Demandan a la gobernadora y a WIPR por alegada violación a la separación de Iglesia y Estado

20 de abril de 2020

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Siete ciudadanos demandaron a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública por una alegada violación a la separación entre la Iglesia y el Estado.

Las personas demandantes practican una religión distinta a la cristiana o no practican religión alguna, y plantean que las actuaciones de la gobernadora y WIPR tienen el efecto de identificar el poder del Estado con prácticas religiosas particulares, endosando o promoviendo creencias o visiones religiosas.

«Las actuaciones de la parte demandada en este caso violan la libertad de conciencia y de culto de la parte demandante», señalan los ciudadanos en la demanda.

Además, plantean que las partes demandadas discriminan contra las visiones religiosas o falta de ellas y les excluyen de la igual protección de la ley.

«Las actuaciones de la parte demandada niegan la existencia de otras visiones religiosas o de libertad de conciencia, incluso de la pluralidad de visiones o formas de entender la religión dentro del mismo sector cristiano», menciona la demanda.

Las personas que demandan solicitaron al tribunal una orden de entredicho provisional, interdicto preliminar y permanente dirigida a la parte demandada obligándole a cesar y desistir de promover visiones religiosas particulares como parte de sus actividades oficiales.

También solicitaron que el tribunal dicte una sentencia declaratoria resolviendo que las actuaciones de la parte demandada violan las disposiciones constitucionales.

La parte que demanda señaló que el moderador del programa y periodista, David Reyes Vázquez, ha despedido el programa con una cita bíblica en más de una ocasión y podría formar parte del libreto del programa.

Las personas que demandan son la abogada Melissa Hernández Romero, el profesor universitario Pablo Torres Casillas, el profesor de estudios religiosos Juan Caraballo Resto, la jefa de operaciones Walmarie Soler Morales, la abogada Nancy Rivera Rivera, el farmacéutico Iván Figueroa Agrinsoni y el representante de seguros José Arroyo Romero.

Lee la demanda aquí.

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