El Departamento de Justicia de los Estados Unidos entabló una demanda contra de la Policía de Puerto Rico, reclamando que esa agencia discriminó contra una mujer policía, al alegadamente no intervenir para detener las distintas situaciones de acoso que vivió por razón de su raza, color y religión.

La demanda, que fue presentada el lunes pasado en la Corte de Distrito en Puerto Rico, indica que Yolanda Carrasquillo, adscrita al cuartel de Cupey y empleada de la agencia desde 1993, sufrió acoso continuo desde el año 2007 hasta el 2011. Según la afectada el motivo de ese acoso era por ser una mujer negra de Loíza y por su religión evangélica.

Además expone que una empleada de la agencia que desempeñaba labores como secretaria era la persona que realizaba los «comentarios inapropiados y denigrantes», en presencia de sus supervisores, sin que estos tomaran acción alguna al respecto.

Entre los comentarios que se relataron en la demanda, se alega que Alvino utilizaba epítetos como «ustedes, maldita gente negra, «maldita mujer negra» y «monos negros sucios», contra la mujer policía. Además, expresó que «los negros de Republica Dominicana eran bestias salvajes».

Carrasquillo también alega que ambas empleadas tuvieron una discusión en el estacionamiento del cuartel en el 2009. En esa discusión Carrasquillo le llamó «racista» a Alvino, a lo que esta respondió, «todo el tiempo» y «que se creía santa por ser cristiana y siempre esconderse detrás de la Biblia».

Luego de ese incidente a Carrasquillo se le castigó, imponiéndole un turno nocturno, mientras que a Alvino le otorgaron dos días de vacaciones.

Según la afectada, tres supervisores fueron testigos de los incidentes, y ninguno de estos tomó acción alguna al respecto.

La demanda solicita que se realice un juicio por jurado en el caso y se le ofrezca un remedio a la víctima. Asimismo, solicita que se le devuelvan las costas y gastos del pleito; y que se ordene un remedio por el incumplimiento de la Policía de Puerto Rico al no tomar acción para detener la situación.

Esta demanda se presenta apenas una semana después de que Eric Holder, Fiscal General de los Estados Unidos, anunciara un acuerdo entre ambas agencias para realizar cambios en la Policía de Puerto Rico dirigidos a prevenir la violencia y abuso policiaco entre sus filas.