El Tribunal Supremo de Estados Unidos (TSEU) determinó que dispararle a una persona durante un arresto constituye una incautación o una restricción a su libertad de movimiento.

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«Dejamos abierta cualquier pregunta relacionada a la razonabilidad de [una] incautación, los daños causados por la incautación y el derecho de los oficiales a la inmunidad calificada», determinó el Supremo federal en Torres v. Madrid, por voz del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts.

De acuerdo con la decisión del Supremo federal, es importante distinguir entre la incautación por control y la incautación por fuerza.

«Para ser justos, nosotros tampoco hemos estado siempre atentos a esta distinción cuando un caso no implicaba la cuestión», añadió la opinión mayoritaria.

La opinión mayoritaria fue escrita por el juez presidente y se le unió el juez Stephen Breyer, la jueza Sonia Sotomayor, la jueza Elena Kagan y el juez Brett Kavanaugh.

El juez Neil Gorsuch presentó una opinión disidente a la que se unió el juez Samuel Alito y el juez Clarence Thomas.

La jueza Amy Coney Barrett no participó del caso.

¿Cuáles fueron los hechos del caso Torres v. Madrid?

El caso surge luego que Janice Madrid y Richard Williamson, agentes de la Policía Estatal de Nuevo México, llegaron a un complejo de apartamentos de Albuquerque para ejecutar una orden de arresto y se acercaron a la peticionaria Roxanne Torres, que en ese momento se encontraba cerca de un Toyota FJ Cruiser.

Los agentes intentaron hablar con ella mientras subía al asiento del conductor. Creyendo que los agentes eran ladrones de vehículos, Torres pisó el acelerador para escapar. Los agentes dispararon sus pistolas de servicio 13 veces para detener a Torres, golpeándola dos veces. Torres consiguió escapar y condujo hasta un hospital situado a 75 millas de distancia, para ser trasladada por aire a un hospital de Albuquerque, donde la policía la detuvo al día siguiente. Posteriormente, Torres reclamó a los agentes una indemnización por daños y perjuicios en virtud del artículo 42 del USC §1983.

Alegó que los agentes hicieron un uso excesivo de la fuerza contra ella y que el disparo constituyó una detención irrazonable en virtud de la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

El Décimo Circuito, confirmando la decisión del Tribunal de Distrito de conceder un juicio sumario a los agentes, sostuvo que «la huida continuada de una persona sospechosa tras recibir un disparo de la policía impide una reclamación por uso excesivo de la fuerza en virtud de la Cuarta Enmienda».

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