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El Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) designó las nuevas personas que serán parte de la Comisión de Evaluación Judicial. Es decir, las personas que evaluarán a las juezas y los jueces.
Sin embargo, la designación del activista y exjuez Jorge Lucas Escribano Medina causó debate entre las personas que componen el Tribunal Supremo.
El juez Erick Kolthoff Caraballo señaló —en defensa de la designación de Escribano Medina— que el rechazo a su designación «obedece en realidad a una sola cosa: a que el licenciado Escribano Medina es un creyente en la fe cristiana que no suele permanecer callado cuando siente que es necesario llamar la atención a lo que él entiende son situaciones que atentan contra la permanencia de los valores cristianos de nuestro Pueblo».
Para Kolthoff Caraballo, «la pregunta es: ¿pero acaso no tiene derecho a eso? Todo el problema se resume en realidad a que el licenciado Escribano Medina supuestamente ha hecho manifestaciones públicas que se enmarcan en la defensa de lo que son sus convicciones cristianas».
El juez asociado Luis Estrella Martínez estuvo en desacuerdo con la determinación final e hizo constar «que procedía ejercer nuestro poder de nominación y confirmación de una forma más equilibrada».
«Mi respeto por el activismo de los diversos sectores de la sociedad y mi compromiso con garantizar su derecho a expresarse es incuestionable y se mantiene incólume. Ahora bien, al igual que en el proceso de selección de jueces y juezas, me parece que en el de evaluación judicial también debemos ser prudentes en el rol que le adscribimos a personas activistas, de cualquier extremo del espectro sociopolítico, que promuevan mensajes de odio y que reproduzcan conductas discriminatorias y peyorativas hacia grupos históricamente marginados«, sostuvo el juez Estrella Martínez.
«Existen juristas que merecían ocupar esa silla y que están dispuestos a proteger el interés público y poner a un lado consideraciones personales o subjetivas que no deben ser importadas al momento de ser parte instrumental del Poder Judicial», puntualizó.
La jueza asociada Mildred Pabón Charneco emitió voto particular de conformidad al cual se unen el juez asociado Kolthoff Caraballo y el juez asociado Edgardo Rivera García.
«Soy de la opinión de que no [se] deben excluirse individuos como miembros de la Comisión solamente porque piensan distinto a quienes los designan y aún menos cuando las diferencias de criterio que puedan tener no tienen relación con las funciones que llevarán a cabo», sostuvo Pabón Charneco.
Al mismo tiempo, la jueza asociada cuestionó que hayan personas en la comisión ocupando el cargo por casi dos décadas.
«Es indispensable reconocer la necesidad de un flujo de miembros nuevos y diversos. Esto, pues hasta hoy existían miembros ocupando sus cargos por casi dos (2) décadas. Por lo tanto, para bien o para mal, las juezas y los jueces eran evaluados periódicamente por las mismas personas. En este tipo de Comisión y por su importancia, no pueden existir cargos vitalicios», sostuvo.
El juez Edgardo Rivera García sostuvo por separado que en «la diversidad de conocimientos entre los miembros de la Comisión, pues ahí es donde verdaderamente radica la pluralidad de ideas y criterios que al convergir dan paso para extrapolar las mejores cualidades que hacen a una persona idónea para ejercer el cargo judicial para el cual está siendo evaluada».
Luego destacó que en «toda discusión y análisis de controversias, debe permear el respeto a la diversidad de opiniones y a los principios que rigen la democracia».
La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, emitió un voto particular disidente en el que señala que «alarma que la Mayoría trastorne —otra vez— la operación de la Comisión. Una Comisión que, con sus integrantes actuales, le estaba sirviendo bien al Poder Judicial».
«Me preocupa que el curso de acción de la Mayoría lacere la confianza del País en el proceso de evaluación de juezas y jueces, particularmente ante los cuestionamientos públicos que han surgido sobre el designado para sustituir a la licenciada [Beatriz] Vázquez de Acarón, el exjuez Jorge Lucas Escribano Medina», sostiene la jueza presidenta.
Oronoz Rodríguez señala que los récords públicos reflejan un patrón de conducta en el que el juez Escribano Medina constantemente hacía comparecencias públicas y expresiones que se estimaron como discriminatorias y ofensivas, así como que detonaban una falta de circunspección y sobriedad que los Cánones les exigen a los jueces en funciones.
«Todos los seres humanos debemos disfrutar y ejercer todos los derechos en igualdad, sin discriminación alguna por dichos motivos. Por eso, las expresiones homofóbicas, racistas, sexistas, xenofóbicas, y otras, además de ser discriminatorias, denotan el irrespeto profundo hacia la dignidad humana por parte de quien las profiere», puntualizó la jueza presidenta.
La jueza también respondió que las creencias religiosas o políticas, la raza, el género, el origen social o cualquier otra característica que identifique a una persona que desempeñe una función pública son absolutamente inconsecuentes, siempre que se mantenga la imparcialidad, el respeto a la dignidad humana y la ecuanimidad.
El juez Ángel Colón Pérez comenzó citando Desmond Tutu, premio nobel de la paz, para decir que «desearía poder callar, pero no puedo, y no lo haré».
«Como la primera de esas razones que nos lleva a no estar de acuerdo con el nombramiento del licenciado Escribano Medina como Comisionado de la Comisión de Evaluación Judicial, se encuentran las serias preocupaciones que albergamos producto de determinadas expresiones públicas realizadas por el referido letrado, las cuales denotan su falta de deferencia y/o respeto hacia los postulados de separación de iglesia y Estado consagrados tanto en la Constitución de los Estados Unidos de américa, I como en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico», sostuvo el juez.
Aunque Colón Pérez destacó que el exjuez tiene todo el derecho a presentar públicamente las expresiones que entienda, sostuvo que le apartan de los preceptos que deben guiar la labor de todo juez o jueza.
«El problema no está en lo que el referido letrado piensa y expresa públicamente […] El problema radica en que el licenciado Escribano Medina ha sido designado a formar parte de una Comisión que se encarga de evaluar a seres humanos que pudiesen pensar distinto a él, y que, por pensar distinto a él, —como ya éste previamente ha advertido—, corren el riesgo de ser sancionados y/o no ser evaluados y evaluadas objetivamente», puntualizó el juez Colón Pérez.
La comisión estará presidida por la también jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez.
Los nombramientos entrarán en vigor inmediatamente.