Por Daniel Rivera Vargas

Las repercusiones de la doctrina de los Casos Insulares y retos que sufren los territorios de Estados Unidos fueron discutidos por residentes de varios las islas afectadas durante un panel organizado por Microjuris,  Equally American y Latino Justice.

En el conversatorio participó Neil Weare de Guam y Charles Ala’ilima de Samoa Americana, ambos abogados del caso Fitisemanu; la Legisladora de las Islas Marianas del Norte, Hon. Sheila Babauta, Lía Fiol Matta, abogada dedicada a asuntos de derechos civiles de Puerto Rico y Brian Modeste, Director de Asuntos Insulares en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

«Nosotros nisiquiera somos ciudadanos (americanos) y la merecemos por disposición constitucional», dijo Ala’ilima.

Junto a Ala’ilima, en el panel titulado ‘Insular Cases: «Odious and wrong». Voices from the Territories’, que representó una rara oportunidad para ver al mismo tiempo a tantas personas de diversas nacionalidades del Océano Pacífico y el Mar Caribe discutir esta centenaria doctrina legal.

«Los Casos Insulares aún son ley, son precedentes y deben ser rechazadas», dijo Modeste.

El tema de los Casos Insulares es parte del debate legal y público recientemente luego de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolviera en el caso Vaello Madero que no amerita aplicar el programa de Seguro Social Complementario (SSI, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico.

En ese caso, dos de los nueve jueces criticaron directamente los Casos Insulares: el juez Neil Gorsuch dijo que era «ley podrida» y la jueza Sonia Sotomayor dijo que eran «odiosos y equivocados», lo que da paso al nombre del panel de anoche.

Los Casos Insulares son una serie de decisiones de principios del siglo XX, que determinaron que se podía tratar diferente a residentes de los territorios, como Puerto Rico. Contienen diferentes expresiones que son racistas, como usar términos como «salvajes» en relación a los residentes de los territorios.

Fiol-Matta,  por su parte, dijo que Vaello fue una decisión dolorosa porque el programa que se estaba negando, SSI, está dirigido a pobres y discapacitados, un segmento enorme de la población de Puerto Rico, una isla con un altísimo nivel de pobreza y con mucha gente con impedimentos.

 «Esta decisión niega beneficios a los más necesitados», dijo Fiol Matta.

«Aún me seco los ojos pensando en Vaello-Madero. El doble estándar creado por los Casos Insulares afecta a los ciudadanos pobres y discapacitados bajo la premisa de Puerto Rico», agregó la abogada, quien exhortó a los interesados a leer la opinión disidente de la jueza Sotomayor que clarifica la realidad de lo que Puerto Rico tributa al fisco federal.

Otros programas en los que Puerto Rico no tiene paridad, y que ayudarían directamente a gente necesitada, es Medicaid y SNAP, lo que en la isla conocemos como el Programa de Asistencia Nutricional (PAN). "Es abominable", dijo la abogada.

Contrario a Vaello, que no se planteó directamente revocar los Casos Insulares, en el caso Fitisemanu esa es la controversia medular en el reclamo de un oriundo de American Samoa que reclama un derecho constitucional a la ciudadanía americana. Los residentes de esas islas del Pacífico son parte de Estados Unidos pero, contrario a Puerto Rico, no tienen ciudadanía americana.

El Supremo federal había divulgado en su portal la semana pasada que este viernes consideraría en conferencia de los jueces si otorgaba certiorari en Fitisemanu, pero luego se cambió la fecha. En el panel dijeron que sería la próxima semana.

El efecto de la doctrina de trato distinto a los territorios en comparación de los estados percola en los casos de desastres como los huracanes, surgió en el panel. Por ejemplo, el trato discriminatorio visto reflejado en dos documentos federales recientes sobre el manejo de ayudas en María, dijo Fiol Matta.

El más reciente informe, dijo la abogada, fue de la Oficina de Inspector General sobre el manejo de los fondos federales en Puerto Rico, donde contrario a otras jurisdicciones la Agencia Federal para el Manejo de Desastres (FEMA) fue a la misma vez la persona que administraba el dinero y fiscalizaba su uso.

Informe federal destapa fallas por manejo de ayudas tras huracán María

Fiol Matta resaltó que el otro informe fue preparado con semanas de diferencia por la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos, que comprobó que a los nueve días del azote de Harvey en Texas, FEMA aprobó $141.8 millones en asistencia individual para las víctimas,  mientras que a los nueve días del paso de María, esa agencia federal apenas aprobó $6.2 millones para las damnificados del territorio.

También hay una diferencia marcada en la cantidad de muertes, porque Harvey dejó unas 103 muertes -68 de ellas resultado directo del huracán- y en Puerto Rico la cifra superó los 2,900 fallecimientos.

«No importa lo que digan los líderes cuando nos visitan brevemente, ellos nos consideran ciudadanos de segunda clase», sostuvo Fiol Matta. "Estados Unidos lanza migajas a los territorios... nos dan menos beneficios, y eso es basado en el marco de los Casos Insulares", mencionó.

El manejo del desastre de María también dejó un mal sabor en Islas Vírgenes. Modeste dijo que FEMA no tuvo la voluntad de ayudar a los damnificados y que los residentes de esas islas tuvieron que navegar «diferentes aguas»  para manejar las reglamentaciones de la agencia federal.

Modeste, funcionario congresional, dijo que hay un proyecto que busca minimizar requisitos para que ciudadanos afectados reciban ayudas. Comentó que hay exigencias a los estados que no se pueden aplicar a los territorios por sus limitados recursos.

También dijo que hay una resolución congresional, la HR 279, que repudia la doctrina de los Casos Insulares y los describe como racistas. La medida aún no ha sido aprobada por el cuerpo en pleno.

Sobre el tema de las exigencias de las leyes federales, Babatua, la representante de Marianas del Norte dijo que por ejemplo se exige a los afectados un título de propiedad para FEMA desembolsar ayudas, pero esto no reconoce la realidad cultural de sus islas, con calles sin dirección postal y familias que viven juntas.

 «Ves un choque y una desconexión entre los requisitos occidentales y nuestras tradiciones culturales», indicó Babatua.

En ese aspecto, el licenciado Ala’ilima comentó que no es hasta que ocurre algo en Puerto Rico que Estados Unidos presta atención porque la población y la extensión del archipiélago boricua es muy superior a la de los otros territorios.

«Sus necesidades se calculan en billones de dólares y eso abre los ojos. Cuando nos golpea a nosotros son millones», dijo Ala’ilima.

Sobre el caso Fitisemanu, Ala’ilima comentó que cuando su territorio se unió a Estados Unidos, se entendió que tendrían la ciudadanía americana, pero esta no fue concedida por el Congreso. Agregó que finalmente obtuvieron una constitución en 1961 en respuesta al movimiento independentista en Western Samoa y en reacción al movimiento internacional en esa época para terminar con las colonias en el mundo.

También dijo que había preocupación de que de alguna forma la ciudadanía afecte la cultura samoana, lo que el abogado de hablar pausado descarta de plano. «No queremos ser como los hawaiianos, nuestra cultura es diferente, somos únicos», sostuvo.

Mientras, Weare dijo que el racismo es un problema medular en los Casos Insulares.

«Realmente revuelva el estómago», dijo Weare al repasar palabras de los Casos Insulares sobre los residentes de los territorios.

Explicó, también, que la vara creada por los Casos Insulares solo comenzó a aplicarse cuando se trató de residentes de las islas conquistados desde la Guerra Hispanoamericana de 1898, que incluye a Puerto Rico.

Weare dijo que siempre Estados Unidos ha tenido territorios, y se consideraba que estaban desde el saque en el camino a la estadidad pero con los Casos Insulares eso cambia.

«Los Casos Insulares establecen ese marco constitucional que trata a los residentes de los territorios diferente. El juez (fallecido Juan) Torruella lo llama ‘separados pero no iguales’», indicó.

Fue un mecanismo legal que ayudaba a que Estados Unidos tuviera colonias, según se planteó.

«Los casos dicen que está bien tratar diferente a los territorios... el racismo de la época era que Estados Unidos quería tener colonias sin extender a los residentes de esas colonias los mismos derechos que los residentes de los estados... esto llevó a los casos insulares para decir que está bien que Estados Unidos tenga colonias», lamentó Weare.

«Estados Unidos no reconoce que tiene un problema colonial y, si no lo reconoce, ¿cómo lo puede atender», sostuvo.

Fiol Matta también exhortó a comprender la realidad de ese problema colonial. «Tenemos que llamar las cosas por su nombre, tenemos que llamar la colonización por lo que es», sostuvo.

Un detalle que se explicó es que la misma corte que comenzó la línea de jurisprudencia de los Casos Insulares fue la misma que aprobó jurisprudencia que a principios de siglo XX legalizaba el discrimen racial. Esto acabó con otra decisión del Tribunal Supremo, Brown v. Board of Education, pero casi medio siglo después.

Una de las preguntas enviadas al panel por el público que se conectó por más de hora y media al foro fue el alcance de la revocación de los Casos Insulares.

Los panelistas aclararon que, al igual que como paso con Brown, y el fin de la segregación racial legalizada, lo que pasaría es que una vez caigan los Casos Insulares, habría espacio para legislación progresistas para paridad en ayudas, un trato igualitario en reclamos y programas, entre otros, tal y como paso con Brown, fallo judicial que generó cambios en legislación.

«Los Casos Insulares representarán un paso de avance», dijo Modeste. "Brown comenzó una conversación política sobre discrimen racial».

«Será más difícil tratar  los territorios de forma diferente», agregó Weare. «Casos Insulares es para muchos miembros del Congreso una excusa para no actuar y, mientras esto siga, seguirán los retos para que estos temas se atiendan en el congreso», dijo.

Mientras, la CEO de Microjuris, recordó que determinaciones del Tribunal Supremo tiene un gran impacto social, cultural y económico en las vidas de la gente, como por ejemplo, el caso Dobbs sobre el aborto.

De otra parte, en el panel se denunció a su vez que la doctrina de los Casos Insulares aborda también el tema de la autodeterminación de los territorios.

Asimismo, el panel también sacó a flote realidades de los otros territorios estadounidenses.

Babatua, por ejemplo, dijo: «Nosotros en la isla vivimos en la línea de batalla del cambio climático. Está pasando ahora... nuestras costas desaparecen frente a nosotros, palmeras desaparecen, las aceras desaparecen, la infraestructura desaparece… Pero, no tenemos nada que decir de cómo Estados Unidos responde a la crisis climática».

También criticó que se fomente la dependencia de Estados Unidos.

Además, Babatua puso en duda que pueda haber interés por parte de las autoridades estadounidenses en ayudar a sus islas por el desconocimiento general de parte de la sociedad estadounidense con su tierra.

«¿Cómo pueden abogar por nosotros sino saben que existimos, si no pueden localizarnos en un mapa y no saben dónde estamos?», sostuvo.

Modeste, por su parte, sacó a relucir que Islas Vírgenes no tiene una constitución.

Ala’ilima agregó que confía en que Estados Unidos haga lo correcto con los Casos Insulares, ya sea en el caso de sus clientes, o en otro posterior.

«Creo en la Constitución de Estados Unidos, en su historia, hay partes malas pero tenemos la habilidad de atenderlas así que tengo fe, Obama lo dijo: ‘el arco de la justicia va hacia la libertad’. Hay que tener fe de que Estados Unidos hará en su momento lo correcto. Aunque no se si es en este caso».

Por su parte, Babatua hizo un llamado a que continúen diálogos como el del panel de anoche entre gente de los distintos territorios.

«Espero que continuemos creando solidaridad y conversación sobre esos asuntos. No estamos solos, pero a veces se siente así cuando se viene de una isla tan lejana», dijo la mujer en la videoconferencia.