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Por Daniel Rivera Vargas

El Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston emitió dos decisiones adversas a los reclamos de 69 empleados y exempleados de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) de que no se les estaba pagando conforme a las disposiciones legales correspondientes.

Se trataba de ingenieros y otro personal de la corporación pública que recibía una compensación extra por supervisar proyectos, lo que se permitía al amparo de un reglamento de 2011, pero la ACT dejó de pagarles alegando que la Ley Núm. 66 de 17 de junio de 2014, para crear la «Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico»,  había invalidado esa reglamentación y su compensación especial.

Una decisión de ocho páginas confirmó una decisión emitida por la jueza Laura Taylor Swain.

Los demandantes cuestionan infructuosamente que sus reclamaciones no debían ser tratadas como si fueran deudas no aseguradas, esto cuando ya se discutía el Plan de Ajuste de la Deuda de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico con los acreedores de la corporación pública.

Aunque los demandantes alegaron que se les debía proteger su reclamo «por ser indispensable para el cumplimiento con seguridad requerido por regulaciones federales», según el tribunal apelativo las alegaciones de los demandantes «no se basan en requisitos u obligaciones federales y solo en la regulación de ACT».

En la otra decisión adversa a estos empleados, el tribunal de apelaciones le da la razón al magistrado Marcos López, quien desestimó los reclamos de violaciones constitucionales federales mediante sentencia sumaria, mientras que declinó ejercer jurisdicción suplementaria en las alegaciones relacionadas a leyes estatales.

«Los empleados... no tienen interés constitucionalmente protegido en las compensaciones adicionales bajo la regla (estatal de ACT)», sostuvo el juez de distrito.

El foro apelativo determinó, entre otros aspectos, que lo demandantes fallaron en argumentar una ley estatal que afectara un contrato entre la ACT y los empleados.

Por lo que, no hay una violación a la constitución federal y a la clausula que protege el menoscabo de contratos, sino que en todo caso lo que pudiera existir es un incumplimiento contractual al amparo de leyes estatales.

Respecto a la negativa del magistrado López a ejercer jurisdicción relacionado a violaciones de ley estatal, Boston entiende que la actuación del magistrado está «dentro de su discreción informada».