La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizó esta semana su segunda vista pública en la que citó al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico (DTRH) para conocer más detalles sobre la Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos.

«El Departamento del Trabajo expresó [en] su participación en torno a la Ley 80 y descarga en que es la Oficina de Gerencia y Presupuesto quien tiene que tomar la determinación final», manifestó en un aparte el senador y presidente de la Comisión de Gobierno, Ramón Ruiz Nieves.

El senador añadió que «algo bien importante es que [el Departamento del Trabajo] tienen cerca de unos 500 empleados que cualifican para el Sistema de Retiro, pero no pueden irse al mismo, porque reciben salarios compensados con fondos federales».

Ante preguntas del senador Ruiz Nieves para aclarar el rol que tiene el DTRH en torno a la ejecución de la Ley de Retiro Incentivado, la procuradora del trabajo Naihomy Álamo Rivera aclaró que la agencia no tiene la autoridad, ni la facultad para intervenir sobre la aplicación de la ley o hacer valer las cartas circulares emitidas por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para la implementación del programa.

De la ponencia se desprende que es la OGP quien cuenta con la información de los empleados elegibles al programa, cuáles de estos son esenciales y el impacto fiscal que representan, pues las agencias tenían la obligación de remitir la información dentro del termino establecido.

Cabe destacar que, en la primera vista pública que se dio en marzo, presentaron sus ponencias:

• la Oficina de Gerencia y Presupuesto
• la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
• la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal

En ese entonces, las agencias no pudieron precisar el impacto económico que tendría la implementación de la Ley de Retiro Incentivado.

Anticipan tercera vista

El senador Ramón Ruiz Nieves comentó que estará citando nuevamente a la OGP ya que le faltan unos datos sobre cuánto es el ahorro y cuánto cuestan esos empleados que se van a ir a el Sistema de Retiro.

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