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El Proyecto del Senado 1444 busca enmendar la Ley de la Judicatura a fin de ajustar el sueldo anual de los jueces del Tribunal General de Justicia. Dicho proyecto de ley fue radicado en la Asamblea Legislativa por petición de la presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR), Hon. Maite Oronoz Rodríguez.
La propuesta legislativa establece los siguientes aumentos en los sueldos anuales:
(1) Juez Presidente del Tribunal Supremo de $125,000 a $183,000, un aumento de 46.4%
(2) Jueces Asociados del Tribunal Supremo de $120,000 a $173,000, un aumento de 44.17%
(3) Jueces del Tribunal de Apelaciones de $105,000 a $145,000, un aumento de 38.1%
(4) Jueces Superiores del Tribunal de Primera Instancia de $89,600 a $120,000, un aumento de 33.9%
(5) Jueces Municipales del Tribunal de Primera Instancia de $69,600 a $90,000, un aumento de 29.3%
La medida también propone que se le pague un aumento automático de dos (2) por ciento a los jueces cada cinco años.
Los aumentos propuestos son justificados por los proponentes argumentando que el salario de Puerto Rico es menor al de los jueces en los estados y en el sistema federal, y que los jueces en Puerto Rico no cotizan al Seguro Social.
Esta medida se radicó en el Senado de Puerto Rico el martes, 5 de noviembre de 2019, y referida a las Comisiones de Gobierno y de Hacienda el jueves, 7 de noviembre. Aunque la misma fue presentada por petición, aparece radicada bajo la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.
La jueza presidenta Oronoz Rodríguez, emitió las siguientes declaraciones:
«Los salarios de los jueces y juezas de Puerto Rico no se han revisado en 15 años, estos no tienen beneficios de Seguro Social y son los peores pagados en todos los estados y territorios de los Estados Unidos. Una compensación adecuada es indispensable para retener y reclutar el mejor talento en nuestra Judicatura. Asegura una Judicatura independiente y robusta, libre de presiones indebidas. Por eso, la Rama Judicial defenderá cualquier medida que fortalezca a la Judicatura en beneficio de un mejor funcionamiento del sistema judicial y de la administración de la justicia».
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