El Teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico fue la sede del conversatorio Reforma a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y el deber ser del Derecho Administrativo, auspiciado por la Clínica de Asistencia Legal de esa institución.

La actividad tuvo como propósito principal el discutir el Proyecto de la Cámara 1130, ante la consideración de la legislatura, que propone una revisión exhaustiva a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), una ley que por más de 25 años ha servido como pieza central para regular los mecanismos mediante los cuales las agencias de gobierno operan dentro del ordenamiento.

Las premisas principales a discutirse, y que fueran inicialmente planteadas por los anfitriones y anfitrionas:

¿Qué elementos e intereses motivan esta propuesta de revisión a la LPAU? ¿Qué entendidos sociales y políticos deben inspirar las relaciones entre el Estado y la ciudadanía? ¿Debe una revisión a la LPAU estar limitada y/o condicionada por el texto original, o deben ampliarse los términos de la discusión para acometer la tarea como una reforma al derecho administrativo puertorriqueño? ¿Qué principios fundamentales deben regir sobre la función de las agencias del Estado?, entre otras tantas.

Para discutirlas y debatir sobre ellas, la actividad contó con la participación de los profesores de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico Erika Fontánez y William Vázquez-Irizarry, la licenciada Laura Arroyo, ayudante de la Secretaria del Departamento de Recursos Naturales, Jorge Oyola Torres, portavoz de la Alianza de Líderes Comunitarios y de la Comunidad Los Filtros de Guaynabo, la licenciada Ruth Santiago, abogada ambientalista y portavoz del Comité de Diálogo Ambiental y Luis Vega Ramos, Presidente, Comisión de lo Jurídico, Cámara de Representantes de Puerto Rico.

Vázquez-Irizarry, quien enseña la clase de Derecho Administrativo en la Universidad de Puerto Rico, comenzó la discusión explicando que la ciudadanía realmente desea cambios en el gobierno, lo que no significa que hay que cambiar la ley. No obstante, aclaró que sí existe la necesidad de reformarla examinando, incorporando y/o rectificando 25 años de jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico y varios principios que giren en torno a la utilización de tecnologías, la eficiencia de servicios y el mejoramiento de la relación entre la ciudadanía y el gobierno.

Sobre el aspecto de la eficiencia en los servicios, el catedrático indicó que habría que cuestionarse si el campo administrativo ha sido demasiado colonizado por los abogados y abogadas, puesto que se ha incumplido la promesa de que los ciudadanos puedan llevar a cabo los procesos sin la necesidad de contratar abogados que les asistan. Vázquez-Irizarry puntualizó que las agencias no han facilitado esos procesos pues no han creado los formularios pertinentes para que se pueda lograr.

Por otra parte, en el acápite del mejoramiento de las relaciones con la ciudadanía, este lanzó una propuesta de que se incluya en el título I de la ley un acápite para "Principios de Actuación administrativa". Esta propuesta se inspira en propuestas similares que se han presentado en países como la República Dominicana donde recientemente se aprobó la Carta Iberoamericana de la Gestión Pública. La propuesta daría la oportunidad de incorporar los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. La sección propuesta recogería varios principios por los cuales las agencias deberían regirse en sus interacciones con la ciudadanía, deberes a las personas que trabajan en estas dependencias y ciertos derechos específicos a la ciudadanía.

Entre los deberes de los funcionarios se encuentran: facilitar peticiones de las personas, publicar derechos de las personas, deber de tratar con cortesía y cordialidad, de habilitar espacios idóneos para revisar expedientes. Entre los derechos de la ciudadanía se encuentran: el derecho a ser tratado con cortesía, derecho a conocer la evaluación de la agencia, a evaluar la agencia, el acceso a espacios habilitados para revisar expedientes, entre otros.

Por su parte, la abogada ambientalista Ruth Santiago opinó que se necesita determinar qué participación tienen los ciudadanos pues el proyecto actual no tiene cambios significativos para que las comunidades puedan participar.

Santiago también expresó que la reforma a la LPAU debe incluir cambios que conduzcan a remediar el poco acceso a la información que impera actualmente y señaló las malas experiencias que tienen muchas personas tratando de obtener documentos e información básica para poder participar en procesos. Santiago identificó precisamente el acceso a la información como el primer obstáculo fundamental para poder tener un debido proceso de ley.

Por su parte, la profesora Erika Fontánez comenzó su alocución trazando una línea histórica sobre los distintos abordajes del derecho administrativo.

Cuando se concibió el derecho administrativo, este era un modelo gerencial. El estado burocráticamente era una gran gerencia. Esta idea gerencial partía de la premisa de que el gobierno representa el bien común. Por ello, según la catedrática, no hacía sentido que los ciudadanos participaran de procedimientos administrativos si el gobierno tenía algo mejor que decir en su representación.

"¿Para qué la gente iba a participar si el biólogo tendría algo mejor que decir? ¿Para qué un pescador de Vieques iba a participar si iba a representarle alguien del Departamento de Recursos Naturales?".

No obstante, Fontánez subrayó que esa idea de que la agencia representa el interés público ya no es legítima.

Ese modelo luego erosionó para dar paso a lo que algunos llaman el "agency capture", donde son los peritos quienes más saben. Esto dio paso a la idea de que las agencias no representan el interés público sino que eran capturadas por los intereses con mayor poder de negociación. Las agencias respondían entonces al cabildeo o al mayor poder.

No obstante, esta visión de los saberes fue también cuestionada, lo que dio paso a un tercer abordaje que incluye la visión de la experiencia como fuente del saber.

"Por ejemplo, los pescadores son también peritos porque son quienes se benefician y aprenden de la experiencia diaria", explicó Fontánez.

La profesora explicó que lo ideal es crear una ley que pueda integrar los tres abordajes: la idea del perito, la idea de la agencia como representante del interés público y la idea de la experiencia como fuente del saber.

"Así la agente de Caimito tiene algo que decir de la quebrada porque ha vivido más de 40 años ahí. Esas premisas tienen que estar en la ley para hablar sobre verdadera reforma e incorporar la verdadera idea de estado y ciudadano", subrayó.

Fontánez también explicó su pensar específico sobre el Proyecto 1130, explicando que no se debe incluir la jurisprudencia de los pasados 25 años "que lo que ha hecho es desvirtuar aún más lo poco que teníamos de las premisas de participación y apertura por parte de las agencias".