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Por Fernando Moreno Orama
Decano de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico

Cada año, para estas fechas, la American Bar Association (ABA) publica las estadísticas más recientes sobre el pase de reválida por escuela de derecho y se revive el debate sobre el desempeño de las instituciones locales. En el informe más reciente, se rompió la racha que llevábamos en Puerto Rico en la que por los pasados dos años ninguna de las tres escuelas alcanzó el por ciento requerido por la referida agencia acreditadora.

Escuela de Derecho UPR en cumplimiento con estándar ABA sobre pase de reválida

Según el informe de este año, que mide el desempeño de la clase de 2021, la Universidad de Puerto Rico alcanzó un 80% de aprobación, mientras que la Universidad Interamericana llegó a un 66% y la Pontificia Universidad Católica reportó un 63%. Puestos en contexto, estos números tienen un elemento positivo para todas las universidades, pues dejan claro que los esfuerzos realizados en cada una de ellas están rindiendo frutos; tanto en el agregado como individualmente estamos viendo una paulatina mejoría y los números de pase más altos en más de una década. Si los comparamos con los del cohorte del 2020 reportado el pasado año, la Católica tuvo el mejor desempeño con un 73%, seguido de la Universidad de Puerto Rico con un 71% y la Interamericana con un 62%.

Sin embargo, esos mismos números demuestran, lamentablemente, que al parecer no hay espacio para que las tres universidades alcancen el 75% de pase al mismo tiempo. Estamos ante un escenario donde la ganancia de unos es la pérdida de otros, y creo que podemos estipular que la reválida no es una competencia entre escuelas sino un examen para medir las competencias mínimas de aquellas personas que desean practicar la abogacía en Puerto Rico. Los números antes expuestos demuestran que para que una escuela alcance o sobrepase el 75% otras dos escuelas deben tener números rondando el 60% o inferiores.

Ante ese escenario, el logro de la Universidad de Puerto Rico, si bien es motivo de celebración, debe ser tomado en su justa perspectiva, pues los señalamientos que se han estado haciendo sobre la necesidad de reformar el proceso de licenciamiento de juristas en Puerto Rico es hoy más pertinente que cuando se enmendó el estándar 316 de la ABA en el 2019. Como jurisdicción, debemos tener una conversación que trascienda la reválida y nos encamine a formar parte de los cambios que están ocurriendo a lo largo y ancho de los Estados Unidos.

Esta semana, la National Conference of Bar Examiners (NCBE), entidad encargada de las reválidas uniformes utilizadas en los Estadus Unidos, anunció que ya 16 jurisdicciones han anunciado que adoptarán la nueva versión de la reválida conocida como NextGen Bar Exam, que comenzará a ofrecerse en el 2026. Al mismo tiempo, varios tribunales supremos estatales han adoptado planes alternativos de licenciamiento, y California, una de las jurisdicciones más celosas con su reválida, está considerando adoptar cambios significativos, entre los que se encuentra ofrecer el examen en línea, crear un proceso alternativo de licenciamiento sin reválida que incluya una práctica supervisada y medidas de reciprocidad más amplias para las personas que ya están licenciadas en otras jurisdicciones. Todas esas acciones responden a un reconocimiento de la necesidad de examinar el conocimiento de forma que sea más coherente con las demandas de la práctica que enfrentará una persona recién graduada de derecho.

En Puerto Rico debemos volver a la mesa de diálogo para repensar la entrada a la profesión legal. En este proceso es necesaria la participación de todos los componentes del ecosistema jurídico, desde las universidades hasta Tribunal Supremo, de los bufetes a los departamentos legales de las agencias, de las organizaciones profesionales a aquellas que ofrecen servicios a legales a personas indigentes. Nuestra jurisdicción tiene particularidades como el idioma y la mezcla de tradiciones legales, pero ello no debería ser razón para aislarnos aún más de las dinámicas que permitirían que nuestros abogados tengan oportunidades más competitivas al terminar sus estudios. El trabajo que ya se comenzó, debe continuar con más ímpetu que antes, porque la meta compartida es lograr la formación de las futuras generaciones de juristas y ampliar el acceso a la educación y la profesión jurídica a lo largo y ancho del archipiélago.

En la PUCPR tenemos como misión innovar en todos los ámbitos de la educación legal y ello incluye mejorar el proceso de preparación para la reválida. Con ese propósito hemos creado un exitoso programa de mentoría individualizada que refuerza conocimientos, ejercita destrezas y enfatiza en la práctica consciente de los aspectos que el examen requiere. Luego de varios años en desarrollo y de ir haciendo los ajustes necesarios, en la reválida de septiembre de 2023 nos posicionamos como la Escuela con el mejor pase de primerizos en Puerto Rico al alcanzar un 62%. Sin embargo, lejos de descansar en esas pequeñas conquistas, sabemos que el momento histórico nos obliga a buscar la construcción de un proceso más llevadero para todas las partes envueltas y que mantenga las garantías a la sociedad sobre la competencia de sus juristas.

¿Qué planifican las tres escuelas de derecho para este 2024?

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