Por Daniel Rivera Vargas

Un agente del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) reclama que sus supervisores le impedían intervenir con «personas violadoras de la ley con conexiones políticas».

Esto forma parte de una demanda federal que pretende eliminar la restricción bajo la ley federal PROMESA, la cual actualmente limita algunos reclamos judiciales.

Según la demanda, la razón por la cual se violaron los derechos constitucionales del agente Julio C. Quiñones Rivera es que él «no hace la vista gorda» cuando alguien comete un acto ilegal y «no exonera a infractores que son amigos o familiares de personas conectadas con el gobierno o las afiliaciones políticas de los demandados».

«Los demandados tomaron acciones laborales adversas en su contra por no hacer excepciones políticamente motivadas», reza una moción de oposición a la desestimación.

La demanda no identifica a los violadores ni menciona a algún partido en particular, pero los demandados incluyen a la actual secretaria, Anais Rodríguez Vega, y al exjefe de la agencia, Rafael Machargo. Otros demandados ocupan puestos de supervisión por encima del demandante.

«El Demandante es percibido como un oponente político por los Demandados afiliados a ambos partidos políticos, y es constantemente acosado, amenazado y burlado, incluso por los Demandados basándose en su afiliación y creencias políticas», reza la demanda enmendada presentada el pasado 4 de marzo.

La relevancia de este caso respecto a la protección de PROMESA frente a demandas contra el gobierno surge porque, en este caso, se ha demandado a individuos y no al gobierno, por lo que no aplica lo dispuesto en un caso reciente del Tribunal de Apelaciones, Víctor J. Salgado & Assocs. Inc. v. Cestero-Lopategui, 34 F.4th 49 (1st Cir. 2022).

En el caso resuelto en Boston, se determinó que la restricción de la Ley PROMESA a pleitos que afectan las finanzas del gobierno incluía las demandas contra individuos en su carácter personal. Sin embargo, según la demanda de Quiñones Rivera, se alega una situación hipotética.

En este caso de Quiñones Rivera se alegan hechos que representan incluso violaciones a leyes penales por parte de las personas demandadas, por lo que se alega que no procede la interpretación de Salgado.

«La aplicación automática de las protecciones a demandados individuales de Salgado sería una extralimitación que inconstitucionalmente subordinar la intención del Congreso en PROMESA al uso inherentemente discrecional y arbitrario de la Ley 9 con el resultado de que protegería conducta criminal y antiética», lee la moción del 30 de mayo.

De acuerdo con las alegaciones de la demanda, el agente Quiñones Rivera se encuentra actualmente desarmado, luego de una querella en su contra que no se investigó conforme al convenio laboral que rige al DRNA. Además, lo mantienen en un trabajo de «escritorio» sin ninguna tarea asignada y es objeto de burlas por parte de sus compañeros de oficina.

El recurso legal reclama violaciones a sus derechos constitucionales, así como a leyes federales y estatales. Se solicita una compensación total de $25 millones.

También se plantea en la demanda que la inacción respecto a su solicitud de que se le devuelva su arma de fuego es contraria a New York State Rifle & Pistol Association Inc. v. Bruen, una reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que resalta la supremacía de la Segunda Enmienda federal sobre las restricciones estatales a la tenencia de armas.

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«Los demandados... inconstitucionalmente violan y continúan violando los derechos bajo la Segunda Enmienda (de la Constitución federal) usando pretextos administrativos para privarlo de su arma», lee la demanda.

«Los demandados se niegan a rearmarlo, lo que es una condición esencial para su trabajo de vigilante», agrega la demanda. Luego de la querella administrativa que la agencia nunca investigó, según alega el recurso, el demandante Quiñones Rivera buscó dos evaluaciones psiquiátricas independientes que indican que puede tener un arma.

«Maliciosamente lo humillan desarmándolo, despojándose de su autoridad como oficial de ley, y aislándolo a un cubículo sin tareas asignadas, convirtiéndolo en el hazmerreir de la oficina», indica la demanda.

También se afirma que no aplican las disposiciones de la inmunidad soberana por decisiones como Sánchez Valle, del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que indica que Puerto Rico no tiene una soberanía separado y que por tanto no hay ese tipo de inmunidad.

Por su parte, el Departamento de Justicia de Puerto Rico, que representa a los demandados, pidió que la demanda fuera desestimada.

La solicitud se basa en una decisión del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito que extendía la orden de paralización de pleitos de la ley federal PROMESA a personas demandadas en su carácter individual, pero que son representadas por abogados del gobierno en virtud de la Ley Núm. 9 del 2021 estatal, la cual ofrece representación legal a funcionarios y exfuncionarios demandados en su carácter individual.

Asimismo, la jueza federal de la quiebra del gobierno, Laura Taylor Swain, pidió mediante orden emitida en abril pasado la opinión de la Junta de Supervisión y Administración Financiera (FOMB, en inglés). La posición legal de la junta fue no permitir la demanda, al amparo de una decisión del primer Circuito conocida como Salgado.

«El demandante pide una cantidad de dinero sustancial, al menos $25 millones. En consecuencia, los factores Salgado llevan a la conclusión de que la Demandante tiene al gobierno de Puerto Rico como su verdadero objetivo, y las reclamaciones bajo la ley 9 son, en realidad, reclamaciones contra la Estado Libre Asociado sujetas a la prohibición a demandas», fue en parte la posición de la Junta.

También en este caso hay abogados de Autoridad de Asesoría Financiera y la Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y asumieron una postura similar a los de Justicia.