La abogada de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), Iris Y. Rosario, contó a Microjuris.com los retos por el desgaste que sufren muchos en el gremio, las alegrías tras sacar personas inocentes de las cárceles y hasta cinco propuestas que un nuevo gobierno debe poner en agenda para encaminar un mayor acceso a la justicia.

Empecemos con las alegrías

Rosario forma parte del equipo que demostró que Armando Torres Rivera había pasado 28 años encerrado por un crimen que no cometió.

Después de cuatro años de mucho trabajo, el equipo logró probar que todos los perfiles genéticos que aparecieron en el pantalón de la víctima no estaban relacionadas a José Armando.

«Algunas veces, el trabajo es gratificante […] Los abogados y las abogadas también salvan vidas», sostuvo.

La abogada planteó que son estos momentos gratificantes los que se deben recordar cuando más complejo sea el proceso hacia el resultado.

Los retos que trajo la pandemia

La abogada también destacó que nos enfrentamos a un contexto que nunca antes habíamos presenciado y «lo que me han dicho mis compañeras es que se sienten tristes y desanimadas».

«No es fácil tener un vínculo de confianza como el que se supone que tiene que haber cuando no se lleva a cabo una entrevista como se tiene que llevar a cabo […] Es bien difícil recibir cartas de parte de los confinados y las confinadas porque todo eso se ha afectado también. De otra parte, es bien difícil ir a una institución porque algunas veces hay cuarentenas. En otras ocasiones, se restringen un poco las entradas. Ese tránsito —digamos libre— que permitía que yo fuera a una institución y entrevistara a alguien que me está diciendo que es inocente o que necesita que le revisen la sentencia es difícil», contó la abogada de defensa.

5 propuestas para la próxima administración

Rosario señaló una serie de propuestas que un nuevo poder ejecutivo y legislativo puede considerar al momento de encaminar sus proyectos de acceso a la justicia.

1. Moratoria para que no hayan menores juzgados como adultos

Para la abogada, lo primero que se debe hacer es establecer la moratoria, recoger los datos de cuántos menores han sido juzgados como adultos y qué resultados ha tenido la política criminal.

2. Promover que el «principio de favorabilidad» o la pena más favorable impere 

La licenciada Rosario destacó la importancia de que se aplique de forma retroactiva la pena más favorable para la persona sentenciada.

Es decir, que no haya una persona cumpliendo 30 años de sentencia que duerme al lado de otra que cumple ocho años por cometer el mismo delito y que la única diferencia sea el año en que cometieron el delito y el Código Penal o la ley que les aplicó en ese momento.

3. Reforma de las penas 

«No pueden haber penas mayores de 25 años», destacó la abogada.

Según contó, será necesaria una reforma sobre las penas que considere las mejores prácticas penales que han propuesto los peritos en el tema.

4. Examinar la Ley de Armas a cabalidad

La también profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) sostuvo la necesidad de atender las penas en la Ley de Armas por su efecto en la sentencia final de la persona.

5. Limpiar el récord de la persona que cumplió su pena

Para la profesora, es importantísimo que la persona que cumplió con su pena tenga un récord de antecedentes penales que esté limpio y libre de cualquier condena.

A largo plazo —según contó la profesora—un récord criminal «manchado» provoca más reincidencia.

Un bonito de navidad de la licenciada

«Si hay algo que ha quedado evidenciado es que nuestros operadores judiciales —entiéndase fiscales y jueces— no han podido cambiar su mentalidad de que en este momento la única forma de tener las instituciones sin COVID es no ingresar a nadie más», puntualizó la profesora.

«Tiene que haber un cambio de mentalidad para que la cárcel sea la última opción», culminó.

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