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A 15 años desde su nombramiento como juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Rafael L. Martínez Torres, reflexionó sobre su trayectoria por el cuerpo colegiado, habló sobre los retos relacionados a la inteligencia artificial en la profesional jurídica y las ventajas de la digitalización en el Poder Judicial.
«Me parece que es importante que se le dé más visibilizada no solo al Tribunal, sino a las partes para que tengan la oportunidad de sentirse escuchadas, de que tuvieron su día en corte. Así como, aclarar las dudas de los jueces directamente sin que hayan sorpresas y que los jueces tengan la mayor cantidad de factores e información posible a la hora de resolver», contestó el juez cuando Microjuris le preguntó sobre el futuro del Tribunal Supremo en referencia a las vistas orales.
Martínez Torres agregó, asimismo, que durante el proceso de vistas orales, la mayoría de las veces surgen conversaciones entre los jueces y juezas que componen el alto foro judicial del archipiélago.
«(Las vistas orales) pueden ayudar incluso a que haya un conceso y eso es lo más importante, donde una mayoría se ponga de acuerdo por fundamento».
«Somos la rama más débil, decían los federalistas, y razón tienen porque nosotros no escogemos los temas que vamos a tratar, a diferencia de la Legislatura y el Ejecutivo. Aquí la jurisdicción apelativa es limitada. A veces, un juez municipal tiene más poder de impactar la vida de las personas de forma inmediata que nosotros en el Tribunal Supremo, que estamos revisando asuntos que ya pasaron por dos tribunales y no afectan a todo el mundo. Sí tienen efecto e importancia a futuro porque impactan el derecho, pero no alteran la vida diaria de los ciudadanos.
De igual forma, destacó que para mantener la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial, es necesario que los jueces y juezas actúen conforme a la prueba y al derecho.
«Y, segundo, es necesario que haya visibilidad y transparencia. Las vistas orales tienen que ver con eso, al igual que la transmisión de vistas en el Tribunal de Primera Instancia. Si las personas ven lo que estamos haciendo, la prueba que se presentó, el proceso y la discusión que hubo, luego es más difícil decir que ‘eso fue una decisión arbitraria’, porque la gente va a ver que no lo es. Podrían estar en desacuerdo, pero van a poder ver que hubo una deliberación y una prueba».
Sobre los reclamos de algunos sectores para establecer un nuevo proceso de nombramientos a la judicatura, Martínez Torres defendió el sistema actual, pero cuestionó los otros mecanismos que existen en otros países, ya que, según su criterio, convierten a los jueces y juezas en políticos comprometidos con sus donantes.
«Tenemos un sistema de nombramientos basado en el modelo presidencial estadounidense, en el cual el gobernador nomina y el Senado confirma. Es cierto que son políticos quienes realizan estos nombramientos, porque no somos una entidad ajena al gobierno ni un comité de árbitros privados; somos parte del gobierno. Somos funcionarios públicos. El gobierno, en teoría política, pertenece al pueblo».
Aplaudió, de igual forma, la diversidad judicial puertorriqueña porque las diferentes perspectivas enriquecen el tribunal. «Aquí, esa diversidad se logra en la medida en que distintos gobernadores van nombrando jueces y distintos senadores los van confirmando. Así, tienes una amalgama de jueces en el sistema con distintas filosofías judiciales».
Para el juez resulta necesario garantizar y apoyar un salario digno para la judicatura, específicamente los jueces y juezas.
«Lo otro que debemos asegurar es la calidad y cantidad de candidatos. Eso se ha ido reduciendo en la medida en que los salarios de los jueces y juezas no son competitivos. No compara con lo que un abogado se gana en otro sitio».
Recientemente, la Asamblea Legislativa dio paso al Proyecto del Senado 1400, que busca aumentar el salario en el Poder Judicial.
El Proyecto del Senado 1400 está ante la consideración del gobernador Pedro Pierluisi.
La medida incluye la estructura para uniformar las escalas salariales de los fiscales, procuradores y registradores del Departamento de Justicia.
Los salarios judiciales no han sido revisados en dos décadas. La última actualización se hizo con la Ley Núm. 232 de 2002 y la Ley Núm. 233 de 2004.
Su mayor legado, según dijo, es que lo describan siempre como un hombre honesto y trabajador. Asimismo, incluyó que como consejo principal le diría los miembros de la judicatura que siempre procuren ser honestos.
«Si usted está seguro de lo que está diciendo, no tenga miedo en defenderlo». «Levántese a trabajar con gusto». «La justicia del hombre no es perfecta», concluyó.
El proyecto «Detrás de la toga» es una iniciativa para acercar al Poder Judicial de Puerto Rico a las y los puertorriqueños y que estos conozcan las historias y vivencias del ser humano que imparte justicia a diario en los tribunales de la isla. Podría argumentarse que el Poder Judicial, debido a nuestra estructura republicana de gobierno, es la menos visible y político.
No obstante, las juezas y los jueces tienen que interactuar con las personas en sus momentos más vulnerables y difíciles como por ejemplo un divorcio, una privación de custodia, una ejecución de hipoteca, problemas entre vecinos, un alegado despido injustificado, un procedimiento criminal, un ingreso involuntario por salud mental, entre otras. Por consiguiente, las juezas y los jueces dejan una marca importante sobre toda persona que acuda a sus salas a buscar justicia y sosiego.
La encomienda de adjudicación de casos y controversias que recae sobre las juezas y los jueces es una solitaria y de constante análisis e introspección. Pero detrás de cada sentencia, resolución u orden, existe un ser humano con unas experiencias de vida únicas y que sería aleccionador conocerlas.
A través del proyecto longitudinal «Detrás de la toga» se le realizarán entrevistas a múltiples juezas y jueces de Puerto Rico y la ciudadanía tendrá la oportunidad de conocer más a fondo al ser humano que, además de llevar puesta una toga, tiene familia, lee periódicos y ha tenido fracasos y victorias como cualquier ser humano. Con esta iniciativa, estamos convencidos que un componente esencial del acceso a la justicia es que las personas pueden conocer a sus juezas y jueces a mayor profundidad.