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La reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso de las píldoras abortivas es interesante por diversas razones, según una profesora de derecho constitucional.
La catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Yanira Reyes Gil, aseguró en entrevista con Microjuris que revela una composición atípica en el alto foro, expone las particularidades de uno de sus jueces y es un paso a favor de las mujeres y personas gestantes, según la profesora de derecho constitucional.
«Me parece que, por lo menos, se hace un poco de justicia en lo que el caso finalmente llega a ser atendido por el tribunal Supremo. La decisión que había tomado el estado de Texas y luego el Quinto Circuito de Apelaciones ponía en un estado de incertidumbre a miles de mujeres en el acceso abierto por medicamentos», dijo la profesora.
«Esta decisión del tribunal de Texas revertía la aprobación de FDA de hace más de 20 años, a un medicamento que ha demostrado ser seguro. Esto colocaba en una posición de indefensión, o forzadas a completar su embarazo, a mujeres o personas gestantes, incluso a buscar abortos clandestinos», sostuvo .
La noche del viernes, en el caso Danco Laboratories v. FDA, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, declaró ha lugar los pedidos de paralizar una orden de un juez de Texas que tenía el efecto de ilegalizar el medicamento llamado mifepristone. La decisión de cuatro páginas tiene solo dos disidentes, Clarence Thomas, sin expresión alguna, y Samuel Alito, con un breve disenso de cuatro páginas.
La profesora Reyes Gil explicó que la decisión lo que hace es mantener el estado de derecho en lo que el caso es finalmente atendido en sus méritos en los foros inferiores.
Agregó que la decisión es interesante, entre otras razones, porque siete de los nueve jueces del Supremo, incluyendo los cuatro nombrados por el pasado presidente republicano Donald Trump, fallaron a favor de paralizar la orden que ilegalizaba el medicamento.
Mientras, los que disintieron incluyen a Thomas, quien actualmente está en cuestionamiento ético, en alusión a reciente información financiera no reportada por el juez y por Alito, el mismo que escribió la opinión de mayoría en Dobbs, el caso que revirtió el estado de derecho de medio siglo que daba protección federal a las terminaciones de embarazos bajo Roe v. Wade, quien hizo expresiones lamentables para la catedrática.
«Los solicitantes no deben recibir una orden de paralización porque no hay demostrado que podrían sufrir un daño irreparable», expresó Alito en su disidente.
«En su disenso Alito hace expresiones que nos parecen preocupantes. Una es que niega que hubiera un daño irreparable si se mantenía la decisión del quinto circuito. Eso es no entender las implicaciones de impedir el acceso al medicamento para miles de mujeres y personas gestantes en todo Estados Unidos y sus territorios. Se demuestra nuevamente que el juez Alito no tiene ningún conocimiento del impacto de esta restricción», sostuvo.
Reyes Gil añadió que la decisión es preocupante también, no solo por las personas gestantes, sino por las implicaciones de que tribunales carentes de peritaje científico pongan en duda la labor de la FDA, abriendo las puertas a que otros tribunales invaliden medicamentos para numerosas condiciones de salud obviando la pericia de agencias especializadas como la FDA.
Asimismo, a la profesora le llama la atención que el juez Alito critica el llamado «shadow docketing», en el que el alto foro interfiere en controversias que no están en su consideración por un mecanismo procesal, afectando casos pendientes.
Esta práctica había sido criticada anteriormente porque en ocasiones, y contrario a este caso, son jueces conservadores los que estratégicamente usan ese mecanismo para afectar casos.
Más allá de la contradicción, Reyes Gil agregó que Alito hace expresiones que no son correctas porque en este caso hubo posiciones escritas y las partes pudieron fundamentar sus posiciones.
Opinó, además, curioso cómo se pide una intervención federal en este caso de la píldora abortiva cuando en el caso Dobbs lo que se hizo fue sacar la intervención del gobierno federal en el tema del aborto para que sean los estados los que decidan si aplica el aborto en su jurisdicción. «Es una total contradicción», sostuvo.