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Tras dos prórrogas, la procuradora general federal, Elizabeth B. Prelogar, explicará hoy al Tribunal Supremo de Estados Unidos (TSEU) por qué las personas que residen en Puerto Rico no tienen derecho al Seguro Social Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).
Específicamente, presentarán su escrito de apertura y su apéndice en el caso.
Mientras tanto, el presidente Joe Biden —que en campaña se comprometió a retirar el caso del Supremo—sostuvo en declaraciones escritas que «los residentes de Puerto Rico deberían poder recibir los beneficios del SSI, al igual que sus compatriotas en los 50 estados y en Washington D.C.».
«Pido al Congreso que enmiende la Ley del Seguro Social para extender estos beneficios a los residentes de Puerto Rico. Y como reiteré en mi primera solicitud de presupuesto, también apoyo la eliminación de los límites de financiación de Medicaid para Puerto Rico y el avance hacia la paridad del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria para alinearse con los estados… Mi Administración trabajará con los miembros del Congreso para hacer realidad estos arreglos legislativos«, añadió.
"There can be no second-class citizens in the United States." Agreed. The US citizens of Puerto Rico deserve equality—not only in benefits but in every respect. And only statehood can guarantee equal US citizenship for Puerto Ricans. https://t.co/5fCKUcODCt
— Christina D. Ponsa-Kraus (@profponsakraus) June 7, 2021
El Departamento de Justicia de Biden no retiró el caso sobre el SSI para las personas que residen en Puerto Rico, pero sí retiró otros casos que se encontraban pendientes ante el Tribunal Supremo.
Sin embargo, Biden insistió en que «el Departamento de Justicia tiene una larga práctica de defender la constitucionalidad de las leyes federales, independientemente de las preferencias políticas».
En entrevistas pasadas con Microjuris.com, personas expertas en el tema señalaron que el Supremo Federal estaba dilatando el proceso para atender Vaello-Madero por deferencia al nuevo gobierno de Joe Biden, que prometió en campaña que retiraría la impugnación que presentó la administración de Donald Trump para que el Supremo de Estados Unidos no tuviese que revisar la controversia.
La pregunta que atenderá el TSEU es si el Congreso violó el derecho a la igual protección de las leyes cuando decidió que el SSI estaría disponible para las personas que residen en los 50 estados, en Washington DC y en las Islas Marianas, pero no para quienes residen en Puerto Rico.
El Policy Basics: Aid to the Aged, Blind and Disabled del Center on Budget and Policy Priorities publicó un documento que expone cómo Puerto Rico tiene una serie de limitaciones a la hora de acceder a la red de ayudas socioeconómicas de Estados Unidos, que en algunos casos los residentes del archipiélago tienen un acceso parcial, o está totalmente excluidos, como es el caso del SSI.
«El principal hallazgo es que hay una disparidad enorme en los dos programas que verdaderamente no se justifica, y Puerto Rico —como territorio o estado— tiene un grado enorme de pobreza que ronda el 44% de la población, lo que es mucho más alto que el promedio nacional de Estados Unidos, que es casi 11%», afirmó previamente a Microjurus.com el analista de políticas públicas de Puerto Rico para el CBPP, Javier Balmaceda.