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Más de setenta organizaciones sin fines de lucro, agencias y municipios recibieron una inyección de fondos para que ofrezcan servicios directos a las víctimas del crimen y refuercen los programas de seguridad pública en Puerto Rico.

De acuerdo a un comunicado de prensa, el Departamento de Justicia autorizó la distribución de $15.7 millones y además indicaron, por segundo año consecutivo, se otorgará una subvención del gobierno por la suma de $6.4 millones.

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, detalló las partidas de $13,684,986.00 del Victims Assistance Formula Grant Program y $2,134,687.00 provenientes del Edward Byrne Justice Assistance Grant Program.

«Mediante la asignación del programa VOCA podemos proveer a las víctimas asistencia económica, ayuda sicológica, apoyo y acompañamiento durante los procesos judiciales, servicios de seguridad y protección, entre otros», explicó el secretario de Justicia.

A través de un proceso con otros estados, el Departamento de Justicia logró obtener sendas asignaciones millonarias de programas federales. Ambas son asignaciones otorgadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos correspondientes al año fiscal 2022-23.

«Mientras, los fondos del programa JAG se utilizan para continuar combatiendo la criminalidad, reducir el uso de drogas y apoyar los programas dirigidos a hacer nuestras comunidades más seguras. La distribución de estos fondos facilita que las ayudas lleguen de forma directa y rápida a las víctimas y que se atiendan sus necesidades emocionales, psicosociales y físicas. Estos servicios les permitirán estabilizar sus vidas y participar en los procesos conducidos ante el sistema de justicia».

Aportación adicional

Este año el Departamento de Justicia también distribuirá una asignación adicional del Gobierno de Puerto Rico por la suma de $6.4 millones, para apoyar la continuidad de los servicios ofrecidos a las víctimas por parte de organizaciones sin fines de lucro, municipios, agencias ejecutivas del gobierno, corporaciones públicas y los programas de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

«El gobernador Pierluisi aprobó una solicitud que realicé para identificar la cantidad de $6.4 millones de dólares como una subvención estatal para mitigar la disminución de fondos federales que se ha registrado a nivel nacional, incluyendo los estados y territorios de Estados Unidos. Esta asignación presupuestaria fue incluida en el Plan Fiscal 2022-2023 y nos permitirá apoyar la continuidad de servicios a las víctimas por parte de múltiples entidades», informó el secretario.

Precisamente, bajo la Administración del gobernador Pierluisi se han atendido directamente las necesidades de las víctimas de delito, incluyendo la declaración de un Estado de Emergencia que creó lo que fue el Comité PARE.

También, el procesamiento más efectivo de las órdenes de protección mediante la creación del Centro de Operaciones de Órdenes de Protección (COPOP) y la presencia compulsoria de un fiscal en las vistas celebradas en virtud de la Regla 6 de Procedimiento Criminal en los casos de violencia doméstica, que ya es ley.

De igual forma, el reclutamiento de fiscales para las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores, y el nuevo portal del sistema de manejo de estadísticas, así como la implementación del modelo SARA en los esfuerzos contra la criminalidad, que incluyen impactos comunitarios en Puerto Rico y la Orden Ejecutiva 2023-023 para ordenar la creación de un Plan Integral de Reconstrucción Social y Prevención de la Violencia, entre otros.

Para el año fiscal 2023-24, el Departamento logró una nueva asignación de sobre $15 millones que se distribuirán próximamente. De esta partida, $12 millones corresponden al programa VOCA y $2.3 millones provienen del programa JAG.