Por Daniel Rivera Vargas

El proyecto congresional bipartita que facilita la eliminación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) es bueno siempre y cuando sea cierto que depende de que haya dos presupuestos verdaderamente balanceados, según un abogado litigante en el foro federal.

El proyecto "Territorial Relief Under Sustainable Transitions (las siglas en inglés TRUST, o en español confianza) por Puerto Rico ACT", es de la autoría del congresista por Nueva York, Richy Torres, y fue presentado en el Congreso con el respaldo de la comisionada residente Jenniffer González, el republicano por Florida Darren Soto, la demócrata Nydia Velázquez, por Nueva York, y

Raúl Grijalva, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, que tiene jurisdicción sobre los temas de Puerto Rico.

La medida enmienda la disposición de la ley federal PROMESA que permite el fin de la JSF cuando haya cuatro presupuestos consecutivos, y reduce el tiempo a dos años; dispone que en 90 días tras los dos presupuestos certificados debe la JSF ceder sus poderes, y elimina el requisito de acceso a los mercados como condición para que se vaya el cuerpo fiscal creado por PROMESA.

"La Junta de Supervisión y Administración Financiera representa un pecado capital contra la soberanía y autodeterminación de Puerto Rico. Es el ejemplo más atroz del colonialismo moderno en Puerto Rico y debe ser abolido", dijo el autor de la medida, el congresista Richie Torres.

José Bagué, un abogado conservador que litiga en la esfera federal, dijo que está de acuerdo con la intención de la medida, y que debería buscarse la aprobación en ambos cuerpos legislativos de inmediato, porque el gobierno de Puerto Rico se ha inclinado más a favor del Partido Demócrata y es posible que los demócratas pierdan el control de la legislatura federal en noviembre próximo.

"Si cumple con los dos presupuestos balanceados, se deben devolver todos los poderes al gobierno estatal porque ya lo han probado que pueden ser responsables", sostuvo Bagué.
Sin embargo, debería ser un presupuesto verdaderamente balanceado, que no dependa de fondos federales de recuperación. Dijo que él entiende que el presupuesto debería "cumplir" con la Constitución, no tener medidas "que francamente hacen mucho daño" como el actual impuesto al inventario y criticó el actual tamaño del gobierno y sus gastos.

"Esto fue un daño autoinfligido... No acepto que vengan a decir que la culpa de esto es de Estados Unidos cuando fue aquí el problema. Gastamos más de lo que teníamos. Eso no se hace ni en la casa, ni en el negocio ni en el gobierno", dijo Bagué.

Cuando la medida fue anunciada la semana pasada, se anticipó que «esta primavera» el proyecto se estaría evaluando en vista pública y se especuló que si el Congreso aprueba la medida y el presidente Biden lo convierte en ley, podría llevar a que la salida de la JSF de Puerto Rico sea tan pronto como a fines de 2023 o principios de 2024.

«Ahora que Puerto Rico salió de la quiebra, estamos listos para otro capítulo sin una Junta de Supervisión", afirma la comisionada residente. "Al establecer los parámetros para esa transición, este proyecto de ley es un paso importante. Insto tanto a la Cámara como al Senado a actuar rápidamente para aprobarlo y convertirlo en ley", dijo Velázquez. "Los recortes de austeridad de la Junta de PROMESA han durado demasiado", sostuvo Soto, todos en declaraciones escritas.

La medida cuenta con el respaldo del gobernador Pedro Pierluisi. "El tiempo ha llegado para mirar a un futuro de progreso y responsabilidad fiscal para Puerto Rico sin la junta", dijo el Gobernador.