Como parte del paquete de medidas aprobadas en atención a la situación de emergencia causado por el COVID-19, la Legislatura aprobó la Resolución Conjunta 492 con el fin de, entre otras iniciativas, crear un fondo de ayudas a las familias afectadas mediante la asignación de $25 millones provenientes del Fondo de Emergencia.  La medida establece los requisitos y condiciones para recibir una ayuda de $500 en o antes de 30 de junio de 2020, para personas cuyos ingresos hayan sido impactados por ser empleadas en negocios afectados por el cierre total decretado, excepto para aquellos que ya se benefician del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

La medida provee también un reembolso de hasta $100 para los agentes del Negociado de la Policía, y a los oficiales de custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación por la compra de los artículos necesarios para atender la pandemia y concede un pago adicional equivalente a una quincena de trabajo a los agentes de la policía y oficiales de custodia que no se ausenten de sus trabajos durante la emergencia.

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La propuesta, de la autoría del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, autoriza además a manera de excepción, que ciertos establecimientos comerciales puedan ofrecer bienes y servicios despachándolos sin contacto físico, mediante «servi-carros».

Según expresa la exposición de motivos, aunque el gobierno federal anunció una serie de medidas para atender el impacto a la economía que puede causar el coronavirus, no es menos cierto que esas ayudas pueden tomar más tiempo de lo que pueden esperar los ciudadanos que no participan de programas de asistencia social como el PAN, ni pueden darse el lujo de incurrir en gastos no presupuestados.

La ejecución de las disposiciones de esta Resolución Conjunta estarán a cargo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, agencia a la cual se le faculta el administrar dicha asignación de fondos y que deberá además desarrollar una herramienta en línea para presentar las solicitudes. Para ello, contará con la colaboración de la Puerto Rico Innovation and Technology Service, entidad creada por virtud de la Ley Núm. 75-2019, con el propósito de, entre otras cosas, proveer asistencia a las agencias del Gobierno de Puerto Rico en proyectos de innovación.

Entendiendo que el distanciamiento social es sumamente necesario para enfrentar la emergencia causada por el coronavirus, esta Resolución Conjunta tiene también como objetivo promover el uso de tecnología que permita a la ciudadanía acceso al beneficio que se concede, sin que se requiera que el solicitante se exponga a contacto con otras personas en una oficina gubernamental.

Dicha medida fue radicada el 16 de marzo de 2020 y aprobada por unanimidad con enmiendas de sala, 24 votos a favor y ninguno en contra, el mismo día, y se aprobó en la Cámara mediante descargue el 19 de marzo, también de forma unánime, 47 votos a favor y ninguno en contra.

La Resolución Conjunta 492 ya ha sido aprobada por ambos Cuerpos Legislativos y pasa ahora a la consideración de la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

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