Por Daniel Rivera Vargas

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) enfrenta retos que van desde prisiones con estructuras anticuadas, la posibilidad de perder cerca del 20% de sus empleados mediante retiro y hasta que los sueldos de sus funcionarios son casi un 30% más bajos de los que ganan sus contrapartes en Estados Unidos.

Los datos se desprenden de información suministrada el lunes durante las vistas de transición que se celebran en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

En el documento titulado Resumen suplementario, el DCR tiene un área identificada como "retos principales", en los que enumera dificultades que enfrenta la agencia, tanto en el área de los adultos, como en la de menores.

El retiro del 15.9% de la plantilla

Entre esos retos principales para la población adulta, el DCR detalló que tiene 1057 empleados "civiles" que pueden acogerse al retiro. Se trata de una cantidad significativa, porque la totalidad de los empleados de esta dependencia, según datos que surgen de la ponencia del DCR, es de 6,647.

En fin, podrían perder hasta el 15.9% de la plantilla.

Según expusieron, son empleados con condiciones laborales que también son identificadas como retos porque el sueldo promedio en el DCR es de $26,000, mientras que en Estados Unidos por esas mismas posiciones el ingreso es de $41,000.

Se trata de una diferencia de 34% entre el salario en Puerto Rico y el que encontrarían fuera del archipiélago.

El DCR destacó que existe un «estrés operacional y fiscal» por los terremotos, los huracanes y la pandemia por COVID-19.

Retos en las instituciones de menores

En el tema de menores, el DCR advierte que el principal reto es atender una "deficiencia en el servicio de salud mental".

Al mismo tiempo, se aseguró en los documentos oficiales que se trata de una "controversia resuelta".

Se plantea que hay una disputa sobre el cambio del actual proveedor privado de servicios, pero mientras el asunto se encuentra en el foro judicial, "se contrataron recursos psicológicos y psiquiátricos adicionales de apoyo ante cualquier fala que surja con el proveedor actual".

Se trata de un asunto en el que intervino el juez presidente del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, Gustavo Gelpí, advirtiendo que los datos suministrados revelan una alta cantidad de intentos de suicidio o de pensamientos suicidas entre los menores bajo la custodia del gobierno.

En la actualidad, existen 92 niños y niñas en instituciones juveniles.

Las instituciones juveniles se encuentran bajo la supervisión de un monitor federal desde 1994.

Los números del DCR

En otros datos suministrados por el DCR, la agencia informó que tiene bajo custodia y ofrece servicios a una población que está distribuida a través de 28 instituciones correccionales para adultos y 2 centros de tratamiento social para albergar menores privados de libertad.

Al 23 de octubre del 2020, la población correccional bajo custodia ascendía a 7,534 miembros de la población correccional adultos, 325 custodias federales en instituciones correccionales de adultos y 92 menores privados de libertad en instituciones juveniles.

El DCR también atiende a 1,000 imputados bajo el Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ), 532 participantes con dispositivo de la Unidad de Supervisión Electrónica (sentenciados), 6,549 personas que se encuentran cumpliendo en programas o penas alternas al confinamiento, de los cuales 6,374 están en programas de comunidad y 175 en programas de desvío.

Al 30 de septiembre de 2020, el DCR contaba con 6,647 empleados y —de esos— 4,254 son oficiales de custodia de diversos rangos.

La agencia informó que hay asignaciones recientes que totalizan unos $31,0000 millones para proyectos que incluyen mejoras estructurales como sellado de techo, instalación de alarmas remplazos de unidades de aire acondicionado, ventanas, portones y repavimentación.

Mientras, la Oficina de Tecnología e Informática —mediante un acuerdo con la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) y el Departamento de Justicia— ha implementado a gran escala, la instalación de la infraestructura y los servicios de 71 sistemas de videoconferencias para la celebración de vistas judiciales en distintas instituciones correccionales de adultos y menores.

La Secretaría Auxiliar de Asuntos Legales cuenta con seis abogados licenciados para ejercer la profesión de abogacía y notaría en Puerto Rico (incluyendo su Directora), 14 oficiales examinadores asignados a las Unidades de Disciplina de Empleados y Confinados, y nueve empleados administrativos distribuidos en la oficina de Nivel Central, Complejo Correccional de Ponce y Complejo Correccional de Aguadilla.

Quejas por disciplina

En el Año Fiscal 2019-2020, la Unidad de Disciplina de Empleados evaluó 725 querellas presentadas y la Unidad de Disciplina de Confinados atendió 3,663 casos disciplinarios referidos.

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