El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que el desempeño laboral de los jueces de inmigración se evaluará conforme a la rapidez con que cierren los casos, según reseño el Wall Street Journal.

Según la nota, esta cuota está destinada a acelerar los casos, despejando la larga lista de casos de inmigración acumulados. Según la instrucción, que fue enviada a través de un correo electrónico por el director James McHenry, las cuotas entrarían en vigencia el 1 de octubre, con el inicio del próximo año fiscal del gobierno federal.

«El propósito de implementar estas medidas es alentar la administración eficiente y efectiva de casos mientras se preserva la discreción del juez de inmigración y el debido proceso», escribió McHenry.

Bajo los nuevos estándares, para que los jueces de inmigración sean calificados como «satisfactorios», deben completar 700 casos por año, con menos del 15 por ciento de sus casos devueltos por la Junta de Apelaciones de Inmigración o los tribunales federales de apelaciones. El portavoz del Departamento de Justicia, Devin O’Malley, dijo que los jueces de inmigración completan un promedio de 678 casos al año, pero que algunos han superado esa cantidad.

Esta noticia no fue bien recibida por la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, ni por su presidente, el juez A. Ashley Tabaddor, quien señaló que las cuotas son «un ejemplo atroz del conflicto de intereses que tiene el tribunal de inmigración con las agencias que ejecutan las leyes».

Tabaddor también explicó que un sistema de cuotas provocará que los jueces tomen decisiones cuestionables por mantener sus puestos, en lugar de tomar las decisiones legalmente correctas.

La decisión fue criticada también por el ex juez de inmigración Paul Wickham Schmidt, quien opinó que las nuevas métricas no son viables. Según Schmidt, la revocación en la etapa de apelación está influenciada por factores que escapan el control de los jueces.

El correo electrónico de McHenry decía que «usar métricas para evaluar el rendimiento no es ni novedoso ni exclusivo». Tabaddor no está de acuerdo. Los sistemas federales de tribunales administrativos pueden tener objetivos a los que aspirar, dice ella, pero esos jueces están, por ley, exentos de las evaluaciones de desempeño.

«Ninguna otra administración antes de esto ha intentado alguna vez imponer una medida de desempeño que [tuviera] este tipo de métricas porque reconocieron que de inmediato estarían afectando e invadiendo la independencia judicial», señaló Mc Henry.