Un abogado de Kentucky y su asociada fueron demandados por varios clientes bajo la Ley federal Contra la Extorsión Criminal y las Organizaciones Corruptas (Ley RICO, por sus siglas en inglés) por alegadamente explotar una grieta en las leyes de inmigración y haber cobrado así dinero a clientes indocumentados que supuestamente no cualificaban para la autorización de empleo que deseaban solicitar.

La demanda fue presentada ante el Tribunal federal para el Distrito de Lexington, y en ella se alega que el abogado Wael "Wally" Ahmad y la abogada Anna García violaron la Ley RICO al llenar solicitudes en representación de al menos dos clientes, y quizás muchos más, para cancelar el procedimiento de remoción, sin tener una base legal o fáctica para ello.

Para cualificar para esta cancelación, los individuos deben haber estado al menos 10 años de forma continua en los Estados Unidos y que algún miembro de su familia cercana sea ciudadano estadounidense o un residente permanente. Ninguno de los demandantes cumplen con esos criterios, algo que sabían los demandados según el documento.

Según la demanda, los abogados aceptaron una cantidad de dinero sustancial y presentaron los documentos en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Presentar esos documentos les permitió obtener permisos para trabajar, lo que también les permitía obtener números de seguro social y licencias de conducir. No obstante, los abogados no completaron el segundo paso del proceso, en el cual se requiere que notifiquen al Tribunal de Inmigración de los Estados Unidos para que los casos sean puestos en calendario.

Los demandantes expusieron que fueron víctimas de prácticas criminales, predatorias, fraudulentas y un quiebre a su deber de fiducia por parte de los abogados, por lo que deben ser restituidos por los daños, más costas y honorarios de abogados.

Uno de los abogados que presentó los documentos señaló en una entrevista al diario Courier-Journal que los documentos fueron presentados para proteger los derechos de personas que luego pudieran ser elegibles para permanecer en los Estados Unidos a través de un matrimonio o al tener hijos. Al hacer esto, expresó, preservó los derechos de los inmigrantes que ahora son elegibles para quedarse bajo los cambios recientes a la política de inmigración.