Por Daniel Rivera Vargas

Múltiples deponentes en una vista pública develaron el alcance y efecto de la doctrina federal llamada Casos Insulares sobre Puerto Rico, que trascendieron con la publicación de un nuevo informe del gobierno federal.

«La discriminación y la desigualdad institucionalizada por los Casos Insulares está separando familias y destrozando comunidades en la isla», expresó George H. Laws García, de la organización Puerto Rico Statehood Council.

«Han afectado la identidad, la cultura del pueblo de Puerto Rico, entiéndase como cultura, el conocimiento, las creencias, valores, costumbres y opiniones de nuestra gente, entre otros factores. La ambivalencia e inseguridad de quiénes somos, de dónde estamos y hacia dónde vamos ha impactado la vida, salud mental, autoestima, capacidad de empoderamiento y autorrealización de muchos puertorriqueños», sostuvo por su parte el reverendo Otoniel Font.

«Todo lo que es desigual o injusto es justificado por el ‘estatus'», indicó por su parte la trabajadora social Hilda Sciera.

«Lo que muchos no entendemos es por qué el Congreso y el Poder Judicial no toma acción sobre el tema a favor de la igualdad de los derechos [de] los puertorriqueños que vivimos en la isla. En el centro de los Casos Insulares está la negación de los derechos civiles básicos garantizados por la Constitución de los Estados Unidos», expresó el veterano Alex Ortiz.

Las declaraciones son extractos de los testimonios vertidos el 10 de mayo pasado durante la primera vista ocular realizada por el Comité Asesor de Puerto Rico ante la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos como parte de su estudio sobre los Casos Insulares y la Doctrina del Territorio No Incorporado y su efecto en los derechos civiles de los residentes de Puerto Rico.

Los Casos Insulares son una serie de casos de las primeras dos décadas del siglo pasado en la que judicialmente se reconoció que Puerto Rico y otros territorios podían ser tratados de forma desigual a otras personas en Estados Unidos, lo que es considerado discriminatorio y racista en casos como United States v. Vaello-Madero.

«Los Casos Insulares no tienen ninguna base en la Constitución y, en cambio, se basan en estereotipos raciales. No se merecen ningún lugar en nuestra ley», indicó el juez Neil Gorsuch en esa opinión.

«Desafortunadamente durante 125 de esos años, el Gobierno de Estados Unidos no ha cumplido con la promesa de gobierno por consentimiento en Puerto Rico, negando a los residentes de la isla el derecho al voto a nivel federal. Esta discriminación y exclusión política contra los 3.1 millones de ciudadanos americanos en Puerto Rico tiene sus raíces en la doctrina legal establecida por los llamados Casos Insulares a comienzos del siglo 20», manifestó Laws García en otro momento de su ponencia.

Otras personas compartieron cómo la desigualdad en el trato les afecta directamente.

Por ejemplo, José A. Hernández, miembro de la Junta Directiva de la organización Movimiento para el Alcance de Vida Independiente y persona con discapacidades, explicó durante una vista pública que, después de mudarse brevemente a Florida tras el paso del huracán María, pudo acceder a numerosos programas de ayuda federal en tan solo un mes.

Sin embargo, al regresar a Puerto Rico, se encontró con la dificultad de no tener acceso a todos los programas y, en algunos casos, experimentó demoras de hasta un año para recibir beneficios en los que sí podía participar.

Esto también afecta el bolsillo de profesionales, como los médicos, que ven una enorme disparidad en los rembolsos de Medicare para los que están en Puerto Rico y los residentes de Estados Unidos.

Esa tasa de reembolso «está 43 por ciento por debajo del promedio nacional y 26 por ciento por debajo de los US Virgin Islands, lo cual nos demuestra el porqué de la fuga de profesionales de salud que existe actualmente en Puerto Rico», explicó Betzaida Ramos, Directora de la organización Movimiento para el Alcance de Vida Independiente.

El grupo divulgó el primero de varios memorándums sobre estas vistas.

En una fecha posterior, cuando concluyan las vistas el Comité Asesor de Puerto Rico rendirá un informe final con una serie de recomendaciones a la Comisión Federal de Derechos Civiles, una agencia independiente del gobierno de Estados Unidos.

Lee el memorándum: Los casos insulares y la doctrina del territorio no incorporado y sus efectos en los derechos civiles de los residentes de Puerto Rico

«El Comité agradece la participación de todos los panelistas y miembros del público que hicieron este memorándum posible. Esperamos que este memorándum pueda ayudar a difundir el conocimiento sobre la realidad que han vivido los residentes de Puerto Rico como un territorio no-incorporado y que sea un paso positivo en los derechos civiles de esta población»,  en declaraciones escritas el profesor Andrés Córdova Phelps, presidente del comité.

En este primer informe de 38 páginas, el comité presenta una serie de conclusiones que abordan diferentes aspectos:

1. Relación de Subordinación Política: El análisis se enfoca en la relación de subordinación política entre el gobierno de Estados Unidos y Puerto Rico.
2. Trato Desigual y Discriminatorio: Se examina el trato desigual y discriminatorio que Puerto Rico recibe por parte del gobierno estadounidense.
3. Perspectiva sobre el Tribunal Supremo: Se plantea la perspectiva de que el Tribunal Supremo no sea la instancia más idónea para resolver los problemas derivados de la Doctrina de la No-Incorporación.
4. Contradicciones en la Ciudadanía Estadounidense: Se exploran las contradicciones en la ciudadanía estadounidense de los residentes de Puerto Rico.
5. Acceso Limitado a Programas Sociales: Se destaca el acceso limitado a programas de bienestar social debido al estatus de territorio no incorporado y su impacto en comunidades vulnerables.
6. Impacto en la Calidad de Vida y Desplazamiento: Se analiza cómo la discriminación y el trato diferencial han afectado directamente la calidad de vida de los residentes de Puerto Rico, contribuyendo al aumento del desplazamiento de Puerto Rico.

En esa primera audiencia, participaron académicos, líderes comunitarios y ciudadanos que abordaron diversos aspectos relacionados con cómo entienden que los Casos Insulares los afectan desde diferentes perspectivas.

Se discutieron temas como la falta de acceso a programas federales, el impacto en la vida de personas con discapacidades y veteranos, así como el contexto histórico de los Casos Insulares.

Ya se celebró una segunda vista, el 14 de septiembre, pero lo vertido en esa audiencia sería usado para un informe posterior.