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Darían prioridad a los contratos de servicios con la UPR

07 de abril de 2022
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La Cámara de Representantes tendrá ante su consideración el Proyecto de la Cámara 1304 presentado por el representante Joel I. Franki Atiles, que propone crear la Ley de Alianza de Contratación de Servicios Gubernamentales con la Universidad de Puerto Rico (UPR) a fin de disponer que las instrumentalidades de la Rama Ejecutiva deban priorizar la contratación de sus servicios con dicha institución universitaria.

Lee aquí el proyecto de ley

La pieza legislativa en su exposición de motivos resalta varios atributos sobre la UPR, desde el haber sido reconocida como el mejor centro docente del país y ser una de las mejores universidades hispanoamericanas, así como el estar entre las 10 primeras universidades de Estados Unidos en el campo de la ingeniería, entre otros logros, pero a su vez, destaca tambén la difícil situación fiscal en la que se encuentra dicha institución universitaria pública.

El autor de esta medida señala que aunque el Gobierno de Puerto Rico promedia la cantidad de «mil millones» en contratos, lo que ha recibido la UPR durante pasadas administraciones ha sido un porcentaje muy bajo en cuanto a contrataciones se refiere.

Según el Franki Atiles, la institución universitaria podría generar economías en dichas contrataciones gubernamentales y a su vez aportar con su acervo pericial, además de proveer un mecanismo adicional de financiamiento brindando oportunidades de experiencia y remuneración laboral a estudiantes universitarios y profesionales puertorriqueños en formación. 

Se desprende del proyecto que esta legislación pretende establecer que el Gobierno de Puerto Rico, antes de otorgar un contrato al sector privado sobre servicios, proyectos, iniciativas y/o consultorías, le deberá requerir a la UPR una propuesta para que dicha prestación de servicio pueda ser ejecutada por la institución universitaria.

De esta forma, la UPR se convertiría en el principal suplidor de la Rama Ejecutiva, sus instrumentalidades y corporaciones públicas para todas sus necesidades de servicios de carácter profesional, consultivo, investigativo, de publicidad, cabildeo, cuidados de salud (incluyendo pero no limitándose a niños o envejecientes), así como los servicios periciales tales como ingeniería, abogacía, arquitectura, agrimensura y contaduría.

Además, establece que los servicios serán suplidos mediante contratos con la Universidad de Puerto Rico y solo se le relevará de dicha responsabilidad en los casos en que la misma no cuente con el personal u otros recursos capacitados para ofrecer los servicios mencionados.

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