La Comisión de Salud inició esta semana el proceso de vistas públicas sobre los Proyectos de la Cámara 837 y 1485 que buscan enmendar la Ley 408-2000, conocida como «Ley de Salud Mental de Puerto Rico» y derogar la Ley 67-1993 conocida como la «Ley de la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción».

«Con esta vista pública buscamos que se establezca una conversación sobre un tema importante como es el de la salud mental con el propósito de que sea visibilizado y el objetivo de buscar soluciones a algo que cada vez es más complicado en nuestro país. Nuestros ciudadanos necesitan ayuda y es imperativo que todos trabajemos en favor del bienestar de cada persona que esté pasando por estos procesos», expresó la presidenta de la Comisión, Sol Higgins Cuadrado.

A la audiencia pública compareció la Administración de Servicios de Salud Mental (ASSMCA), la Asociación de IPAS y Rubén Santos Rodríguez.

La Asociación de IPAS (AIPAs) apoya y endosa ambos proyectos. «Para la AIPAs es necesario ir más allá y que se enmiende la Ley de Salud Mental (408-2000) para que se puedan beneficiar todos los pacientes de salud mental en Puerto Rico, sin distinción de ser aseguradores o beneficiarios de planes médicos públicos o privados», dijo el vicepresidente de la AIPAs, Ángel Montaner, quien mencionó además que dicha ley se debería integrar al médico primario en plan de tratamiento y equipo multidisciplinario de los servicios de salud mental.

«La AIPAs entiende que es indispensable que los médicos primarios sean parte del equipo de profesionales que atiende los servicios de salud mental en aras de poder lograr la prevención, atención temprana, seguimiento, rehabilitación y tratamientos para la salud mental de los ciudadanos de Puerto Rico que tanto necesitan», añadió Montaner.

En cuanto al Proyecto de la Cámara 1485, la AIPAs señaló que este está alineado con un prestigioso estudio de la Universidad de Harvard titulado «Involuntary Civil Commitment for Substance Use Disorders in Puerto Rico: Neglected Rights Violations and Implications for Legal Reform«, donde se identificó que en la Isla usualmente no usan profesionales médicos o salubristas, sino que dependen de personas que han tenido problemas con sustancias en el pasado.

«Este estudio recomienda que en la Isla se utilice el procedimiento vigente establecido en la Ley 408-2000, y derogar la Ley de ASSMCA. El proyecto de ley 1485 es uno que constituye un paso de avanzada en nuestra jurisdicción, que al igual que todas las otras jurisdicciones de los Estados Unidos, han dejado atrás este procedimiento innecesario y obsoleto que no toma en cuenta los derechos fundamentales de las personas», expuso Montaner.

En tanto, Carlos Cruz Rosado, funcionario de ASSMCA, enfatizó sobre el apoyo de la Administración hacia ambos proyectos, siempre y cuando se acojan varias recomendaciones presentadas a la Comisión.

En cuanto al PC 1485, de la autoría de los representantes Mariana Nogales Molinelli y Denis Márquez Lebrón, Cruz Rosado expuso que se debe «enfatizar y analizar la legislación según las particularidades y realidad correspondiente a la atención de la salud mental y la problemática causada por el consumo de sustancias en nuestro país. Derogar, sin más, la sección 11 de la Ley 67, a nuestro juicio, crearía un vacío legal al ingreso involuntario de personas que necesiten un tratamiento por abuso o dependencia a sustancias controladas o el alcohol».

De igual forma, ASSMCA recomendó que se incremente la jurisdicción de los Tribunales en los casos de drogodependencias sin necesidad de remitirse a la definición del concepto «servicios de salud mental», destinar fondos y recursos para el establecimiento de campañas de educación dirigidas a reducir el estigma y concientizar más a los pacientes y los profesionales de la salud en cuanto al valor del tratamiento para la adicción.

Mientras, sobre el proyecto de ley 837, de la autoría del legislador José "Pichy’ Torres Zamora, Cruz Rosado destacó que, aunque apoyan la aprobación de la medida, fomenta la práctica de prescripción de psicofármacos, posicionando en riesgo a las personas que viven con un trastorno de salud mental.

«El sistema de salud de Puerto Rico enfrenta una escasez de médicos, por lo que la integración física y mental debe ser apoyada por una infraestructura adecuada, incluyendo el desarrollo de protocolos y procedimientos que garanticen un manejo adecuado de las condiciones físicas y mentales»,  puntualizó Cruz Rosado.