Departamento de Justicia federal otorgará subvenciones para analizar «kits de violación»

21 de junio de 2018

NOTICIAS | Departamento de Justicia federal , Evidencia , NOTICIAS , rape kits , Relaciones Federales

El Departamento de Justicia de Estados Unidos -en su objetivo por reforzar los esfuerzos del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) de atrapar criminales violentos- otorgará subvenciones a agencias policíacas estatales para analizar kits de violación («rape kits») almacenados y que la información encontrada se registre a una base de datos del FBI, que actualmente está en desuso.

Para este trabajo, se separarán cerca de $40 millones en subvenciones para probar los kits y $2 millones para ayudar a las localidades a enviar la información sobre los casos a la base de datos, conocida como la «FBI Violent Criminal Apprehension Program» (ViCap por sus siglas en inglés).

El programa, que incluye una base de datos nacional, está diseñado para atrapar violadores en serie y asesinos que exhiben comportamientos específicos y distintivos al cometer crímenes. Por ejemplo, la base de datos puede vincular varios ataques cometidos por un violador que usa cierto tipo de arma. Según un comunicado del FBI, se espera dividir ese dinero en 25 subvenciones, en paquetes que pueden rondar los $500 mil dólares a los $3 millones de dólares.

«Al entrar esta información en la base de datos expandirá el número de casos en el sistema y la convertirá en una herramienta más útil y robusta para cualquier agencia de ley y orden, a través del país», se explica en la información divulgada por ProPublica.

El anuncio se produce luego de que una investigación de ProPublica en 2015 que reveló que las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, rara vez usan la base de datos, creada hace más de 30 años. Los expertos en justicia penal dicen que ViCAP podría ser una herramienta útil para ayudar a resolver casos donde el ADN no juega ningún papel, de la mitad al 70% de todos los casos de violación, según las estimaciones.

Los investigadores policiales le dijeron a ProPublica que la base de datos era engorrosa, y que requería varias horas para ingresar a docenas de campos de información. Sólo alrededor de 1,400 de las 18,000 agencias que hacen cumplir la ley en el país usaron el sistema.