El Consejo de Salud de Puerto Rico, una organización comunitaria de servicios de salud primaria, presentó una demanda contra el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, alegando que Puerto Rico recibe trato discriminatorio en la asignación de fondos federales para el cuidado de la salud. Según las alegaciones, esa acción, viola la cláusula de igual protección de las leyes de la Constitución federal.

Lea la demanda

Tanto el Consejo de Salud, como los dos beneficiarios de fondos Medicaid que fungen como demandantes, solicitan en la demanda que se declare inconstitucional la manera en que el Congreso asigna las partidas de salud para Puerto Rico, pues ello discrimina contra los ciudadanos estadounidenses que residen en la isla. Asimismo, exigen paridad en la asignación de fondos de Medicaid, Medicare y el Programa Estatal de Seguro Médico para Niños (SCHIP, por sus siglas en inglés).

"Comencemos con una proposición básica: La igualdad y los derechos humanos deben estar garantizados para todos los ciudadanos de los Estados Unidos. Sin embargo, los ciudadanos de los Estados Unidos que residen en Puerto Rico tienen la carga de un sistema de salud de segunda categoría al borde del colapso. Este sistema de atención médica de segunda categoría se perpetúa con el tratamiento desigual de Puerto Rico en fondos federales en Medicaid, Medicare y el Programa Estatal de Seguro Médico para Niños (SCHIP)", indica la demanda.

La demanda sostiene que, a diferencia de los estados que obtienen fondos basados en su ingreso per cápita, la asignación de fondos de salud para Puerto Rico se limita a un 55%. Además, Puerto Rico, que tiene el ingreso per cápita más bajo de cualquier estado de la nación, está limitado por estatuto al financiamiento más bajo disponible. También señala que como limitación a la cantidad de fondos de Medicaid que se reciben, es un trato discriminatorio contra Puerto Rico, que según la demanda, «afecta a sus ciudadanos, residentes en Puerto Rico más vulnerables: los pobres, los ancianos y los niños poco privilegiados».

«Este tratamiento dispar es vulgar, conspicuo y atroz. Las consecuencias de una financiación inadecuada se le asignan al eslabón más débil de la cadena en el sistema de salud: proveedores y pacientes», puntualiza el documento.

La reclamación fundamental la petición con algunas cifras. Según los demandantes, Puerto Rico gasta más de $1,400 millones en fondos locales para proporcionar servicios de atención médica a más de 1.2 millones de beneficiarios de bajos ingresos, y recibe menos de $400 millones del gobierno federal para este propósito. Si Puerto Rico fuera tratado igual que cualquier otro estado, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de los Estados Unidos estima que el gasto federal de Medicaid sería de hasta $2,100 millones por año", añade la demanda.

Los demandantes proponen que el Tribunal someta el trato desigual a una evaluación bajo escrutinio estricto, bajo la disposición constitucional de la igual protección de las leyes. El escrutinio estricto presume la inconstitucionalidad de la acción o ley del Estado y le asigna el peso de la prueba a este para derrotar la presunción demostrando: (1) que existe un interés apremiante; (2) que está estrictamente vinculado con los medios utilizados, y (3) que estos son los medios menos restrictivos disponibles. Este tipo de escrutinio se utiliza cuando existe una clasificación sospechosa o cuando surge el menoscabo de un derecho fundamental.

«El continuo discrimen del Congreso en el financiamiento en el cuidado de la salud ha exacerbado la crisis de salud en Puerto Rico. Todos los indicadores de salud, tales como las enfermedades crónicas, la mortalidad infantil, la diabetes, muestran que los ciudadanos de Estados Unidos, residentes en Puerto Rico, reciben cuidado de salud desigual. Cual base racional para tal discrimen que pudo haber sido razonable en el pasado, ya no se sostiene», alegan los demandantes.

Poco antes de la demanda, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, anunció que los costos de salud pública en Puerto Rico estarán cubiertos por dos años luego de la aprobación del presupuesto federal, ya firmado por el presidente Donald Trump. Según la información provista, la partida inyectará $4,900 millones al sistema de salud de Puerto Rico, cubriendo el 100% de los costos de Medicaid.