La Comisión de Gobierno de la Cámara, que preside el representante Jesús Manuel Ortiz Gonzázlez, tiene ante su consideración el Proyecto de la Cámara 960 para crear la Ley contra el Discrimen por Razón de Estilos de Cabello.

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De convertirse en ley, se prohibiría —tanto en el sector público, como en el privado— que se discrimime contra trabajadores o clientes por los estilos de peinado y texturas de cabello que se asocien con una raza u origen nacional particular.

Se ordena que las instrumentalidades públicas de todos los poderes del gobierno y los municipios atemperen sus reglamentos de personal para acoger estas disposiciones.

La medida presentada por el representante José Bernardo Márquez, la representante Lisie Burgos Muñiz, la representante Déborah Soto Arroyo y el representante Denis Márquez Lebrón está radicada desde el 31 de agosto de 2021 y se trata de una medida por petición. La petición la presentó la ciudadana Alanis Ruiz Guevara.

«Es alarmante ver cómo instituciones públicas y privadas, tanto en su rol de patronos como en el ofrecimiento de servicios esenciales, resultan ser los principales perpetradores del discrimen racial mediante la prohibición del uso de peinados protectores y texturas de cabello que regularmente se asocian con una raza y origen nacional particular», plantea la exposición de motivos de la medida.

La medida, particularmente, propone impedir el discrimen contra peinados y texturas como los rollos o rizos apretados, locs, trenzas pegadas, torcidos, trenzados, nudos bantú y afros.

A nivel de Estados Unidos, unos 12 estados han adoptado una legislación modelo conocida como el Crown Act.

Esta política pública busca eliminar el discrimen contra el cabello y peinados protectores en el ámbito laboral y escolar. Esta política pública es impulsada por los trabajos de la coalición y campaña The Crown Act.

Según los datos recopilados por esta organización, el 80% de las mujeres negras han tenido que cambiar el estado natural de sus cabellos para poder estar y permanecer en un ámbito laboral.

El proyecto prohibiría que un patrono pueda suspender, rehusarse a emplear, despedir o de cualquier otra forma perjudicar a una persona en su empleo por tener peinados protectores y texturas de cabello que regularmente se asocian con una raza y origen nacional particular.

Esto incluirá, pero sin que se entienda como una lista exhaustiva, los rollos o rizos apretados, locs, trenzas pegadas, torcidos, trenzados, nudos bantú y afros.

Además, no se negará a persona alguna acceso, servicio e igual tratamiento en los sitios y negocios públicos, según definidos en la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico, por tener dichos estilos protectores y texturas de cabello.