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Por la Lcda. Nayla R. Melamed- Torres
El pasado 29 de octubre de 2024 se llevó a cabo la presentación de la obra literaria «Derecho y Salud Mental» en el Reciento de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (en adelante, RCM).
La presentación del licenciado Carlos Gil Ayala marcó una importante transformación en lo que a la clase médica se refiere la cual, en su mayoría, estuvo representada por facultativos directores de los programas de psiquiatría de adultos, psiquiatría infantil, la Escuela de Salud Pública, psicólogos, la Escuela de Enfermería y otros profesionales de la salud que compone el RCM.
La presentación del compilador y prologuista inició con el importante pleito de clase que se desató en la década de los 70s, el caso Navarro Ayala vs Gobernador de Puerto Rico (Civil Núm. 74-1301), un pleito de clase que duró décadas encabezado por Roberto Navarro Ayala, un paciente de esquizofrenia y el síndrome de Stevens-Johnson.
La «Ley de Salud Mental de Puerto Rico», según enmendada, la Ley Núm. 408-2000; se desarrolló para facilitar los procesos que rigen los procedimientos de ingresos y tratamientos involuntarios que han beneficiado a muchos pacientes (correctamente llamados, participantes) para que puedan recibir tratamiento adecuado. Sin embargo, se destacó en la conferencia que también sirve como punta de lanza para una privación de libertad desde la esfera civil si no es bien utilizada.
El componente médico allí presente, hizo énfasis en que su enfoque humanista está presente tanto en la relación médico-paciente como médico-familiar. Sin embargo, me pregunto cómo enfermera que fui, y ahora jurista que soy: ¿Qué hacemos nosotros como letrados cuando nos enfrentamos a estas situaciones?
La comunidad salubrista está dispuesta a dar a «dar la milla extra» en cuanto a tratamientos se refiere.
No obstante, como letrados y promoventes de las leyes, ¿qué queda en nuestras manos? ¿más enmiendas a la Ley Núm. 408-2000? No.
Nos toca promover otro tipo de acción, ya sea a nivel legislativo o judicial, que sea no solo para hacer valer los derechos de los pacientes de Salud mental, sino para que el caso de Navarro, supra, no vuelva repetirse nunca más. Es importante atender esta controversia ya que, a pesar de dar pasos adelantados en la medicina, señalaron en su mayoría los galenos que, las restricciones impuestas por las aseguradoras han menoscabado los derechos de los pacientes, y esto fue validado por la clase médica allí presente.
Atender la Salud Mental es tan importante como atender un diagnóstico de diabetes, hipertensión u otras condiciones crónicas. El tema de la salud mental no puede ser un estigma de la cual han dejado desapercibidas o haciéndose la vista larga en lugar de declarar de una vez y por todas una crisis que siempre ha existido. Sin embargo, ahora que tenemos más recursos y avanzado en cuanto a tratamientos y legislación se refiere, se sigue fallando en implantar la legislación.
¿Para qué se hacen leyes, códigos y reglamentos si se convierten en letra muerta? No se trata de plasmar un código de salud mental, es llevarlo a cabo. La Sociedad de Asistencia Legal (en adelante, SAL) y la entidad Servicios Legales de Puerto Rico (en adelante, SLPR), han dado catedra en promover los derechos de los participantes en cuanto a los procesos judiciales se refiere. No obstante, no podemos detenernos ahí.
A pesar de que se han establecido salas especializadas, no hemos podido salir del estigma del sello de «paciente de salud mental». Esto es más común de lo que parece, está en nosotros promover el cambio, hacerlo valer nuestros derechos y que no se vuelva repetir el caso de Navarro, supra.
Se trata de una mejor calidad de vida para el paciente, porque nadie quiere verse, ni a un familiar suyo, sufriendo hacinamiento; ya sea en una entidad del estado o privada, por falta de servicios. Esto meramente no se limita a falta de profesionales, esto abunda más en que la sociedad amerita tener en su agenda un plan de acción. Se nos cae la salud mental de nuestra sociedad y, mientras tanto nosotros, ¿qué hacemos?
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