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El gobernador, Pedro R. Pierluisi, anunció la firma de dos proyectos legislativos claves que enmiendan el Código de Incentivos de Puerto Rico, con el objetivo de promover el desarrollo de viviendas en los centros urbanos y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los negocios.

Estas medidas son parte integral de la estrategia del gobierno para revitalizar la economía de archipiélago la infraestructura habitacional y apoyar el crecimiento empresarial.

El Proyecto de la Cámara 2172 establece un nuevo incentivo dirigido al desarrollo de viviendas en los centros urbanos, promoviendo así la inversión en áreas estratégicas de los municipios.

Esta medida tiene el objetivo de fomentar la revitalización de los centros urbanos, creando oportunidades para que más ciudadanos puedan acceder a viviendas de calidad en áreas céntricas, y generando un impulso económico que beneficiará a toda la comunidad.

Este proyecto introduce varias enmiendas al Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60-2019), incluyendo la creación de la categoría de «Inversión Elegible en Centro Urbano» y la definición de los costos y gastos asociados a estos proyectos.

A partir del 1 de julio de 2024, las inversiones en estos proyectos podrán beneficiarse de incentivos fiscales, como una contribución fija preferencial de 4% sobre ingresos por ventas o arrendamiento, una exención del 75% en contribuciones sobre la propiedad y un 50%  en patentes y arbitrios municipales.

Además, se podrán solicitar créditos contributivos de hasta el 40% de la inversión elegible, con decretos de exención fiscal que tendrán una vigencia de 15 años.

Por otro lado, el Proyecto de la Cámara 1915 introduce modificaciones al Código de Incentivos de Puerto Rico, eliminando el requisito de obtener un Certificado de Cumplimiento para los negocios exentos bajo la ley y reemplazándolo con un Informe de Procedimientos Previamente Acordados (Agreed Upon Procedures) preparado por un Contador Público Autorizado.

Este cambio está diseñado para simplificar los procesos administrativos y evitar retrasos que puedan afectar a los negocios en Puerto Rico. Con esta ley, se ofrece una alternativa más eficiente y menos costosa para cumplir con la ley, sin sacrificar la transparencia y el cumplimiento.