Descarga el documento: US v. Vega-Martínez

Según las acusaciones presentadas, en el 2013, los dueños de varias compañías de guaguas escolares en Caguas se pusieron de acuerdo para repartirse las rutas que el Municipio de Caguas disponía subastar. Luego del juicio, el tribunal los halló convictos y les sentenció a un año y un día de prisión más el pago de aproximadamente $100,000 cada uno. Dos de los dueños convictos llevaron sus casos ante el Primer Circuito.

En el 2013, el Municipio de Caguas subastó varias rutas para transporte pública entre varias compañías de guaguas para contratos con un término de 4 años.

El Municipio adjudicó las subastas a favor de varios dueños de guaguas. Un año más tarde trascendió que los dueños de las guaguas se habían puesto de acuerdo para adjudicarse entre estos las distintas rutas.

El esquema consistía en que al menos dos compañías someterían ofertas. Una de las compañías sometería una oferta muy alta, de modo que la compañía elegida entre éstos pueda someter una mejor oferta.

El resultado fue que el Municipio rechazó todas las ofertas y negoció directamente con quienes presentaron los precios más bajos para cada ruta. De ese modo, el esquema funcionó. Un año más tarde se propagaron rumores del esquema. Luego surgió que una de las coconspiradores grabó la reunión donde los dueños convictos desarrollaron el esquema. Los dueños involucrados fueron acusados y convictos por conspiración para restringir el comercio bajo la Ley Sherman, y por fraude de correo.

Para los convictos las acusaciones no se sostenían porque no se vio afectado el comercio interestatal, ni se utilizó el correo para realizar fraude.

Sin embargo, el Tribunal halló culpables a los acusados y los condenó a un año y un día de prisión, más un año de probatoria. Adicionalmente, les impuso la pena de restitución a todos los convictos, tomando en cuenta lo que facturaron como parte de su fraude contra lo que otras compañías facturaron luego de una subasta en el 2016. En cuanto a los apelantes, a Vega Martínez se le ordenó devolver la suma de $93,055 y a Garay Rodríguez la suma de $114,181. En apelación, los convictos sostuvieron que fiscalía federal no presentó prueba suficiente en su contra ni probaron una conexión con el comercio interestatal, entre otros argumentos. Los convictos también apelaron la cuantía impuesta como pena de restitución señalando que no es razonable.

El Primer Circuito sostuvo las convicciones y las cuantías de la pena de restitución. Para el Primer Circuito, la conexión con el comercio interestatal se materializó al momento en que se pagó por el servicio de guaguas escolares con fondos federales del programa No Child Left Behind. Adicional a esto, las compañías de guaguas adquirieron sus vehículos en el estado de Florida. Es decir, el equipo con el cual se realizó el fraude se obtuvo a través del comercio interestatal. Para el Tribunal esto es suficiente conexión con el comercio interestatal y establecer jurisdicción.

En cuanto al uso del correo para fraude, los elementos del delito incluyen el desarrollo de un esquema para cometer fraude y el uso del correo. En este caso, las compañías de transportación recibieron sus contratos y cartas de adjudicación de la subasta por correo, suficiente para que se les impute y halle convictos de dicho delito.

El Primer Circuito también sostuvo las cuantías establecidas como restitución. A pesar de que los apelantes sostienen que los precios eran básicamente los mismos, y que los precios del 2016-2017 no son adecuados por utilizarse rutas distintas, el Tribunal señala que esa prueba no es suficiente para impugnar la restitución impuesta.

por el Lcdo. Cristian González