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Por Daniel Rivera Vargas

En un momento en que se observa un aumento de personas sin hogar en Estados Unidos y Puerto Rico enfrenta una nueva población en esta situación, una reciente decisión del Tribunal Supremo de EE. UU. que afecta a esta comunidad debería ser utilizada por los gobiernos como un llamado a actuar diligentemente para atender las necesidades de estos hombres y mujeres, según una activista en defensa de esta comunidad.

Caso sobre las personas sin hogar: Cuando arroparse con una frisa se convierte en un delito

Belida Hill, fundadora y directora ejecutiva de Solo Por Hoy, una fundación que ofrece servicios a la comunidad sin hogar, criticó el fallo emitido al final del último término del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso City of Grants Pass, Oregon, v. Johnson. En este fallo, el alto tribunal decidió, con una votación de 6 a 3, mantener una ordenanza municipal que puede llevar a la cárcel a una persona sin hogar simplemente por dormir en la calle.

«Los jueces son unos descabellados, fue 6 a 3, esos mismos jueces son los que dijeron que un presidente puede tomar cualquier acción como presidente y como dijo Donald Trump puede matar a una persona en la Quinta Avenida (Nueva York) pero, ¿una persona sin hogar puede ser encarcelada por que no tiene donde dormir?», sostuvo Hill.

La opinión de la mayoría reconoce que hay un problema con el aumento de las personas sin hogar, el cual afecta especialmente al oeste de Estados Unidos. Sin embargo, afirma que no le corresponde a los jueces federales «dictar la política de la nación sobre las personas sin hogar» y que eso es algo que cada comunidad debe atender por separado.

Agregaron que la respuesta no puede basarse en la aplicación de la cláusula de castigos crueles e inusitados de la Constitución federal, como había dictaminado el Tribunal de Apelaciones federal. Esta interpretación fue revocada en la reciente decisión del Tribunal Supremo.

«La falta de vivienda es compleja. Sus causas son múltiples. También lo pueden ser las respuestas de política pública necesarias para abordarlo. En el fondo, la cuestión que plantea este caso es si la Octava Enmienda otorga a los jueces federales la responsabilidad primaria de evaluar esas causas y diseñar esas respuestas. No lo hace», reza la opinión escrita por el juez Neil Gorsuch.

La ordenanza en cuestión de esta ciudad de Oregón establece que una persona puede ser penalizada por dormir en la calle: la primera infracción conlleva una multa de $290, y para un reincidente, la segunda infracción puede resultar en una multa de $1,000 y además 30 días de cárcel.

La jueza Sonia Sotomayor escribió la disidente. «Dormir es una necesidad biológica, no es un crimen. Para algunas personas dormir en la calle es la única opción».

«Tengo la esperanza de que algún día en un futuro cercano, este Tribunal desempeñe su papel de salvaguardar las libertades constitucionales de los más vulnerables entre nosotros. Debido a que el Tribunal hoy abdica de ese papel, respetuosamente disiento», agregó la disidente de Sotomayor.

Entrevistada por Microjuris, Hill mencionó que el estudio más reciente sobre las personas sin hogar, realizado por el Departamento de la Familia y otras entidades, fue publicado esta semana. Según Hill, este estudio muestra que el número de personas sin hogar es menor que en años anteriores.

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En 2024, se estima que hay 2,096 personas sin hogar en Puerto Rico, mientras que en 2009 la cifra era de 4,070. El estudio concluye que, aunque se registra una menor cantidad de personas identificadas en 2024 en comparación con 2022, se observan cambios en las características de la población que presentan un mayor nivel de complejidad.

También indica que «igualmente se observan diferencias por Sistema de Cuidado Continuo que reflejan disparidades en términos geográficos y cómo estas inciden en el sinhogarismo» y que «aún cuando en el área norte y metro son mayores por cientos de personas albergadas, la proporción de personas literalmente en la calle sigue siendo significativa».

Hill mencionó que esta decisión federal llega en un momento en el que se observa un aumento de personas sin hogar en todo Estados Unidos, y ella también ha notado un incremento en esa población.

«A mi oficina llegan dos desahucios semanales cuando antes (de la pandemia del COVID) llegaban dos al año», sostuvo Hill.

Añadió que el caso federal debería ser un llamado a los gobiernos estatales y municipales para utilizar los mecanismos existentes y explorar nuevas vías para ayudar a estas personas.

Sostuvo que en el caso de la ciudad de Oregon, el estado aprobó recientemente una ley que supera la directiva municipal. Esta establece que antes de tomar cualquier medida contra una persona sin hogar, debe hacerse un esfuerzo por proporcionar opciones, como albergue o ayuda económica, y que solo se intervenga con esa persona si rechaza la ayuda ofrecida.

Aunque no prevé medidas contra las personas sin hogar en el futuro cercano, especialmente debido al efecto político que podría tener en un año electoral, Hill lamentó que las leyes actuales a favor de las personas sin hogar no se estén cumpliendo. Mencionó que la Ley 130, que establece el Consejo Multisectorial para las Personas sin Hogar, ordena que todas las agencias públicas tengan un protocolo para atender a las personas sin hogar, y actualmente ninguna agencia cumple con ese requisito estatutario.

También mencionó que se deben realizar gestiones en Washington D.C. para aumentar el valor de los vales de vivienda. Actualmente, estos son de aproximadamente $530, pero el costo de alquiler de apartamentos de un dormitorio en algunas partes de Puerto Rico comienza en $700.

Parte del problema, según dijo Hill, es la proliferación de los alquileres a corto plazo, ya que muchos arrendadores están desalojando a personas que antes les pagaban el alquiler, motivados por la ilusión de obtener mayores ingresos con alquileres a corto plazo.

Esto ha llevado a una nueva población a vivir en las calles: personas que antes pagaban alquiler, pero ahora se enfrentan a precios tan elevados que no pueden encontrar dónde vivir.

«Que los llamados al gobierno hagan su trabajo y que los legisladores vengan a la mesa con nosotros para buscar soluciones viables. Una organización como la mía no debería existir, no deberíamos tener gente en la calle, y cada día son más», sostuvo.