Por Daniel Rivera Vargas

Las voces comprometidas con el apoyo a víctimas de violencia de género han instado a abordar esta grave problemática mediante la implementación de medidas adicionales a las órdenes de protección, las cuales, aunque útiles, se consideran insuficientes.

El año 2024 ha comenzado con cifras alarmantes de violencia de género, especialmente en lo que respecta a feminicidios, como el más reciente sucedido en Yauco.

El crimen múltiple en Yauco ha generado fuertes críticas en los niveles más altos del gobierno.

«Por la información que tengo, esta tragedia se pudo haber evitado si se hubiera hecho valer la Ley 54 en toda su extensión. Hago un llamado a la Administración de Tribunales para investigar y determinar si aquí hubo un fracaso de la justicia y tomar cartas en el asunto», sostuvo el gobernador Pedro Pierluisi en sus redes sociales.

Horas después, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, emitió un comunicado de prensa en el que manifestó que «la Fiscalía tampoco solicitó revisión a las condiciones (de fianza) impuestas. Nuestro análisis preliminar también revela aparentes violaciones previas a la orden de protección que se llevaron a la atención de la Policía y que no se canalizaron ante el Tribunal».

«Para mí y para el Poder Judicial, atender la violencia de género es una prioridad pero insisto: la violencia de género no solo es un problema legal, es un problema social que se tiene que abordar desde todos los frentes, no sólo el jurídico», reza parte del comunicado de Oronoz.

Según la Oficina de Prensa de la Policía, el crimen de Yauco se reportó la noche del miércoles a las 9:32 p.m. cuando fueron asesinados Linnette Morales Vázquez, de 30 años, Luis Miguel Morales Vázquez, de 28 años, ambos hermanos, y Lissette Morales Vélez, de 51 años, su madre, y el presunto agresor, y quien se quitó la vida es Wilfredo Hiram Santiago Figueroa, de 33 años, quien fue pareja de Linnette.

Amarilys Pagán, representante de Proyecto Matria, señaló que según los datos del Observatorio de Equidad de Género en lo que va del 2024, se han confirmado cuatro casos de feminicidios íntimos en Puerto Rico. Además, se reportó otro feminicidio familiar, involucrando a la madre de Linnette.

Adicionalmente, se encuentran bajo investigación cuatro casos en diferentes localidades, específicamente en Ciales, Caimito, Caguas y Añasco.

En entrevista con Microjuris, Pagan indicó lo que debería pasar con una orden de protección.

«Si consideramos la orden de protección como un componente de un plan de seguridad que es hecho más amplio, que es como nosotros lo vemos, la orden de protección no es un fin en sí mismo, pues si es parte de un plan, debería ocurrir que haya una coordinación de servicios a la vista, que debe incluir no solo las rondas que debe dar la policía con unidades especializadas, sino servicios psicológicos, si necesita vivienda, albergue, servicios de salud mental o físico derivados de las situaciones de violencia», sostuvo.

Se destacó que las mujeres que reciben acompañamiento, como el proporcionado después de recibir una orden de protección, tienen una mayor probabilidad de sobrevivir a situaciones de violencia. La meta no debería limitarse únicamente a la supervivencia de la mujer agredida, sino a brindarle una mejor oportunidad de reconstruir su vida.

Indicó, además, que en Puerto Rico, a pesar de la presencia de organizaciones que ofrecen servicios de apoyo, la falta de una conexión efectiva entre los tribunales y dichos servicios, particularmente durante los trámites policiales, contribuye a la situación actual. De igual forma, se ha observado la ausencia de un esfuerzo afirmativo por parte de algunos funcionarios para facilitar el acceso a estos servicios.

Asimismo, señaló que las organizaciones han tenido dificultades para visibilizar adecuadamente los servicios que ofrecen. Reconoció que esta limitación se debe, en parte, a la falta de fondos, lo cual les impide contar con el personal necesario para brindar la asistencia requerida.

«Creo que es importante, para no decir que es culpa del gobierno o de que las organizaciones tienen fondos, pero hay que mirar que en la comunidad, como no quieren reconocer la violencia de mujeres, las normalizan. Tienen la tendencia a responsabilizar a las víctimas, en vez de poner la responsabilidad en la persona agresora, la tiene sobre la víctima», expresó Pagán.

«En nuestro país, el pensamiento machista impide que se vean las señales a tiempo, de violencia contra las mujeres, como ven que es normal, no se mueven ayudar a las víctimas», indicó.

Además, resaltó la preocupación por la idea errónea de que la mera presencia de otro hombre cerca de una mujer es suficiente para su protección. Hizo hincapié en que la víctima de la noche anterior fue asesinada en compañía de su hermano.

«La persona agresora no mide nada de eso», sostuvo.

Sobre el rol del estado, Pagán reconoció que ha habido pasos importantes recientes, pero «el gobierno como que se quedó sin gasolina».

«La Declaración del Estado de Emergencia empezó bien pero no terminó bien. Empezó bien porque cuando se constituyó el comité PARE, se creó un plan de trabajo que tomaba en cuenta todo lo que te estoy diciendo, más puntos de acceso, medida de desarrollo económico, campana de prevención, propuestas relacionadas al sistema de salud y educativo, y se empezó a trabajar. Pero cuando se disolvió el comité PARE en agosto de 2022 había cosas a mitad, y las que se lograron no tuvieron un seguimiento efectivo o no hubo rendición de cuentas. Hubo cosas que se hicieron, pero lo que se quedó, lo que no se hizo, por ejemplo, fue una campaña de prevención para las escuelas», sostuvo.

Añadió que en medio de la politización del tema y el intento de complacer a sectores múltiples como los conservadores, se pierden los avances realizados.

«Salen perdiendo las mujeres, que no tienen los servicios que necesita, y la sociedad que sigue enfrentando la violencia machista», mencionó.

Mientras, para Vilmarie Rivera, pasada presidenta de la Red de Albergues y otrora procuradora designada de las Mujeres, la orden de protección es una herramienta que ha sido muy útil, pero que su completa utilidad depende de que se cumpla con las instrucciones que se emiten relacionadas a esa orden.

«Creo que la orden de protección ha salvado muchas vidas y debemos continuar motivando para que hagan uso de este recurso», indicó la exprocuradora designada.

Entre las instrucciones cruciales que deben acompañar a la orden de protección, y cuyo cumplimiento reviste gran importancia, se encuentra la notificación de la orden a todas las partes involucradas, así como a lugares como el lugar de trabajo, el centro de cuidado de menores y la comunidad donde residen, con el objetivo de restringir o limitar la posibilidad de que la persona agresora pueda acceder a esos entornos.

Además, hizo hincapié en la relevancia de monitorear de manera efectiva estas órdenes de protección. En este sentido, destacó la reciente aprobación de fondos destinados a la creación de un centro para el diligenciamiento de estas órdenes en colaboración con la policía municipal. Reconoció que este proceso está en etapa inicial y necesita ser afinado, pero subrayó que su efectividad futura dependerá de recibir el financiamiento adecuado de manera continua.

Rivera también resaltó la importancia de reflexionar sobre el desempeño de los diversos componentes del sistema en casos de mujeres asesinadas. Señaló que aspectos como el papel de los jueces y juezas, así como de los representantes de la fiscalía, van más allá de la existencia de la orden de protección, como se evidenció en el crimen ocurrido el miércoles por la noche en Yauco.

Cuando se le preguntó qué se necesita mejorar, Rivera subrayó la necesidad de priorizar la educación y la prevención, tanto en menores como en poblaciones de adultos mayores. Destacó la importancia de educar a los posibles recursos de apoyo y de proporcionar orientación sobre cómo actuar en situaciones en las que el agresor pueda poseer un arma de fuego. También enfatizó la necesidad de esfuerzos de sensibilización más profundos entre los miembros de la judicatura, la policía y la fiscalía, que vayan más allá de talleres anuales, con el objetivo de cambiar mentalidades y prejuicios.

Adicionalmente, subrayó la falta de recursos recurrentes para garantizar que los albergues puedan proporcionar los servicios necesarios y que las víctimas estén siempre acompañadas. Propuso la elaboración de un plan nacional en colaboración con diversos sectores, como la academia, organizaciones sin fines de lucro, iglesias y gremios profesionales, entre otros.

Rivera resaltó la necesidad de una campaña articulada sobre el tema.

«No debe ser porque muere una mujer y los medios de comunicación se llenan de mensajes. Debe ser una campaña continua», sostuvo.

Mientras, para Vilma González, directora ejecutiva Coordinadora Paz para la Mujer, ciertamente las ordenes de protección son un recurso valioso que tienen las víctimas de violencia de género en el momento que necesitan ayuda, pero se necesitan pasos adicionales.

«¿Son suficientes? Si bien es cierto que (la orden de protección) es un recurso que es importante, que lo mantengamos, y es importante que los tribuales estén evaluando cuando se hace esta solicitud y que se otorguen cuando tienen necesidad, pero sabemos que eso es un papel que tiene la víctima y no es suficiente porque esa orden debe estar acompañada de un plan de seguridad para la víctima», sostuvo González.

Dijo que el plan de seguridad debe abarcar recomendaciones de acción tanto para los ciudadanos como para el estado. Detalló que entre las medidas estatales esenciales se encuentran las rondas policiales en áreas donde residen personas con órdenes de protección.

Asimismo, sostuvo que ente cualquier violación, es crucial que se tomen medidas inmediatas contra el infractor de la orden. Asimismo, se debe notificar la orden en el lugar de trabajo, garantizar la protección de los menores involucrados y buscar la colaboración activa de organizaciones que puedan brindar apoyo en estos casos.

«Necesitamos una mirada estructural de todas las cosas que deberían estar funcionando para garantizar la seguridad de las víctimas», sostuvo González.

La activista destacó aspectos cruciales para abordar este tema en el contexto de «esta sociedad patriarcal y machista». Señaló la escasez de recursos destinados a la prevención, subrayando la necesidad de ampliarla a la educación en los grados primarios, incorporando la perspectiva de género y enseñando habilidades para la resolución de conflictos.

Además, hizo hincapié en la importancia de educar a los funcionarios encargados de abordar estos temas, como fiscales, tribunales y empleados de la procuraduría de la Mujer, así como al sistema de salud. Argumentó que es esencial mejorar la conexión entre las agencias que se ocupan de estos temas y asegurar opciones de vivienda, entre otras medidas.

No se debe reducir el tema a dólares y centavos, comentó. «Hay limitaciones económicas, pero como país pero si entendemos que es una prioridad debes ponerlo en el presupuesto. Para darte un ejemplo sencillo, tenemos una procuraduría de las mujeres, pero no tenemos a nadie en propiedad por años, no hay un consejo consultivo. Todo debe estar alineado para tener un resultado exitoso que para mi es proteger la vida», mencionó.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de sustituir la actual Ley 54, una legislación que celebra su 35º aniversario este año, González sostuvo que no es necesario reemplazarla. Reconoció su carácter pionero en su momento, sirviendo de ejemplo para otros países. Sugirió que la atención debería centrarse en enmendarla y asegurar su cumplimiento riguroso.

«De qué nos vale cambiar leyes, leyes podemos tener muchas, protocolos debemos tener muchos, pero, ¿de qué  nos valen si no la cumplimos?», concluyó.

De otra parte, Rosalinda Grullón, del Centro para la Mujer Dominicana, dijo que es necesario que la situación de violencia de género se atienda en equipo. Solicitó, a su vez, comunicación entre el gobierno y las organizaciones no gubernamentales. «Es urgente tener dialogo, dialogo con todas las personas que trabajan con las víctimas de violencia doméstica, diálogo con las organizaciones como la Organización de la Mujer Dominicana, que muchas veces son las que atienden en primera fila a estas personas, y buscar ‘feedback’ sobre las órdenes de protección y cómo ayudar a las víctimas», sostuvo Grullón. La activista manifestó que, por ejemplo, las órdenes muchas veces se emiten de forma provisional, y para que se emita de forma permanente toma mucho tiempo, provocando «desencanto» en las víctimas. También exhortó a ser proactivos en evaluar el perfil del agresor para hacer una mejor determinación de en qué casos deben ir a la libre comunidad. Asimismo, es necesario evaluar bien a las víctimas, y las posibilidades de que su vida corra peligro de muerte. De hecho, exhortó a ser más diligente a considerar no limitarse a una orden de protección, y buscar remedios penales rápidamente contra los agresores. «Si la persona manifiesta que la va a matar, la va a asesinar, creo que también se debe evaluar la forma en que actuarán las juezas y jueces, o sea más allá de una orden de protección si se va a procesar criminalmente», sostuvo Grullón. El problema de la violencia de género es más duro para el sector inmigrante porque se les hace muy difícil aceptar opciones como los albergues porque eso le cierra la oportunidad de trabajar, y por el estado irregular en el que esas mujeres pueden encontrarse en el país no cualifican para recibir ayudas económicas, por lo que les urge trabajar para su sustento. También es más difícil para los inmigrantes poder obtener una vivienda precisamente por las exigencias relacionadas a su estatus migratorio.