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Por Daniel Rivera Vargas

Balzac v. Porto Rico, un precedente judicial poco mencionado con casi 100 años de historia fue parte de los conceptos discutidos entre académicos y juristas como parte de la convención anual del  Law & Society Association.

«La corte no quiere que recuerde que hay un precedente racista», dijo Charles Venator Santiago, profesor de la Universidad de Connecticut, uno de los participantes del panel «Balzac v. People of Porto Rico and the Invisible Precedent: contemporary effects of the Doctrine of Separate and Unequal», celebrado el viernes en la tarde como parte de las actividades de la convención anual del Law & Society Association.

Durante el panel de casi dos horas, moderado por la profesora de la Escuela de Política y Gobierno Schar, de la Universidad George Mason, Mariely López Santana, contando con aportación, el grupo de panelistas segmentó diversas ramificaciones asociadas al caso de 1922 junto al público.

Venator Santiago contó que la decisión relacionada al editor del periódico El Baluarte, Jesús Balsac, – con s, en vez de z como aparece en el récord judicial- estableció que los alcances de las protecciones constitucionales estadounidenses de un ciudadano americano dependen en dónde se encuentre la persona.

Explicaron que hay menos ayudas y protecciones cuando se vive en un territorio que los que hay en los estados. El profesor lo describió como, que «la experiencia del ciudadano dependía de la movilidad en el imperio».

«Los derechos de la ciudadanía se podían disfrutar en Estados Unidos, pero no en Puerto Rico», sostuvo. «Los casos insulares lo que dicen es que el estatus del territorio afecta tus derechos en el imperio».

Venator Santiago advirtió que lograr que la revocación de los casos insulares, a los que pertenece Balzac, por sí solos no resuelve el problema de inequidad en Puerto Rico, donde hay un desbalance democrático y una dualidad legal.

Proponen alternativas ante la inequidad jurídica en Puerto Rico

Mientras, el profesor José Javier Colón Morera, de la Universidad de Puerto Rico, se enfocó en US v. Vaello Madero, el caso de 2022 en el que el Tribunal Supremo de Estados Unidos denegó para Puerto Rico la aplicación del programa de Seguro Social Complementario (SSI, en inglés), esto en detrimento de los ciudadanos pobres del país, que es la colonia más antigua del mundo.

El SSI es un programa que los residentes de Puerto Rico no pueden disfrutar pero, en el caso de José Luis Vaello Madero, quien recibía ese beneficio como residente de Nueva York, cuando se mudó a Puerto Rico siguió cobrando el dinero.

Resumen argumentos de Vaello-Madero ante Supremo federal

Colón Morera explicó que el caso originalmente era uno de cobro de dinero, pero se fue complicando, generando casos adicionales en el cual se reclamaban acceso a otros programas que no están disponibles en su totalidad.

Incluso, jueces como Gustavo A. Gelpí redactaron expresiones sobre el por qué negarle el programa a los residentes de Puerto Rico era una especie de discrimen contra la comunidad hispana.

«Lo que podía ser un caso sencillo de deuda, se convirtió en un complicado litigio de 2,000 millones», dijo el profesor. «Y el Supremo sabía mientras resolvía Vaello que le esperaba luego un pleito de clase».

Al mismo tiempo, la administración Biden -que decidía respaldar la paridad de fondos para Puerto Rico- no detuvo el procesamiento de su Departamento de Justicia en este caso alegando que se requerirá una acción política congresional, que no ocurrió.

De hecho, el pleito de clase no llegó por la forma en que se decidió Vaello en el que ni siquiera se mencionar a Balzac.

«Taft hubiera estado contento», dijo el profesor, aludiendo al juez William Taft, un expresidente de Estados Unidos que luego fue juez del Tribunal Supremo, exgobernador de Cuba y Filipinas, quien decidió el caso Balzac.

A preguntas de los asistentes, el profesor sostuvo que la decisión de Taft tuvo el efecto de detener al movimiento estadista de la época que aspiraba a usar la implantación de la ciudadanía americana para traer la anexión a Puerto Rico

Mientras, Willmai Rivera Pérez, profesora de Derecho del Southern University Law Center, repasó otros procesos legales recientes que un poco se derivan de la situación colonial asociada a los casos insulares, como cuando en 2016 se creó la ley federal PROMESA.

«La Junta de Supervisión Fiscal (creada en PROMESA) fue federalmente creada como una entidad super impuesta por encima del gobierno del territorio», indicó Rivera Pérez.

Poco después, en 2017, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) comenzó a reclamar documentos a la Junta de Supervisión, quienes no entregaron todo lo solicitado y acudieron al tribunal federal reclamando que se cumpliera con una ley estatal.

Seis años después, el caso llegó al Supremo federal y declaró que el ente federal tenía inmunidad soberana, de forma casi unánime, solamente con el Juez Clarence Thomas rechazando la postura de la junta.

«No hay ni un solo caso en que el Supremo haya fallado en contra de la junta», mencionó.

Asimismo, Neil Weare, de la organización Right to Democracy de reciente creación y que busca nuevas estrategias contra los casos insulares, dijo que como litigante en algunos casos recientes donde se trata de levantar bandera contra los casos insulares ha visto «cosas absurdas».

Sostuvo que PROMESA no se hubiera tenido que implantar si el Supremo federal no hubiera votado en contra de la ley de quiebra criolla que se trató de implantar cuando el gobierno se quedó sin dinero para pagar sus deudas, pero había sido excluido de la ley federal de quiebras.

También lamenta que parte de la reciente jurisprudencia del Supremo «casi de forma amenazante dice (sobre derechos de los ciudadanos de los territorios) disfrútalos mientras puedan porque el Congreso puede quitarlos».

Agregó que aunque en Vaello reconocen que los casos insulares son terribles y racistas, luego en casos posteriores como uno que representó Weare, el de un ciudadano de Samoa Estadounidense de apellido Fitisemanu, el Supremo optó por no intervenir.

Weare dijo que «es frustrante» como se ha desarrollado parte de la jurisprudencia, aunque por lo menos han «iluminado» cuál es la realidad política de Puerto Rico.