Por Daniel Rivera Vargas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó ayer, lunes, una demanda como interventor en un pleito entablado en 2019 por un grupo de personas con diversidad funcional en contra del Municipio de San Juan por mejores servicios a esa comunidad.

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La demanda, que se entabló originalmente bajo la administración de Carmen Yulín Cruz Soto, alega que no se atienden debidamente las aceras de la ciudad capital, imposibilitando a personas con diversidad funcional moverse por estos espacios públicos.

En concreto, el DOJ alega que hay problemas generalizados de accesibilidad con las aceras de San Juan, incluidas las rampas de la acera que están agrietadas, demasiado empinadas o inexistentes, y los pasos de cebra que son desiguales, demasiado estrechos u obstruidas por bolardos, postes de servicios públicos u otros obstáculos. Las acusaciones del departamento se basan en los hallazgos de la Oficina de Derechos Civiles de la Administración Federal de Carreteras del Departamento de Transporte, así como en la evidencia corroborada desarrollada en una investigación posterior realizada por el departamento.

El pleito es al amparo de la ley de Discapacitados de Estados Unidos (ADA, por sus siglas en inglés), según un comunicado de prensa de las autoridades federales ayer tarde sobre esta intervención.

«Las protecciones de empleo, transporte y alojamiento público de la ADA brindan pocos beneficios a las personas con discapacidades de movilidad si no pueden navegar de manera segura por las calles y aceras de una ciudad», dijo la fiscal general Adjunta Kristen Clarke de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. «Esta demanda tiene como objetivo garantizar que San Juan cumpla con sus obligaciones bajo la ley federal para garantizar que su sistema de aceras públicas sea accesible para las personas con discapacidades».

«La ADA y la Sección 504 requieren que las personas con discapacidades tengan igual acceso a las aceras de la ciudad para que puedan participar plenamente en la vida comunitaria», dijo el jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, W. Stephen Muldrow. «Estamos comprometidos a garantizar que San Juan tome las medidas necesarias para que sus aceras, rampas de aceras y cruces peatonales sean accesibles para todos los residentes y visitantes de la ciudad, y confiamos en que podemos trabajar con la ciudad y los demandantes para asegurar una resolución significativa de esta acción civil».

Es al menos la segunda ocasión en que el DOJ interviene en el caso, porque ya habían sometido un recurso en 2020.

En aquel momento, el DOJ se oponía a una moción de desestimación del Municipio presentada ante el entonces juez del caso, Gustavo A. Gelpí, y actualmente ante el juez Jay Garcia Gregory. Hay cuatro personas que deambulan en sillas de ruedas o motorizadas identificadas en la demanda original, pero la ciudad capital tiene, según el censo del 2000, unos 37,000 personas con diversidad funcional.

"El Departamento de Justicia tiene interés en apoyar la aplicación adecuada y uniforme de la ADA, en promover la intención del Congreso de crear «estándares claros, fuertes, consistentes y exigibles que aborden la discriminación contra las personas con discapacidades», 42 U.S.C.§ 12101 (b) (2), y en promover la intención del Congreso de reservar un «papel central» para el Gobierno federal en la aplicación de los estándares establecidos en la ADA.