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La Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA) ganó la demanda que radicó contra el Negociado de la Policía de Puerto Rico para hacer cumplir la Ley de Armas de Puerto Rico 168-2019, la cual establece que las personas con impedimento físico están exentas de pagar un comprobante con la radicación de su solicitud nueva de licencia de armas y/o renovación.

"Fuimos en auxilio del tribunal en defensa de los derechos de las personas con impedimento físico, al enterarnos de que las personas con impedimento físico se han visto afectados adversamente por la práctica ilegal del cobro de un comprobante con la radicación de su solicitud nueva de licencia de armas y/o renovación", declaró su presidente Ariel Torres Meléndez.

Mediante el pleito incoado, se logró que el tribunal obligara a la Policía de Puerto Rico a poner en vigor el derecho adquirido por las personas con impedimento físico/socios de CODEPOLA al solicitar una licencia de armas nueva y/o renovación de estar libre del cobro de un comprobante. Esta decisión beneficiará a toda persona con impedimento que tramite su licencia de armas en la isla.

Torres Meléndez explicó que todo el proceso adverso inició con la intervención de la División Legal de la Policía de Puerto Rico, asegurando que, cuando comenzaron a otorgarle licencia a las personas sordas y otras con diversos impedimentos físicos, "la Policía de Puerto Rico estaba entregando las licencias de armas sin el pago de comprobante sin ningún problema, como dicta la ley". 

Recalcó que esta decisión de cobrarle comprobantes a las personas con impedimento surgió bajo una directriz de la División Legal de la Policía de Puerto Rico, violentando el Artículo 2.06, inciso A de la Ley168-2019, la cual especifica que "toda persona con impedimento físico y/o los atletas de alto rendimiento están exentos del pago de sellos y comprobantes, lo que les garantiza su derecho a defenderse de forma menos onerosa".

CODEPOLA prevaleció por segunda ocasión, ya que había ganado otra demanda radicada por iguales términos, pero a favor de los miembros de la Guardia Nacional de Puerto Rico, porque en la misma ley indica que están exentos del pago de comprobantes, "pero se les ocurrió decir a la Policía que solo era a los policías militares".