El Senado de Puerto Rico reconsideró dos medidas que buscan incentivar la industria de ventas de automóviles bajo el contexto de la emergencia por el COVID-19, ambas de la autoría del senador Héctor Martínez Maldonado.

La primera es la Resolución Conjunta del Senado 522, que establece una prórroga hasta el día 30 de septiembre de 2020 para el pago sin intereses, recargos o penalidades de los arbitrios sobre vehículos de motor en inventario que están afianzados, y cuyo plazo vencía en o antes del día 30 de junio de 2020.

A su vez, da una prórroga hasta el día 31 de diciembre de 2020 para aquellos cuyo plazo vence entre el día 1 de julio y el 30 de septiembre. Además, dispone que las prórrogas no aplicarán a la responsabilidad del contribuyente de pagar los arbitrios dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la venta o la fecha en que el traficante permita el uso de vehículo en vía pública, lo que ocurra primero.

La pieza legislativa guarda mucha similitud con otra medida recientemente reconsiderada, la Resolución Conjunta del Senado 534, que propone suspender por un período de 120 días el arbitrio sobre automóviles importados o fabricados en Puerto Rico a causa del estado de emergencia por el COVID-19.

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La Junta de Control Fiscal (JSF) había expresado mediante una carta enviada a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y a los presidentes de ambos cuerpos legislativos, a través de su directora ejecutiva, Natalie Jaresko, que las ventas de automóviles no están relacionadas directa ni indirectamente con la crisis de la pandemia por el COVID-19, y que la exención de los impuestos especiales para otorgar un período sin pago no estaría cumpliendo con el requisito de neutralidad de los ingresos del Plan Fiscal Certificado.

Según expresan ambas medidas en su exposición de motivos, esta exención es propuesta con el objetivo de proporcionar un alivio a la industria de ventas de automóviles por motivo de la emergencia del COVID-19 y alentar así a los consumidores a comprar vehículos a un precio más bajo.

Ante ello, la directora ejecutiva del ente federal había expresado en la misiva que las «resoluciones no abordan ninguna necesidad primaria social, económica o relacionada con la salud, y que en consecuencia, la JSF instaba a que las medidas no fuesen aprobadas por la Cámara de Representantes, en donde se encontraban a ese momento, ni firmadas por la gobernadora».

Al final de la misiva, Jaresko culminaba indicando que «la Junta de Supervisión se reserva todos sus derechos para anular y ordenar la aplicación de la legislación de conformidad con los artículos 204(a) y 108(a)(2) de PROMESA".

La referida carta enviada a la gobernadora y a los presidentes legislativos se dio días antes de la publicación del informe de ventas de autos para el mes de abril, que registró una caída de 96.2%, considerado un registro dramático para la industria y levantó un llamado por parte del Grupo Unido de Importadores de Automóviles (GUIA), que representa la industria automotriz en Puerto Rico.

Según datos reportados, la industria finalizó abril con un total de 280 unidades vendidas, en contraste con las 7,352 para ese mismo mes el año pasado, lo que alegadamente representó para ellos una merma de un 96.2% en la comparativa mensual y de 43.2% en el acumulativo del 2020.

En ese entonces, el presidente de GUIA, Ricardo M. García, expresó mediante algunos medios de prensa que el mes fue el peor en la historia de ventas de autos en Puerto Rico.

De acuerdo con datos provistos por la Asociación de Dealers de Autos de Puerto Rico (PRADA), el Departamento de Hacienda había informado que el precio promedio de ventas en Puerto Rico rondaba en $26,825, del cual el 14.13% son en arbitrios.

Aunque la tasa de arbitrios depende del tipo de auto, los mismos figuran entre el 15% hasta 34%.

Se estima que la pérdida de ventas en la industria de autos —al menos por un mes y medio— figuró entre $416 millones a $516 millones, mientras que la pérdida en contribuciones municipales se estima entre $2.1 millones a $2.6 millones. Según se alega, en términos de arbitrios, el estimado supera los $65 millones.

El presidente de PRADA, Julio Ortíz, expresó que hay todavía 30,000 autos sin vender, cuando en otro momento ya se habría vendido la mitad en esta etapa, y anticipó «despidos y reducciones de personal en un par de meses».

Por otro lado, y luego de haber sido recibida la misiva de la JSF, el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, informó mediante un escrito a través de sus redes sociales que le pedía a su homólogo en la Cámara de Representantes, Carlos «Johnny» Méndez Nuñez, a que detuviese cualquier proceso de evaluación de ambas medidas hasta tanto fuese evaluado su contenido y que las medidas debían reconsiderarse, ajustarse y corregirse de forma que no pudiesen afectar a ningún sector de la industria y tampoco a los ciudadanos.

Luego que ambas medidas legislativas fueron devueltas de la Cámara de Representantes al Senado de Puerto Rico, las medidas se aprobaron con enmiendas de sala.

La RCS 534 se aprobó el 4 de junio con 19 votos a favor y 9 en contra, mientras que la RCS 522 se reconsideró el 9 de junio con 20 votos a favor y 8 en contra.

Corresponde ahora a la Cámara de Representantes reconsiderarlas y acoger las enmiendas hechas en Senado para enviarla a la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

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