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El Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, a través de su presidente, el CPA Kenneth Rivera-Robles, reaccionó a la propuesta de enmiendas a la Ley 1 de 2011, según enmendada, conocida como «Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico«, en lo que respecta al Impuesto de Ventas y Uso («el IVU»).

«El Colegio de CPA reconoce la precaria situación fiscal que enfrenta el país y entendemos que son necesarios unos cambios en estos momentos. Sin embargo, resulta imperativo continuar con los esfuerzos del Departamento de Hacienda para lograr una mayor captación y una reducción en la evasión de los recaudos del IVU, a fin de que éstos ingresen al erario público», expresó el presidente del Colegio.

Una de las recomendaciones más comentadas por los CPA es la Eliminación de la Exención a Servicios (Servicios de Negocio a Negocio (B2B). En general, la eliminación de la exención para los servicios designados y los servicios de negocio a negocio (los llamados «B2B») puede causar un aumento principalmente en los costos operacionales ya que la mayoría de las exenciones no tienen impacto directo en los consumidores. Si la imposición ocurre temprano en la cadena de las transacciones, dicho impuesto puede tener un efecto inflacionario devastador. Si se impone contribución a los insumos, esto va a tener el efecto de encarecer los bienes y servicios que son vendidos en la Isla. La imposición del IVU está predicada en que se imponga sólo al consumidor final de los bienes o servicios y no a los consumidores intermedios en la cadena. Tal imposición a los niveles intermedios tendría un efecto cascada al aumentar los costos operacionales y/o los costos directos de los negocios de Puerto Rico. El Colegio se opone a cualquier iniciativa que grave los insumos en las líneas de producción por entender que podrían tener un efecto inflacionario en los bienes y servicios generados a nivel local.

En cuanto a los servicios entre negocios («B2B»), no se deben gravar los insumos, así que cualquier imposición en los niveles intermedios debe incorporar o conceder algún tipo de alivio pues de otro modo, se han de encarecer los servicios. «El Colegio se opone a su aprobación» indicó el presidente. «No obstante», continuó diciendo, «si se decide eliminar la exención de B2B, entonces sugerimos proveer un alivio, tal vez a través de un crédito o reintegro».

«Sin embargo, reconocemos que el establecer estas disposiciones de crédito, aunque se ameritan, podrían complicar más el sistema, incluyendo la fiscalización. Es por ello que sugerimos se mantenga la exención de B2B que ya es conocida por los contribuyentes».

«Como en el pasado, continuaremos revisando las medidas que se presenten de impacto económico y orientando con nuestros comentarios a las personas que deben tomar estas decisiones», concluyó diciendo el CPA Rivera-Robles.