gobierno. Ese manto de falta de transparencia y de poca rendición de cuentas contribuye a que el pueblo no pueda participar en la creación de un remedio que suponga la mejor alternativa para salir de la crisis.

Asimismo, María Rodríguez del BGF indicó que las medidas de austeridad planteadas por el gobierno para superar la crisis han supuesto el retroceso del derecho al trabajo digno, ocurriendo un despido masivo de empleados públicos, la suspensión de los convenios y la negociación colectiva, reducción en el sistema de jubilación y desvalorización de los derechos adquiridos por los trabajadores.

Ataveyra Medina tuvo a su cargo el tema de la falta de protección del derecho al desarrollo integral de la niñez y la educación, exponiendo el impacto que han tenido estas medidas de austeridad sobre los fondos dirigidos a la educación universitaria en la UPR, la falta de pago a los terapistas que dan servicios a los estudiantes de Educación Especial (45% del estudiantado) y la transgresión del Fideicomiso de los Niños, cuyos fondos se utilizaron para "emitir deuda" y beneficiar a los prestamistas, en lugar de dirigirlos al mejoramiento de la educación pública.

Por su parte, Ariadna Godreau denunció el impacto de la crisis económica en el acceso a la justicia y a una vivienda digna. En su exposición esta habló sobre los procesos de desahucio y ejecución de hipoteca, donde las personas no cuentan con una adecuada representación legal, por lo que ven minados sus derechos. Asimismo, denunció el desplazamiento de comunidades por parte del gobierno, por causa de un "desarrollo económico" cuya consecuencia es favorecer a los inversores foráneos, a los especuladores y borrar a los pobres. También resaltó que no existe un censo sobre la cantidad de propiedades abandonadas en el país y un contraste con las personas sin hogar.

Finalmente, esta explicó que los recortes en fondos han tenido un "impacto devastador sobre el acceso a la justicia", lo que no solo ha dificultado las gestiones de la población en los juzgados, sino que impide que las personas conozcan y ejerzan sus derechos. Por ejemplo, los fondos federales dedicados a la defensa de personas pobres en casos civiles se redujeron dramáticamente, se han paralizado las salas especializadas de violencia doméstica, y han cerrado tribunales en los lugares más pobres del país, lo que unido a un deficiente sistema de transportación pública dificulta a los más vulnerables el acceso a estos.

Finalmente, Osvaldo Burgos y Ana Irma Rivera Lassen expusieron las peticiones del grupo, entre las que figuran:

• Que la CIDH que se solidarice, se exprese y monitoree el cumplimiento con nuestros reclamos tanto de parte del gobierno de los Estados Unidos de América como del de Puerto Rico.
• Que la Comisión reafirme que Puerto Rico atraviesa por una grave crisis de derechos humanos y que ninguna medida que se tome para resolverla puede ser a costa de la renuncia al disfrute de los derechos de las personas en nuestro País.
• Que el manejo de la deuda y las políticas fiscales de Puerto Rico se enmarquen en el respeto y garantía de los derechos humanos de la población, y además solicitamos a los gobiernos de Estados Unidos de América y de Puerto Rico lo siguiente:
• Que no se impongan nuevas medidas fiscales de austeridad, con efectos regresivos y que atentan contra la protección de los derechos humanos;
• Que no se imponga una Junta de Control Fiscal para manejar las finanzas públicas del país, pues es una alternativa antidemocrática, colonial y discriminatoria, creada con el único propósito de garantizar el pago de la deuda sin importar sus efectos en los derechos humanos;
• Que se decrete una moratoria del pago de la deuda hasta que se evalúe la validez de las prestaciones, se identifique cuáles de éstas fueron emitidas bajo los parámetros constitucionales permitidos, y cuáles fueron emitidas de forma legítima y legal
• Que se garantice la participación comunitaria real y efectiva en la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público.
• Que se abran las puertas a otros grupos, organizaciones y personas que interesen ser parte de esa auditoría. Además, deben hacerse disponibles los recursos necesarios para que los auditores puedan realizar un análisis abarcador y a tiempo. Sin éstos cambios, dicha Comisión no será efectiva, participativa, democrática, ni transparente;
• Que se cree una plataforma digital que sirva como banco de datos y documentos de la información generada y recibida por la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público. Esta información debe estar clasificada en forma sencilla y estar accesible sin costo alguno al público en general;
• Que una vez culminado el proceso de auditoría, se adopte un mecanismo para la reestructuración condicionada de la deuda, que excluya la deuda adquirida de manera ilegal, ilegítima, por medio de engaño o fraude;
• Que se establezca el marco normativo necesario para la asignación de responsabilidades civiles y criminales, relacionadas al manejo ilegal e ilegítimo de la deuda;
• Que el proceso de reestructuración sea a través de un proceso transparente y participativo, siguiendo los estándares internacionales de derechos humanos incluidos en este informe, y en particular: (1) con evaluaciones de riesgo, (2) con un análisis de sostenibilidad y (3) que contengan evaluaciones de impacto con enfoque de derechos humanos;
• Que el gobierno de Estados Unidos cumpla con los estándares internacionales sobre deuda pública y derechos humanos y apruebe legislación para limitar las prácticas especulativas de lo fondos buitre bajo su jurisdicción;
• Que el gobierno de Estados Unidos apruebe medidas de desarrollo económico para Puerto Rico, como la remoción de las leyes de cabotaje y la flexibilización de los visados para los turistas internacionales que vayan a Puerto Rico; que formalice el crédito del 4% a las foráneas
• Que en el plan de reestructuración se dé prioridad al pago de la deuda de los pensionados, cooperativas y acreedores-bonistas más vulnerables;
  permanentemente; se permita el acceso al crédito por trabajo para incentivar el trabajo local; que endose nuevas emisiones de corto y largo plazo de Puerto Rico que permitan resolver la falta de liquidez;
• Que se adopte una ley de acceso a la información pública, que establezca un proceso sencillo y rápido, que permita a cualquier persona, solicitar información que está en control del estado o su producción;
• Que el gobierno de Puerto Rico publique sus CAFR (informes financieros auditados) para el año fiscal 2014 a la mayor brevedad posible;
• Que el gobierno de Puerto Rico publique la información relacionada con los actuales tenedores de la deuda del gobierno de Puerto Rico;
• Que el gobierno de Puerto Rico realice la publicación anual de informes de gastos fiscales y tributarios ("tax expenditures");
• Que el gobierno de Puerto Rico no adopte nuevas reformas laborales que busquen reducir derechos adquiridos, y que no lacere la protección del derecho al trabajo digno según dispuesto por los organismos internacionales, cumpla con sus aportaciones patronales y con el pago de su deuda a los sistemas de retiro.
• Que se derogue inmediatamente de la Ley 66 del 2014, que crea un nuevo estado de excepción declarando un estado de emergencia fiscal que suspende garantías laborales y restringiendo sustancialmente el proceso de negociación colectiva y derecho a la sindicalización;
• Que el Gobierno de Estados Unidos no intervenga con las leyes de salario mínimo en Puerto Rico afectando a los trabajadores y trabajadoras,
• Atender el problema de corrupción e inestabilidad en la formulación e implantación de políticas públicas y se apruebe una reforma contributiva de base amplia, justa, sencilla, equitativa y de fácil implantación, sin impacto regresivo y discriminatorio con la clase trabajadora y pobre.
• Que el gobierno de Estados Unidos otorgue un trato igual a Puerto Rico en el desembolso de fondos federales para el área de salud y reconozca nuestro derecho a desarrollar un sistema universal de salud.
• De igual forma, solicitamos a esta Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo siguiente:
• Que se pronuncie sobre el deber principal de los gobiernos durante crisis fiscales de garantizar la protección y respecto de los derechos humanos, incluyendo los derechos económicos sociales y culturales.
• Que se pronuncie en contra de las medidas tomadas por ambos gobiernos, el de Estados Unidos y el de Puerto Rico, que no garanticen la protección a los derechos humanos;
• Que se pronuncie en contra de medidas de austeridad que prioricen en el pago de los acreedores y no en garantizar los servicios básicos y derechos a las personas.
• Que se mantenga monitoreando a Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico por la situación de los derechos humanos y la implementación de políticas fiscales justas y acorde con los derechos humanos en la isla;
• Que establezca guías y recomendaciones para que los estados adopten políticas fiscales justas, progresistas y dirigidas a garantizar los derechos humanos;
• Que la CIDH realice una visita a Puerto Rico para que evalúe la situación general de derechos humanos en Puerto Rico, y en particular sobre los efectos de la deuda pública y las políticas fiscales de austeridad en los derechos de la población.

El gobierno de Puerto Rico, mediante la participación de Jesus Ortíz, Secretario de Relaciones Públicas, manifestó solidaridad con las expresiones de los miembros de la sociedad civil a la vez que denunció que en en mayo el gobierno tendrá que pagar 400 millones de dólares para el servicio de la deuda y sobre 700 millones en obligaciones generales que tienen protección constitucional.

La comisionada Margarette May Macaulay, quien presidió la comisión manifestó preocupación por la situación del país e indicó que "se debe trabajar fuertemente y maniobrar para resolver la crisis que enfrenta el país".