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Por Paola Arroyo Guzmán y Perla del Mar Rodríguez Fernández
Son las 9:00 de la mañana. El sol calienta la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Los pasillos de esta institución centenaria comprometida con la formación de juristas con conciencia social y el acceso a la justicia se comienza a llenar de estudiante con sed de conocimiento.
Allí, precisamente en el salón L-2, da inicio por primera vez en Puerto Rico un jornada de discusión sobre «Abolicionismo penal y feminismo abolicionista: diálogo transdisciplinario».
Cuestionar la eficacia del sistema judicial y carcelario tradicional fue la asignatura pendiente aquella mañana en un salón abarrotado por estudiantes, docentes y personas de la comunidad jurídica del archipiélago. Levantar sobras y posibles alternativas ante un conjunto de reglas que regulan todo el proceso penal de Puerto Rico resulta innovador y radical.
La primera conversación fue sobre los nuevos marcos para problematizar los conflictos y las intervenciones punitivas estuvo a cargo de Agustina Iglesias Skuji, feminista y doctora en derecho penal, quien comenzó reflexionando sobre la eliminación de los castigos sociales y posteriormente abordó la necesidad de abolir de cultura del castigo.
Y es que a medida que la sociedad evoluciona, surge la necesidad de replantearse la forma en que abordamos la delincuencia y la justicia.
«El abolicionismo es un mecanismo que intenta cambiar aquellas posturas tradicionales sobre cómo pensamos lo jurídico».
«Más o menos todes sabemos que el abolicionismo es una teoría critica del derecho. Podemos considerar que el abolicionismo es un mecanismo que intenta cambiar aquellas posturas tradicionales en relación a cómo pensamos lo jurídico», explicó.
Agregó que, de igual forma, se puede pensar en el abolicionismo penal como un conjunto heterogéneo de practicas sociales y culturales con relación al castigo.
«Podemos también decir, para marcar que entendemos por abolicionismo penal, que podemos encontrar dos corrientes tradicionales: una que abraza un sentido más amplio y otra que tiene un sentido más restrictivo; quienes propenden la abolición del sistema penal, en su totalidad, y quienes apuntan a la abolición de la pena de prisión o la pena de muerte».
Desde su posición, así como otras autoras feministas, «deberíamos ir más allá de ese abolicionismo que únicamente está preocupado por las penas de prisión o por aquellas normas que legítima y regulan ese sistema».
Como parte de la discusión, Iglesias Skuji dialogó y visibilizó otras alternativas que proponen la eliminación de todas las formas de castigo social.
«Es necesario entonces un cambio en el orden cultural para que podamos abolir la cultura del castigo. En ese sentido, entonces nuestro imaginario de nuestro horizonte de justicia tiene que ver con poder hacer eficaz la idea de representar esas formas culturas alrededor del castigo».
«El sistema penal es la creación de un sufrimiento innecesario que, además, se distribuye desigualmente», agregó.
Abundó en que es necesario reflexionar sobre la legislación relacionada al tema y en todas las formas y prácticas que tiene origen en la idea el castigo.
«No podemos pensar el sistema penal, el sistema penal de justicia penal, sin incluir todas aquellas normas de carácter administrativo que también regulan, castigan y producen dolor en la vida de miles y millones de personas. Por lo tanto, no solo pensaríamos en un abolicionismo penal en un sentido estricto, sino que les propongo pensar en un abolicionismo penal que visibilice todas aquellas formas de castigo, no necesariamente formales, pero también las informales».
Argumentó que las penas de prisión a menudo no abordan las causas subyacentes del comportamiento delictivo, como la pobreza, la falta de acceso a la educación y la discriminación sistémica.
Para abordar el tema, es necesario entender cómo se ha producido el conocimiento para atender el problema que se investiga, hacia quiénes dirigen la producción del conocimiento y cuáles son las experiencias que recoge la práctica política para producir el conocimiento.
«Hemos producido conocimiento desde otra realidad. Hemos importado conocimiento que no necesariamente tiene que ver con los que sucede en nuestros países».
Bajo esa misma línea, el diálogo continuó con el panel titulado «Crimen y castigo: agotamiento del paradigma punitivo y propuestas del feminismo abolicionista» con la Dra. Madeline Román, Dra. Iris Yaritza Rosario y Dra. Lina M. Torres Rivera, en el cual se abrió un espacio para reflexionar sobre el sistema penal.
Particularmente, las panelistas tuvieron un espacio para destacar que la justicia restaurativa busca reparar el daño causado a las víctimas y a la comunidad. Por lo que, implica diálogo y reconciliación, promoviendo la responsabilidad personal y social.
«Los conflictos en nuestras sociedades son inevitables, y como tal, representan una oportunidad para que la comunidad participen en sus resoluciones desde un acercamiento pedagógico y tomando en cuenta la estructura social en la cual dicho conflicto se desata», reflexionó Rosario Nieves, Catedrática Auxiliar de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
Por su parte, Román celebró que por primera vez en Puerto Rico surja una discusión detenida y una reflexión sobre la dialogicidad que tendría el abolicionismo penal y el abolicionismo feminista.
«La respuesta penal, es una de las variadas formas, de esos que en criminología y penología, llamamos reacción social. Es una respuesta ante personas y conductas catalogadas como amenazantes, peligrosas, desviadas, dañinas, criminales, delictivas, etcéteras. No me detendré en lo que ya sabemos. Solo puedo insistir en que el delito es una construcción social, y como tal, es relativo en tiempo y espacio», sostuvo Torres Rivera.
Las profesoras también abogaron por eliminar las políticas y prácticas que perpetúan la desigualdad, como el racismo sistémico y la discriminación económica.
La doctoranda Amalín Ramos Mesa invitó, en su intervención sobre «Prácticas y estrategias colectivas como imaginario de justicia alternativa», a que imaginemos y recordemos que la justicia restaurativa está más cerca de lo que pensamos.
Al tiempo que destacaba que no era penalista y que su trabajo está centrado en el derecho civil, reconoció que el camino hacia la justicia restaurativa debe apartarse de fórmulas extraordinarias y tomar caminos distintos a los establecidos por las metodologías, discursos e instituciones tradicionales.
Ramos Mesa se considera una inestable disciplinar, porque la transdisciplinaridad es el camino.
De acuerdo con la doctoranda, habrá que preguntarnos cómo se va a transformar o superar la mirada victimista y empezar a reconocer que las personas que atraviesan las violencias orientan su acción a los recursos disponibles y que, de la misma forma en que buscamos procesos penales y civiles, hay procesos que también median y resuelven.
Ramos Mesa destacó que la neutralidad del sistema de justicia es un mecanismo de alineación del conflicto que aisla a las comunidades de sus propios recursos de resolución y de justicia restaurativa. En ese sentido, habría que preguntarse cómo resolvieron sus situaciones de violencia las personas que nunca hicieron la denuncia tradicional.
La doctoranda sostuvo que un expertise profesionalzado y burocratizado no puede posicionarse por encima de los saberes comunitarios que nos acercan a imaginar lo posible fuera de la vigilancia, el control y el castigo.
Según la abogada, habrá que acercarse a la justicia restaurativa desde la perspectiva y el lenguaje de quienes experimentan la violencia y observar la forma en que reconstruyen su nueva realidad.
La clave, de acuerdo con la doctoranda Ramos Mesa, es abrir la puerta a todo tipo de mecanismos que estén centrados en víctimas, saber que las soluciones no son perfectas, que no funciona en todos lados y afirmar que es mejor alguna justicia que ninguna.
La abogada añadió que habrá que cambiar la narrativa del castigo para desmantelar las cárceles conceptuales.
De acuerdo con la abogada, hay que atreverse a renunciar a la aspiración de erradicar la violencia y entender que el conflicto es lo que nos acerca.
«Sin conflicto, no nos acercamos», sostuvo.
También hay que recordar que los cambios no se hacen solos y tener siempre presente por quiénes los hacemos.
En el panel titulado «Feminismo carcelario: perspectivas desde la defensoría pública», conversaron la Lcda. Eileen Díaz, la Lcda. María Soledad Sáez, la Lcda. Ana María Strubbe, la Lcda. Athellyn Jiménez Emanuelli y la Lcda. Ariadna Godreau.
La licenciada Sáez abrió la conversación señalando que el ser humano perece en ausencia de libertad y que el discurso populista donde «la justicia es demasiado benigna con los delincuentes» está tratando de simplificar ideas complejas de una forma seductora y espantosa que elimina la discusión sobre lo que realmente importa.
La abogada cuestionó para quién o quiénes realmente funciona un sistema con énfasis en lo punitivo y afirmó que la instituciones se lavan la cara y nos inundan de campañas banales sin importar que se vulneren todos los derechos fundamentales que supuestamente nos cobijan. Eso hace, a palabras de la abogada Sáez, que el proceso para lidiar con las personas que viven al margen sea encarcelarlas.
La licenciada Strubbe afirmó que es momento de desprenderse de la falacia de que el tribunal puede resolver la violencia de genero, cuando el 80% de los casos se reducen a propiedad. «Eso es lo que llega al tribunal». Y sin atender el conflicto, se genera más violencia.
Jiménez Emanuelli sostuvo que, contrario a la práctica de sus compañeras, ella se ha enfocado en defender adolescentes, que muchas veces se presume que tienen una capacidad total, como si fueran adultas habilitadas, cuando en realidad son niñas.
De acuerdo con la abogada Jiménez Emanuelli, a las adolescentes les exigen responsabilidad total y se presume que «lo escogió» o «se lo buscó», ignorando que también son víctimas de maltrato. Las adolescentes solo son importantes si son víctimas, las mujeres adultas se les arrebata su ser y solo se les escucha si quieren llegar a una convicción, afirmó Jiménez Emanuelli.
Díaz utilizó la parábola de los ciegos y el elefante —que plantea que las personas opinamos a partir de nuestra experiencia y asumimos la razón desde un solo punto de vista— para plantear que viene siendo tiempo de acercarse a la realidad que enfrentan las personas privadas de libertad.
Hay que acercarse al problema que representa la cárcel para trazar una solución, afirmó.
De acuerdo con la licenciada Díaz, si todas las personas observaran lo que ven las abogadas de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), que defienden a personas de escasos recursos imputadas o acusadas criminalmente, habrían más personas convencidas de que hay que transformar el sistema de justicia.
La moderadora, la licenciada Godreau, preguntó qué se sentía ser la primera línea de respuesta ante todo este fenómeno judicial.
Jiménez Emanuelli respondió, a modo de notificación general, que las abogadas lloran y se enfrentan a que cuando muestran sensibilidad, se les diga que han creado demasiada relación con el cliente o sufren la violencia de que las reduzcan a su sensibilidad.
Strubbe destacó que ser la primera línea por mucho tiempo significó tener un círculo de apoyo muy cerrado porque se enfrentaba a que, como defensora, se le redujera a las personas a quienes representa.
Sáez destacó que las defensoras han tenido que defenderse de otras violencias, como que les quieran imponer cómo se supone que una mujer hable en el tribunal, cómo se vista y les cuestionen hasta cómo les han permitido ser madres, si no tienen entrañas por ser defensoras.
«Hasta muy recientemente, no se nos había hecho parte de estas discusiones. Se asumía complicidad», puntualizó Sáez, refiriéndose a que por primera vez en Puerto Rico se celebra una jornada de discusión sobre abolicionismo penal y feminismo abolicionista, donde se integran también las voces de las defensoras.