Descarga todos los documentos del caso: ASPPRO v. Wanda Vázquez Garced

La gobernadora Wanda Vázquez Garced presentó este lunes ante el Tribunal de Apelaciones una apelación para evitar entregar el informe preliminar sobre el manejo del almacén de suministros de Ponce e insistió el que se trata de un documento confidencial.

La jueza superior Lauracelis Roques Arroyo del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de San Juan ordenó el viernes, 6 de marzo al gobierno divulgar «de forma inmediata» el informe preliminar sobre los suministros del almacén.

En el escrito se aduce a una investigación criminal en progreso. «La Sentencia recurrida es jurídicamente incorrecta por varios fundamentos. En primer lugar, la información solicitada versa sobre una investigación criminal en curso ante el Departamento de Justicia. Así las cosas, dicha información y los documentos relacionados con la señalada pesquisa son confidenciales», manifiesta el recurso apelativo.

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"El costo público de la improcedente expedición de un auto de mandamus en este caso resulta mucho más alto y adverso al interés público que el beneficio que ocasionaría el permitir el acceso público a la información en controversia", reza parte de la solicitud de paralización de la orden de instancia.

La jueza Roques Arroyo sentenció el viernes que «no existe información de naturaleza confidencial o privilegiada que justifique restringir el acceso al Informe Preliminar que este Tribunal examinó. El balance de intereses se inclina a favor del derecho constitucional y fundamental de acceso a la información pública. Por lo tanto, se ordena a las partes promovidas a divulgar el Informe Preliminar solicitado por la ASPPRO y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI)».

Tanto la ASPPRO como el CPI demandaron en febrero pasado a la gobernadora Wanda Vázquez para que entregara el informe sobre el almacén de suministros en Ponce que fue objeto de controversia luego del terremoto del 7 de enero. Se incluyen en la demanda el designado secretario de Estado, Elmer Román, y al comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Héctor López Sánchez.

El documento solicitado trata sobre un informe que fue el resultado de una investigación que ordenó la gobernadora a realizarse en un período expedito de 48 horas- luego de que el 18 de enero ciudadanos encontraran en Ponce un almacén del gobierno con suministros recibidos tras el paso del huracán María en 2017.

Por su parte, la Cámara de Representantes demandó el pasado 25 de febrero para que el Departamento de Justicia y el NIE entreguen el informe.

«He solicitado al Departamento de Justicia que, independientemente de la decisión que tome el Tribunal de Apelaciones en el caso relacionado al informe del manejo de suministros de un almacén en Ponce, se utilicen todos los recursos del gobierno disponibles para que se investigue con premura y con la celeridad que amerita este caso. Puerto Rico requiere saber el resultado final de la misma lo antes posible. No debe haber razón alguna para que el pueblo no conozca en detalle el resultado de dicha investigación, y así se lo hice saber a la Secretaria de Justicia», comunicó la Gobernadora hoy en la tarde.