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Un hombre acudió el jueves a una cita en un tribunal en Guaynabo, un proceso usualmente ordinario. Pero, esta vez, a su salida, fue arrestado.
Esa es parte de la nueva realidad que afecta a los indocumentados en Puerto Rico y el resto de las jurisdicciones estadounidenses al amparo de las nuevas directrices migratorias del gobierno federal ordenadas por el presidente Donald Trump.
Diversos juristas puertorriqueños reflexionaron desde diversas perspectivas sobre la situación migratoria actual en Estados Unidos.
Mariela Negrón Marty, profesora de derecho migratorio y tutora clínica en asuntos migratorios de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, tildó de "atropellante" lo ocurrido en Guaynabo con ese ciudadano inmigrante.
Dijo que si una persona tiene un proceso encaminado, lo que debe pasar es que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) espere el desenlace del caso antes de actuar, y no como en este caso que sencillamente subieron de un piso a otro en el edificio que comparte esta agencia con la corte y arrestaron a la persona indocumentada.
«Tiene agentes en los pasillos esperando a los clientes, continúan con su campaña de miedo y odio, amedrentando a los inmigrantes y tanto como si comparecen a las vistas en corte como si no, como quieran los están llevando arrestados», dijo Negrón Marty.
«Es frustrante, denigrante e intimidatorio. Ya en definitiva la gente no sabe qué hacer, se le pide que comparezca, que asistan a sus citas, cuando se cumple con la ley, con lo que se está pidiendo, tiene consecuencias», sostuvo. No descartó que una opción sea celebrar este tipo de procesos mediante videoconferencias, pero dijo que eso se tiene que solicitar al juez y hay que ver si lo conceden.
«Hay una violación de debido proceso de ley», aseguró la abogada, quien agregó que hay preocupación, miedo, incertidumbre y desesperación entre los inmigrantes. «Muchos de ellos tienen sus casos pendientes y están sumamente desesperados esperando respuesta. Lamentablemente estos procesos tienen respuestas que toman años. Están totalmente desesperados», agregó.
Comentó que no solo se trata del tribunal, sino que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE por sus siglas en inglés) está arrestando indocumentados en lugares de trabajo y en espacios comunes.
Entre sus recomendaciones a la comunidad inmigrante, la licenciada compartió:
Añadió que hubo expresiones recientes desde Casa Blanca de que no habría arrestos en lugares de trabajo, pero está por verse si realmente eso dejará de ocurrir.
Negrón Marty no tenía al momento de la entrevista información de cuantos arrestos de inmigrantes han ocurrido bajo la administración Trump en comparación del pasado gobierno, pero no descartó que se han "triplicado" estas detenciones.
En estos casos, según la profesora y abogada litigante, también hay fraude de personas inescrupulosas que cobran dinero a indocumentados para "prepararle" los formularios sin ser abogados, y no hacen el trabajo y se quedan con el dinero. Eso ocurría mucho en Estados Unidos y ahora está comenzando a ocurrir en Puerto Rico, destacó. «Los están estafando», añadió.
Pero hay otra realidad: son pocos los abogados para estos temas migratorios, y menos aún que manejen deportación. Sugirió buscar estos abogados a través de la American Immigration Lawyer Association, que tiene un portal de Internet, o llamando a las clínicas de derecho de las universidades que pueden referirse abogados con peritaje en esta materia.
«Es una práctica bien especializada y no todas las personas que hacen inmigración hacen deportación. Es difícil conseguir un abogado y que esté preparado. Tiene que estar inscritos en la corte de inmigración. Hay personas que quieren ayudar, pero tiene que saber cómo son los procesos", explicó Negrón Marty.
Para el abogado Arturo V. Bauermeister, libertario con tendencias conservadoras, dijo que no duda que haya un consenso en estos asuntos migratorios a favor del cumplimiento del debido proceso de ley.
«El ‘due process’ se le tiene que garantizar a estas personas», sostuvo el abogado.
Y esa es la posición asumida por diversos tribunales, como incluso el Supremo federal en el caso Gracia, cuando un salvadoreño fue deportado a El Salvador a pesar de una orden de un juez prohibiendo este paso, recordó Bauermeister. Aunque la administración Trump solicitó revocar la orden del juez, el alto foro no la revocó.
Sí dijo que el juez debía clarificar su orden, pero que el gobierno debía compartir información sobre los pasos que daría para corregir el error de deportar a esa persona ilegalmente fuera de Estados Unidos. «Estoy completamente de acuerdo con esa decisión», manifestó Bauermeister.
Añadió que hay diversos asuntos por los que todavía hay que ver su desarrollo en los tribunales como, por ejemplo, el jueves en la noche el Noveno Circuito falló a favor de la orden de Trump de usar la Guardia Nacional de California para controlar manifestaciones.
Las manifestaciones en California sobre los inmigrantes requieren, en opinión de Bauermeister, "un balance entre las protestas y entorpecer las acciones de ICE".
"Hay cosas básicas, un estado no puede dictar la política de inmigración. Y hay un evidente ‘clash’ (choque) aquí entre un estado y el gobierno federal. Y sabemos quién lo va a ganar".
Añadió que las estrategias migratorias responden a razones políticas, porque las deportaciones "no estaban llegado al paso que él hubiera querido", pero en el proceso están dando pasos que pueden ser "indefendibles", y eso podría ser causado por desconocimiento en el círculo interno de Trump de comprensión en el tema de la separación de poderes y en la Constitución.
"Lo que pasa es que se le está yendo la mano", dijo.
Agregó que ciertamente lo que está viendo desde la administración Trump es el "unitary executive theory", que "es bien importante" y concentra en la figura del presidente el poder de la Rama Ejecutiva. La misma comenzó a desarrollarse en la época de Ronald Reagan cuando empezó a limitarse el poder del ejecutivo en deferencia a las agencias estadounidenses y fue elaborado en una opinión disidente del fallecido juez asociado del Tribunal Supremo, Antonin Scalia, cuando se evaluaba la creación de una oficina del fiscal especial independiente a nivel federal, aseguró Bauermeister.
"Todas estas agencias administrativas toman decisiones sin que el presidente, que es el que es elegido, que es la teoría, no asuma alguna postura", afirmó.
Trump apuesta a esta teoría y sus acciones van dirigidas a buscar consolidar esa visión política, dijo Bauermeister. "El presidente lo está empujando. Por eso ves tanto litigio. Muchos de ellos provocados por la propia administración", sostuvo.
Esa teoría del poder del ejecutivo tendría que ser refrendada por la Rama Judicial federal, cuando el asunto llegue en algún caso ante el Supremo de Estados Unidos y entonces "resuelva exactamente cuánto poder tiene el ejecutivo en nuestro esquema constitucional".
El letrado es también fundador y presidente del capitulo de abogados de Puerto Rico del Federalist Society, aunque fue enfático en decir que hablaba en su carácter personal y no de la organización. Agregó que el grupo también ha recibido ataques de Trump a pesar de que en su primer cuatrienio le dio deferencia en la recomendación de abogados para ser nombrados jueces.
Para el profesor Carlos Ramos González, catedrático de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, se trata de un reformulamiento migratorio que tiene que ver con la visión del gobierno federal que prometió el hoy presidente Trump en su campaña como líder de un Partido republicano "nuevo" del que el mandatario se ha apoderado.
"No hay nada nuevo ahí, y esa visión tiene muchas explicaciones porque tuvo una gran mayoría de votos", dijo Ramos. "Es el declive de la nación americana como la conocemos, una nación de decrepitud, por que lo que la distinguía a nivel internacional como nacional era que aun dentro del capitalismo, de los valores del capitalismo, era una visión liberal que tiene unos fundamentos de igualdad ante la ley y el respeto de unos derechos fundamentales", sostuvo.
Las políticas migratorias actuales, en los que de forma sumamente activa se busca detener y expulsar a inmigrantes ilegales, pretenden lograr una sociedad "más blanca" y es parte de un Estados Unidos donde "la igualdad entre las personas ya no va a ser una norma, aunque la constitución diga lo contrario", dijo Ramos.
"Y la manera en que se comienza ese proceso, cada vez más intenso, de fomentar la desigualdad real, la manera de fomentar el blanqueamiento más evidencia de la nación americana, ese regreso a tiempos pasados cuando había claramente una hegemonía de la raza blanca, donde claramente había una sociedad patriarcal y que buscaba consolidarse como tal, sexista, anti comunidad LGBT+, la manera, el primer paso, el grupo más fácil para fomentar esos valore son los inmigrantes", sostuvo el catedrático.
Ramos entiende que, aunque los inmigrantes han sido convertidos en el saco de dar golpes, o ‘punching bag’ porque "el proyecto está clarísimo: Una nación con pocos inmigrantes, blancos y pobres", afirmó.
Pero, en realidad, esto es parte de una visión más amplia, en la que Trump está tratando de gobernar por decreto, con el apoyo directo de un Congreso que guarda silencio mientras Casa Blanca ignora el principio de separación de poderes y él violenta la constitución todos los días, aunque enfrentando alguna residencia en algunos tribunales.
Se trata, dijo, de una Rama Ejecutiva federal que incluso pretende usurpar funciones de aparatos que se supone respondan a los estados, como la Guardia Nacional de California y su uso para silenciar manifestaciones a favor de los inmigrantes, esto a pesar de las restricciones legales al uso de las fuerzas armadas en suelo estadounidense. Dijo que se trata de justificar el mollero militar a base de incidentes aislados, cuando la mayoría de las protestas fueron un uso legítimo de la libertad de expresión.
Trump persigue una visión unitaria del poder ejecutivo, donde se concentra la autoridad en la figura del mandatario, donde se ignora la separación de poderes y derechos fundamentales como el de la expresión, en la que no rompe formalmente la Constitución, pero la lleva a su límite.
"El presidente se considera un monarca", aseveró Ramos.