Ante la crisis fiscal y económica que sufre el país, agudizada por la catástrofe provocada tras el paso del huracán María, se hace más urgente aprobar con celeridad en la corriente sesión ordinaria la Resolución Concurrente Número 25, que exige la exclusión de Puerto Rico del ámbito de la aplicación de las leyes de cabotaje.

Así lo indicó hoy el portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, al puntualizar que la realidad existente tras el impacto del más reciente fenómeno natural ha puesto de manifiesto un ambiente favorable para impulsar la aprobación de la resolución.

«El paso devastador del huracán María y la consecuente agudización de la crisis fiscal, económica, social y política que venía sufriendo el país ha creado un momento propicio en los EEUU para impulsar esta medida. Ante la crisis el propio gobierno estadounidense, reconociendo que representa un obstáculo para la recuperación económica y humanitaria, decidió ponerla en suspenso. El problema es que fue temporero y muy poco tiempo. La crisis requiere exigir de acuerdo a nuestras necesidades y una exigencia tiene que ser romper las amarras del monopolio naviero estadounidense. El gobierno federal que tanto defiende y cacarea sobre el libre comercio, nos impone un monopolio naviero dañino, que nos extrae del bolsillo más de 500 millones de dólares anuales», sentenció el Legislador independentista.

Dalmau Ramírez recordó que en 1995 el PIP consiguió que una resolución concurrente similar fuera aprobada en Cámara y Senado con el voto de la entonces mayoría parlamentaria del Partido Nuevo Progresista (PNP) así como de legisladores del Partido Popular (PPD).

«La realidad actual hace imposible que los poderosos sectores vinculados a la marina mercante de los EEUU continúen imponiendo una legislación que obliga a un país pobre como Puerto Rico a subvencionar la marina mercante de un país rico como los EEUU. Si hace dos décadas resultaba beneficioso y justo exigir al Congreso que eximiera a Puerto Rico del ámbito de aplicación de las leyes federales sobre cabotaje, la situación actual lo hace absolutamente imprescindible. Esta resolución constituye un reclamo inequívoco para que así se haga», concluyó Dalmau Ramírez.