La licenciada Guimazoa Miranda Hernández de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) explicó a Microjuris.com que las abogadas y abogados de defensa continuarán oponiéndose a que se vean las vistas contenciosas de los casos criminales—como las vistas preliminares o las vistas de necesidad— a través del sistema de videoconferencia.

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La licenciada Miranda Hernández explicó que el sistema de videoconferencia viola (1) el derecho del imputado, acusado o menor a consultar con un abogado, (2) el derecho del imputado, acusado o menor a colaborar directamente y sin intemediarios mecánicos ni obstáculos físicos con el abogado de defensa, en todas las etapas de su procesamiento penal, (3) el derecho del imputado, acusado o menor a confrontar presencialmente a los testigos en su contra, y (4) podría significar discrimen por condición social porque a los acusados bajo fianza se les permite estar presente en sala junto a su abogado y a los que no han podido prestar fianza, se les quiere obligar a participar del proceso de manera remota por videoconferencia.

«Extender el derecho es un abuso de discreción y una interpretación laxa del derecho», agregó.

También resaltó que la persona acusada que participa por videoconferencia en una vista contenciosa tiene una experiencia disminuida y menoscabada durante el enjuiciamiento.

«Solo se puede ver a través de las limitadas pantallas. No se percata de todo lo que ocurre. Esto impide la comunicación con el abogado. No se pueden comunicar de una forma discreta y privada. Eso también limita mucho la capacidad de desempeño», destacó la abogada de SAL.

Lo que pondría punto a la controversia —a palabras de Mirada Hernández— es que el Tribunal Supremo de Puerto Rico atienda el señalamiento de las defensas o que la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) conforme una reunión de consenso junto a los abogados y abogadas de defensa, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), la fiscalía y las demás partes interesadas.

«Yo sigo insistiendo en reunión de consenso», puntualizó.

Nota: El Tribunal Supremo de Puerto Rico le dio paso ayer, viernes, a una moción en auxilio de jurisdicción que presentó la Oficina del Procurador General para que el más alto foro revisara la determinación del Tribunal de Apelaciones en el caso contra Daniel Cruz Rosario, una persona acusada por un delito menos grave en el Tribunal de Arecibo.

A principios de julio, el tribunal apelativo determinó que los testigos en el caso de Cruz Rosario tenían que declarar sin mascarillas.

La defensa de Cruz Rosario tendrá 10 días para expresarse sobre la moción de la Oficina del Procurador General.

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